Cosas que te hacen sospechar que de un fraude electoral en 2018


A escasos tres meses de los comicios del 1 de julio de 2018, la especulación sobre un posible fraude que inhiba la llegada de Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya a la Presidencia de la República sube de tono.

El candidato de la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y PES) ya anticipó que, si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impone a su candidato José Antonio Meade, “no amarrará al tigre”.

Mientras que el abanderado del PAN, PRD y MC, bajo el nombre Por México al Frente, ha denunciado el uso de las instituciones de Gobierno en su contra para sacarlo de la contienda al llevarlo a un tercer lugar.

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Técnicamente, un fraude electoral sólo podría darse en las urnas, con resultado manipulado y falso a favor de cualquiera de los candidatos que buscan la Presidencia de la República para el periodo 2018-2024.

Y para ello se requeriría, por obviedad, de la complicidad de quienes calificarán y validarán el resultado de la jornada electoral; es decir, del apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por ello es de vital importancia escudriñar cuáles son los vínculos políticos de cada uno de los consejeros y magistrados que integran los órganos de dirección de ambas instituciones, respecto a los partidos que impulsaron sus nombramientos.

La integración del Consejo General del INE y la Sala Superior del TEPJF fue concebida como espacios ciudadanos; sin embargo, terminaron por someterse a negociaciones paralelas de los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado.

El resultado lógico: consejeros y magistrados que mantienen vínculos con el PRI, PAN y PRD, principalmente, al ser los partidos políticos que han mantenido el control del poder legislativo en los últimos seis años.

Pero el actual reacomodo y desbandadas partidistas también le dan a Morena algunas posibles cartas a su favor en dichos órganos, por lo cual, la decisión de un consejero o magistrado también puede estar a favor de AMLO.

Para Ivonne Acuña, especialista en Política de la Universidad Iberoamericana, los “jaloneos” que han protagonizado recientemente integrantes del INE y el TEPJF responden a una crisis de credibilidad con la que estas instituciones atraviesan el proceso electoral.

Miguel Riquelme al centro. El inicio de un conflicto entre el TEPJF y el INE

“Una de las virtudes del anterior IFE era que sus integrantes eran ciudadanos, pero esto duró poco y los partidos fueron atrapando a la institución y repartiéndose los espacios para proteger sus intereses en los procesos electorales y el día de la elección”, aseguró la investigadora.

En su consideración, el conflicto postelectoral en la elección de Coahuila, el año pasado, fue el principio de este enfrentamiento.

“El INE determinó que el PRI había rebasado los topes de campaña y el Tribunal desechó su investigación y avaló el triunfo del PRI; aquí pareciera que el Tribunal favoreció al candidato”, indicó.

La decisión de la Sala Superior para ratificar el triunfo del priista Miguel Riquelme no sorprendería si se considera que el PRI negoció para que al menos cuatro de los siete magistrados que integran la sala le fueran cercanos.

Acción Nacional tendría al menos tres fichas dentro del órgano que resolverá las controversias que resulten de la jornada de votación del 1 de julio próximo y que, principalmente, validará la elección para presidente.

El blanquiazul tendría un magistrado en firme y dos que juegan también con el PRD y el PRI.

Incluso el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrá un magistrado que le sería favorable, mientras que el PRD tendría dos magistrados que le serían afines, uno de éstos, por sus vínculos históricos, podría también enlazarse con Morena.

Tampoco es casual que al INE se le acusa de casos de permisividad por una serie de tuits que personalidades como Miguel Herrera, actual director técnico del Club América, lanzaron a las redes en favor del Partido Verde, situación que fue enfáticamente cuestionada por el PAN y Morena.

Racimo de enfrentamiento

Los enfrentamientos entre el INE y el TEPJF han sido constantes y se agudizaron conforme el proceso electoral avanza a su etapa de cierre. Desde la organización de debates bajo el nuevo esquema electoral que la legislación marcó, hasta la permisividad para entregar tarjetas y dádivas a los votantes, han sido parte del vaivén entre ambos órganos.

