Se desvirtúa investigación de Ayotzinapa

12 abril 2016 7:00 am

La prioridad de establecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha quedado rebasada por los contrastes de criterios entre los expertos de diferentes grupos a cargo de los peritajes y campañas de descalificación contra el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).

A esto se suma el rompimiento de los acuerdos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso rumores de financiamiento del crimen organizado para los voceros de los padres de las víctimas.

Ahora los discursos oficiales se enfocan en demostrar cuál de todas las instituciones y grupos dice “la verdad” sobre el incendio del tiradero de Cocula, sin ahondar en las pesquisas o señalar a los posibles involucrados de otros niveles de Gobierno.

A 18 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, al menos siete instancias y grupos han tomado conocimiento del caso, tres han estado al frente de las investigaciones y han integrado la averiguación correspondiente: el municipio de Iguala, Gobierno de Guerrero y la Procuraduría General de la República quien ha sido cuestionada por los familiares de las víctimas.

Por ello, se dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck (IMG), en Austria; y como propuesta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); además del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego.

En los últimos días, a punto de concluir el segundo semestre de trabajo del GIEI, se dio a conocer información importante con respecto al tema, entre ellos, dos peritajes relevantes, uno de los genetistas de la Universidad de Innsbruck, y otro de los peritos en conflagraciones, ambos resultados también se contraponen.

Los últimos estudios del IMG establecen que de las 53 muestras de ropa y cabellos de los 43 normalistas, enviados por PGR a la institución para su análisis,  no coinciden con las pruebas genéticas tomadas de los familiares de las víctimas, lo que significa que no son de los normalistas, pues se trata de cabello de especies animales.

Mientras que los analistas en materia de fuego establecieron que en los días referidos se registró un fuerte incendio en el tiradero de Cocula, donde se encontraron los restos de 17 personas adultas, los resultados exaltaron los ánimos de diversos sectores.

Como se recordará, después de 10 días de desaparecidos los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, en medio de una polémica internacional,  la PGR tomó a su cargo las pesquisas, y semanas después plantearon como principal línea de investigación la muerte de los estudiantes a manos de los Guerreros Unidos quienes los calcinaron hasta la cenizas en el basurero de Cocula.

Durante los meses subsecuentes, los esfuerzos de los expertos en materia forense, genética, criminología, ignición, entre otras disciplinas, se han centrado en tratar de confirmar el dicho de la PGR, eso los ha llevado a diversas confrontaciones y desaciertos entre ellos.

La PGR estableció que los 43 jóvenes fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a los integrantes de Guerrero Unidos, que a su vez los llevaron a una finca cerca del basurero donde los interrogaron y torturaron, algunos fueron privados de la vida con disparos, pero la mayoría aún estaba con vida cuando presuntamente los calcinaron.

Hasta el momento la PGR, entre otras instituciones, a través de los medios de comunicación siguen defendiendo la hipótesis que los jóvenes fueron calcinados en el tiradero de Cocula, donde usaron basura, neumáticos, madera y gasolina para avivar por más de 15 horas una pira en la que fueron arrojadas las víctimas.

Ante el escepticismo de los padres de familia se dio intervención a los expertos del EAAF, quienes aseguraron  que era imposible identificar los restos encontrados en el tiradero, ya que el fuego había terminado con cualquier vestigio de ADN en los huesos localizados.

Inconformes con el resultado se dio intervención a los expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria, quienes a través de técnicas de análisis  mitocondrial lograron  identificar entre las  muestras óseas localizadas en una bolsa en el Río San Juan, sólo a dos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.

Ante el descredito de las instituciones, los padres de familia se negaron a aceptar la hipótesis de la PGR, y solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quien designó a los expertos del GIEI para que confirmaran la versión de la PGR sobre los hechos ocurridos en Iguala.

El 7 de septiembre del 2015, los expertos concluyeron que los jóvenes no fueron calcinados en el tiradero, y que las investigaciones de la PGR se deberían de extender  a otras áreas de Guerrero, incluyendo zonas militares.

El nueve de septiembre del 2015, durante la entrega de su informe especial, el investigador Alejandro Valencia aseguró que científicamente es imposible calcinar 43 cuerpos, pues se necesitarían más de 30 mil kilos de leña o 13 mil neumáticos de caucho como combustible, y avivar una hoguera por más de 60 horas para lograrlo.

La fogata  generaría llamas de ocho metros, y  una fumarola de 70, lo que sería imposible que escapara a la percepción de la población en general. Además que hubiera generado una onda de calor o radiación de 16 kilowatts, y cualquier cuerpo normal, con riesgo a sufrir quemaduras,  sólo soporta 2 kilowatts, y para acercarse a ella era necesario equipo especial de protección.

Ante las reiteradas peticiones a través de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en octubre del año pasado, la PGR decidió abrir la primera parte del expediente en donde se fundamentaba la “verdad histórica” del ahora ex procurador, Jesús Murrillo Karám, mientras que este 11 de abril se dio a conocer la segunda parte de la averiguación.

Meses después el GIEI ratificó su primer análisis, y para el 12 de febrero, la PGR, el GIEI y padres de los normalistas  convinieron convocar a un  Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, conformado por seis peritos  internacionales en materia de conflagraciones y sus diferentes causas.

El pasado 2 de abril se dieron a conocer los resultados preliminares de estos análisis, donde se informó, sin presencia de los integrantes del GIEI y los familiares de las víctimas, que entre los días 26 y 27 de septiembre del 2014 se registró un fuerte incendio en el tiradero de Cocula.

Que se encontraron los restos de 17 personas adultas, sin que se especificara la temporalidad y causas del deceso, pero sobre todo que se tratara de las muestras óseas de los jóvenes de Ayotzinapa.

“Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos, sin embargo solamente con una prueba a gran escala, podrá confirmarse esta posibilidad”, explicó Ricardo Damián Torres, representante del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego.

La decisión “unilateral” de la PGR de informar públicamente, antes que a ellos,  sobre los resultados de los peritos en fuego  causó enfado en  los integrantes del GIEI, quienes a 15 días de concluir su segundo periodo de seis meses, a finales de abril, dijeron que ya no iban a trabajar con la PGR, pues no confiaban en autoridades que no respetaban los acuerdos.

Desde que el GIEI dio a conocer los resultados que contravienen la principal línea de investigación de la PGR comenzó a circular información a través de diversos medios de comunicación que ponía en duda la “honorabilidad y credibilidad” de los integrantes del Grupo.

Inclusive, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, responsabilizó a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH  de malversación de los recursos del  Estado mexicano para financiar  la intervención del  GIEI  en el caso Ayotzinapa.

 

Al mismo tiempo se informó públicamente sobre un video donde presuntamente representantes de los padres de las víctimas recibieron dinero de Guerreros Unidos para que entregaran 200 mil pesos a los afectados, lo cual no hicieron y en represalia se dio a conocer la filmación.

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