Sólo Gobierno federal con facultades para crear órganos anticorrupción

12 julio 2016 1:22 pm

En medio de la polémica sobre presuntos actos de corrupción del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, nombraron a todo un aparato encargado de investigar  su gestión por posibles actos fuera de la ley, sin embargo, el Gobierno federal lo impugnó a través de dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Dichos documentos fueron recibidos ante la oficialía de partes de la SCJN, y en los próximos días se determinará qué ministros estudian las controversias, y éstos a su vez definan  si el acto reclamado tiene materia para entrar en estudio, de lo contrario se declarará la improcedencia.

En sus alegatos generales, la PGR argumentó que los gobernadores de ambas entidades que aprobaron reformas que se apartan de los lineamientos generales del Sistema General Anticorrupción e invadieron competencias del ámbito federal.

En ambos casos la PGR impugnó los nombramientos de los Contralores Generales de los Estados, de Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción y los Magistrados en materia anticorrupción, en dichas entidades federativas.

Así como la creación de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del estado de Veracruz, la designación que realice el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de los Fiscales, peritos, policías y demás personal que se requiera para cumplir con esas atribuciones.

Luego de aceptadas las controversias en todos los términos,  la Corte dará un plazo de 30 días a los gobiernos estatales para que entregaran los respectivos informes sobre las acusaciones por la  invasión de competencias de los gobiernos estatales en el tema federal.

Y aunque a través de sus cuentas electrónicas del gobernador de Veracruz se desistió de crear su propio sistema anticorrupción, deberá ser el Gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República, quien se desista del tema.

Mientras tanto, y en su caso, después de la presentación de pruebas,  los ministros respectivos, valorarán  los elementos para proceder a los proyectos de sentencia, que serán sometidos a la consideración del tribunal pleno sin que exista un plazo para ello; aunque se prevé que la Consejería Jurídica de la Presidencia solicite una resolución prioritaria de los asuntos.

Fuentes judiciales informaron que las inconformidades fueron presentadas con fundamento al artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Mexicana, y que en el marco de sus atribuciones el Máximo Tribunal revise las reformas estatales con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

Pues los congresos y el ejecutivo estatal, respectivamente, carecen de competencia para emitir sus propias leyes y órganos, pues genera un  perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas, y la naturaleza del propio órgano, y para lo que fue creado.

El Ejecutivo Federal, pretende que sea la SCJN quien determine  que los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo, carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.

“Las acciones de inconstitucionalidad pretenden atender problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han impugnado, provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción sean contrarias a la Constitución Federal”, fue uno de los argumentos del Gobierno federal.

Algunos de los artículos impugnados por polémicos

Estado  de Veracruz

Artículo 67 (Adicionado, g.o. 10 de junio de 2016)

La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular deberá reunir todos los requisitos señalados para ser Fiscal General. Dicho Fiscal Especial será nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública que éste emita para tal efecto.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el Fiscal General del Estado, siempre y cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto.

(Derogado segundo párrafo, g.o. 13 de junio de 2016)

El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser acusado ante el Congreso por la comisión de delitos graves del orden común. Por los demás delitos y faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes respectivas, al concluir su mandato.

Estado de Quintana Roo

Artículo 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado:

(Reformada, p.o. 25 de junio de 2016)

XLIV.- Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado; designar y remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la ley de la materia. Designar y remover al Contralor interno de la Fiscalía General del Estado, así como tomarles protesta a ambos servidores públicos;

(Reformado, p.o. 25 de junio de 2016)

Articulo 110.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, es un órgano jurisdiccional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía para dictar sus fallos y con jurisdicción plena. La ley establecerá las bases de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

El Tribunal se integrará por tres magistrados, uno de los cuales fungirá como su presidente, el cual será electo por los miembros del Tribunal, para un período de tres años. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado funcionará en Pleno, de manera permanente.

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