Morena, el PRI y el PAN cuestionaron a finales de enero pasado que el INE prohibió la organización de debates en el periodo de intercampaña.

Pero el Tribunal corrigió la plana y resolvió que el Instituto no está facultado para restringirlos, bajo el argumento de privilegiar la libertad de expresión.

Otro encontronazo ocurrió a finales de febrero pasado, luego de que el INE consideró que el retraso en la actualización de los datos para el conteo rápido podría generar “inestabilidad política”; al abordar el caso, el Tribunal resolvió a favor de retrasar la salida de resultados apostando por la certeza y eliminar posibles “sospechas”.

En casos polémicos como la permisividad para que los partidos políticos puedan repartir tarjetas como Monex o el Salario Rosa, la Sala Superior del TEPJF tomó decisiones que fueron cuestionadas por especialistas y contrarias al INE.

Otro ejemplo que permite ver la influencia política en las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo lugar en noviembre, cuando los magistrados resolvieron revivir una queja que interpuso el PRI –partido que tiene al menos cuatro magistrados cercanos– por la difusión del Consejo Extraordinario de Morena, en el que Andrés Manuel López Obrador presentó su proyecto de nación.

La acción fue considerada como un acto anticipado de campaña, lo que enfrentó al INE y al tribunal calificador, pues en un principio, el órgano electoral desechó la queja por considerarla infundada; sin embargo, el PRI impugnó la determinación y finalmente el tribunal le dio entrada.

Con estos escenarios, lo cierto es que el Tribunal tendrá la última decisión en caso de que candidatos o sus partidos se inconformen con los resultados, las prácticas y estrategias electorales que a su consideración pudieran cambiar el rumbo de la elección. Bajo esa premisa, aquí revisaremos el perfil de cada institución y sus integrantes.

¿Qué le corresponde al INE?

El camino hacia el 1 de julio arrancó para el Instituto Nacional Electoral (INE) hace siete meses y su meta es concluir con decoro la jornada más compleja de la historia.

Aunque antes, deberá encabezar la recta final de la campaña, capacitar a 11.6 millones de mexicanos que serán funcionarios en 155 mil 500 casillas para que 88 millones de electores emitan su voto.

El antecedente del INE surgió después de las elecciones de 1988, en las que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari resultó electo en medio de un proceso electoral plagado de controversias. La reforma constitucional de 1990 creó el Instituto Federal Electoral (IFE), que permaneció hasta 2014 como la máxima autoridad administrativa en material electoral.

El proceso electoral de 2012 desgastó la imagen del IFE, por lo que dos años después fue creado el INE, como parte de las reformas estructurales asociadas al Pacto por México. Desde 2014 ha organizado procesos electorales al menos una vez al año, la más controversial fue la de 2017, que concluyó con impugnaciones en Nayarit, Coahuila y el Estado de México.

Su estructura orgánica tiene fundamento legal en el Artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución, que establece que el INE contará con órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General, integrado por un presidente y diez consejeros, será el órgano superior de dirección.

Además de encabezar las elecciones federales, el INE debe coordinarse con los órganos electorales estatales para organizar sus comicios, también puede, a solicitud de los partidos políticos, organizar las elecciones internas de las dirigencias nacionales, fiscalizar los recursos de los partidos, tanto federales como a nivel estatal, así como determinar las reglas para que los partidos y el Estado usen tiempos en radio y televisión, entre otras facultades.

Actualmente, el Consejo General está presidido por Lorenzo Córdova Vianello, quien junto con el resto de los consejeros que lo acompañan fueron elegidos por dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, a través de un proceso en el que participa un comité técnico de evaluación.

En sus manos estará el cierre de la elección

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el órgano encargado de validar los resultados de la elección del 1 de julio y de resolver controversias que candidatos, partidos políticos o particulares interpongan.

Su rol se espera que sea determinante, pues este proceso electoral será uno de los más complejos en la historia del país debido a los más de tres mil 400 puestos de elección popular que estarán en juego.

Constitucionalmente, el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Su fundamento legal radica en el Artículo 99 de la Carta Magna. Este tribunal opera de manera permanente a través de una Sala Superior, integrada por siete magistrados y cinco salas regionales: Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Toluca y una especializada.

La selección de los magistrados que integren su Sala Superior está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual hace el registro de los aspirantes y determina las ternas finalistas; el Senado de la República elige a quienes ocuparán una silla.

La labor de los magistrados de la Sala Superior, presidida actualmente por Janine Otálora, será fundamental, pues tendrá a su cargo el cómputo final de la elección presidencial y, en su caso, la declaración de validez del proceso y del presidente electo.

Anular la elección también está en sus atribuciones, pero sólo podrá hacerlo cuando las faltas sean graves, dolosas y determinantes, como por ejemplo, se exceda 5% los gastos de campaña, compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión o se compruebe la recepción o uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas.

El ADN de los consejeros

El consejero de los poderes

El origen de Lorenzo Córdova no hace match con los caminos que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha seguido. Históricamente vinculado al círculo político nacional, Córdova lleva en la cuna la marca de la izquierda.

Su padre, Arnaldo Córdova, estudioso de la Revolución Mexicana, fue fundador del PRD y hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador, con quien compartió visos ideológicos, y al que acompañó cuando fundó Morena.

Sin embargo, la historia del hijo no es la del padre. Su camino por el órgano electoral se remonta al extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del que fue consejero y en donde encontró resguardo desde la época de José Woldenberg, quien presidio el IFE de 1996 a 2003. Superó la transición que la reforma de 2014 dictó para la creación del INE.

Es el primer presidente del Consejo General del INE, cargo al que llegó de inicio con el apoyo del PRI; entonces Manlio Fabio Beltrones era coordinador de la bancada priista en San Lázaro. Córdova es un especialista en temas electorales con tintes pragmáticos. Esa cualidad le valió el apoyo del PAN y del PRD para apuntalar su presidencia al frente del árbitro electoral.

Su vínculo con el PRI, concretamente con el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido cuestionado por diputados de Morena, quienes lo acusaron de parcial por resolver que el tricolor no fuera multado por el caso de las tarjetas Monex.

También votó para que no se sancionara un presunto rebase en el tope de gasto de campaña en la elección de 2012, asociado a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto.

En el círculo cerrado del INE

La llegada de Enrique Andrade González al Consejo General del INE tuvo el impulso del PRI, el empuje del senador Emilio Gamboa y la anuencia del presidente de este órgano. El grupo de Lorenzo Córdova al interior del Consejo General quedó cojo con la salida de Arturo Sánchez en marzo de 2017.

Andrade González cubrió ese hueco. El apoyo que recibió desde la coordinación de los diputados del PRI en su transición al Consejo General le valió acomodo en el grupo del consejero presidente, el cual se complementa con Ciro Murayama, cercano a Córdova, con quien fue coautor en una de sus publicaciones.

La relación con Córdova se remonta a los últimos años del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), donde fungió como coordinador jurídico de Asesores del Consejo General. Al igual que otros consejeros, Andrade González trabajó con Gobiernos del PAN. Entre 2000 y 2004 fue director de Audiencias de la Presidencia y antes, en el Gobierno de Ernesto Zedillo, la última administración priista antes de la transición, asesor en la Secretaría del Trabajo de 1998 a 2000.

Con los mejores deseos

En la negociación para integrar el primer Consejo General del INE, en 2014, el nombre de Marco Antonio Baños Martínez fue fundamental. Él era el as del PRI para ocupar la presidencia del nuevo organismo, aunque al final la negociación favoreció a Lorenzo Córdova.

Desde entonces se le asocia como uno de los protegidos de Manlio Fabio Beltrones, quien entonces era el coordinador parlamentario de los diputados del PRI en San Lázaro. Sus lazos con el tricolor le han generado enfrentamientos con sus colegas.

En 2017, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña lo enfrentó por un acuerdo que había roto para no cambiar la integración de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

Baños Martínez es probablemente el consejero con más experiencia en el Consejo General. Fue miembro fundador del IFE y director del Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, del Secretariado de ese organismo y de Estadística y Documentación Electoral.

Sus lazos con Beltrones se remontan al paso del priista por el Senado. Desde la cámara alta, Baños Martínez asesoró a la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado, que tuvo el apoyo del también ex presidente nacional del PRI.

Dos elecciones a la mano

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) requería que al menos dos de los cuatro consejeros electorales que le son cercanos pudieran permanecer en el cargo durante nueve años, y así garantizar el arbitrio de la elección presidencial de 2018 y la intermedia de 2021. Una de sus apuestas fue Adriana Margarita Favela Herrera.

Favela llegó al Consejo General en 2014, con la creación del nuevo órgano electoral al amparo de la reforma político-electoral del país. A Favela Herrera se le asocia al PRI desde su paso como magistrada en el Sala Regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el otro actor electoral contra el que también pesan acusaciones de vinculación al priismo.

De inmediato sus decisiones en las comisiones del INE comenzaron a marcar una aparente tendencia hacia el PRI. Por ejemplo, votó a favor de que fuera suspendida la transmisión de un spot que en 2015 publicó el PAN en contra de lujos asociados a líderes del tricolor.

Una de sus posturas más criticadas resultó de la elección de 2017, cuando descartó que el PRI hubiera rebasado topes de campaña en la elección para gobernador en Coahuila.

Favela Herrera trabajó en el IFE y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y maestra en Administración Pública por esa misma institución.

Coquetea con Morena

Ciro Murayama es otro consejero dentro del INE cuyos favores han respondido al pragmatismo político. Su llegada al Consejo General fue parte de la cuota del PRD, impulsado por la corriente Nueva Izquierda.

Trabajó como coordinador ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el cual dirigió el ex líder de la bancada perredista en la cámara alta, Miguel Ángel Barbosa, hoy en Morena.

Hombre cercano al consejero presidente, Lorenzo Córdova, con quien es coautor del libro Pemexgate y Amigos de Fox. Su paso por el órgano electoral nacional suma 15 años de trayectoria, en los que fue asesor de José Woldenberg y entre 2009 y 2012, miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Sus posiciones en el INE no reflejan necesariamente el presunto lazo perredista. A finales de 2016, Murayama señaló al PRD como el partido que más impuestos adeudaba, de acuerdo con los resultados de la fiscalización 2015 aplicada a los institutos políticos.

A Murayama también se le relacionó con la cúpula cercana a la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo.

La apuesta de Acción Nacional

En política se dice que favor con favor se paga y Benito Nacif brincó del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral prácticamente con pase automático.

El magistrado, seleccionado por la Cámara de Diputados por seis años, fue parte del paquete herencia del extinto IFE que los legisladores en San Lázaro apoyaron, como respuesta al aval que Nacif, junto con Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños, dio para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto fuera investigado por un presunto rebase en el tope de su campaña en 2012.

Aunque ha buscado desmarcarse, se le relaciona con Acción Nacional, quien llevó su nombre a la negociación previa a su selección en San Lázaro, de la cual salió como la carta más fuerte del panismo dentro del INE.

Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, fue director de la División de Estudios Políticos del CIDE, institución en la que ha sido académico, y consejero ciudadano en el Instituto Electoral del Distrito Federal.

El PRI suma adeptos

Las redes que el ex líder nacional del PRI y ex coordinador de los diputados tricolores en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, tejió durante la conformación del primer Consejo General del INE se mantienen vigentes.

La última expresión de la trama que creció a la sombra de Beltrones fue la selección de Dania Paola Ravel Cuevas, quien asumió en 2017 como consejera por nueve años.

El vínculo priista de Ravel Cuevas se remonta a su pasado como asesora de su colega en el Consejo General, Marco Antonio Baños, quien ha sido cuestionado por su perfil priista dentro del INE. Su estancia como consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal también fue una propuesta priista.

Es abogada por la Universidad La Salle, maestra en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La pregunta en el caso de los afines a Manlio es si en este proceso electoral apoyarán al PRI o a uno de los candidatos contrarios a José Antonio Meade debido a las fracturas internas del tricolor.

No niega la cruz de su parroquia 

El Partido Acción Nacional fue el perdedor en la negociación que en 2014 favoreció al PRI para colocar a más consejeros en el primer Consejo General del INE. Pero en 2017, en la antesala de la elección presidencial de 2018, el blanquiazul logró colocar a Jaime Rivera Velázquez como uno de los llamados consejeros transexenales.

Rivera Velázquez fue la ficha que el PAN jugó en la negociación de San Lázaro, aunque a su llegada aseguró en una entrevista que ser propuesto por un partido no significa permanecer atado en sus resoluciones. Además, dijo que no sólo el PAN le dio su visto bueno, sino que el PRD y el PRI también aprobaron su candidatura.

Maestro en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, su origen como militante fue la izquierda, incluso formó parte de las filas del PRD. Fue consejero en el Instituto Electoral de Michoacán y director ejecutivo de Organización Electoral en el extinto IFE, entre 1998 y 2004.

Modena de cambio panista

José Roberto Ruiz Saldaña fue moneda de cambio en la negociación que Acción Nacional hizo previo a la integración de los miembros del primer Consejo General del INE, en 2014. Los jaloneos se dieron cuando el PRI no quiso que María Marván pasara en automático del Consejo del IFE al recién creado órgano electoral.

Fue entonces cuando Luis Alberto Villarreal García, entonces líder de los diputados de Acción Nacional en San Lázaro, cedió a la presión del PRI, y cambió la carta de Marván por la de Ruiz Saldaña, a quien consideró más afín al partido, además de que contaba con el plus de que, si pasaba la selección, permanecería nueve años en el Consejo General.

Su pasado lo asocia al panismo. Fue subdirector de Enlace Municipal de la Procuraduría General de la República durante la administración del ex presidente Vicente Fox, además se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y cuenta con una especialidad en Derecho Electoral del Centro de Capacitación Judicial Electoral.

Carta de la izquierda

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles llegó al Consejo General del INE como una cuota que empujaron intelectuales y personajes afines a la izquierda nacional, entonces abanderada por el PRD. A San Martín Ríos y Valles también se le ha vinculado con el ex consejero Alfredo Figueroa, del que fue asesora.

Pero el apoyo que la consejera recibió para llegar al órgano electoral fue mucho más notorio desde personajes como Clara Jusidman, funcionaria en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de Gobierno, y con Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y participó en la redacción de los informes sobre las violaciones a los derechos humanos en el caso News Divine, ocurrido en la administración de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno.

Del IEDF al INE de la mano del PRD

El Partido de la Revolución Democrática garantizó el año pasado una consejera más que le fuera cercana rumbo a la elección presidencial de 2018. Beatriz Claudia Zavala Pérez llegó al Consejo General del INE a propuesta del sol azteca, para permanecer en el órgano durante nueve años.

Su carrera se asocia a la esfera electoral de la Ciudad de México. De 2008 a 2010 fue la consejera presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, también ha trabajado en el ámbito federal como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cercana al ex magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.

Zavala Pérez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus lazos perredistas se dieron de la mano de Leticia Bonifaz, ex consejera jurídica de Marcelo Ebrard.

Las filias de quienes tendrán la última palabra

Cuando a finales de 2016 los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado “estiraban” las negociaciones para definir los nombres que ocuparían las siete plazas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis mantenía un bajo perfil.

Incluso su nombre fue el que menor escozor provocó entre Emilio Gamboa, líder de los senadores del PRI, y Fernando Herrera, coordinador de los legisladores panistas, quienes no contemplaron que Otálora Malassis se convertiría en la presidente del órgano judicial federal.

La magistrada presidente llegó al TEPJF con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano judicial que la propuso. Durante el proceso de negociación se le asoció con la izquierda nacional y con la entonces líder nacional del PRD y ahora candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales.

Su elección sumó 96 votos a favor y sólo uno en contra, y fue una de los cuatro magistrados electos para ocupar el cargo por nueve años y ahora tendrá la responsabilidad de calificar la elección más grande de la historia del país, en la que se elegirá Presidente, nueve gobernadores, senadores, diputados, y miles de funcionarios municipales.

Los apoyos para Otálora entre los coordinadores políticos del Senado mostraron un primer viso de lo que ahora es la coalición entre el PRD y el PAN, pues Fernando Herrera intercedió para que la abogada avanzara en la quinta terna que ocupó durante el proceso de selección.

Otálora Malassis es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbonne. De 2013 a 2106 ocupó el cargo como magistrada presidente en la Sala Regional de la Ciudad de México, fue secretaria instructora con el ex magistrado Manuel González Oropeza, quien también fue propuesto por el PRD para ocupar una silla en la Sala Superior del TEPJF.

Bajo esas líneas, la afinidad con la coalición del PAN, PRD, MC, es innegable.

Carta firme para el PRI

En las negociaciones políticas para definir los nombres que calificarían la elección presidencial de este año, el senador priista Emilio Gamboa apostaba por un nombre distinto al de Felipe Alfredo Fuentes Barrera para ocupar un lugar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pero la fuerza del doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato venía de la estructura del PRI, una de sus cartas principales en la negociación de los grupos políticos con influencia en el Senado.

Los vínculos de Fuentes Barrera se extienden hasta Los Pinos y trascienden administraciones. En el periodo del ex presidente Felipe Calderón ocupó cargos desde la Procuraduría General de la República y, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se le relacionó con Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero Jurídico del titular del ejecutivo federal.

Fuentes Barrera estuvo siempre en los planes de Los Pinos para llegar a alguno de los principales tribunales del país. En febrero de 2015, su nombre formó parte de la terna que Peña Nieto envió al Senado de la República para ocupar el lugar del ex ministro Sergio Valls, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, su candidatura no pasó y quedó relegado por el apoyo que la Cámara alta le dio a Eduardo Medina Mora.

Origen amarillo…¿presente en Morena?

Los principales apoyos de los que el magistrado Indalfer Infante González goza vienen del Partido de la Revolución Democrática. El sol azteca lo ha postulado y empujado desde que ocupó un lugar en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El pragmatismo que caracteriza a la política nacional también tiene reflejos en los órganos judiciales, manoseados por los intereses de los grupos políticos, principalmente en épocas electorales.

Aunque sus vínculos apuntan al perredismo, quien gestionó su llegada a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el senador Miguel Ángel Barbosa, quien durante las negociaciones, en octubre de 2016, ocupaba la coordinación del PRD en el Senado, pero que el 3 de abril renunció a ese partido para sumarse a las filas de Morena.

Los lazos que ahora pudieran vincularlo con el partido que Andrés Manuel López Obrador encabeza pueden ser más añejos, pues desde su nombramiento en el CJF, en 2007, contó con el apoyo de otro ex perredista, Ricardo Monreal, ahora uno de los titulares para la defensa del voto de Morena asignado a la región norte del país.

Lazos de color verde

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido calificado como un apéndice del PRI, que cobra fuerza en los momentos de definición política. Así fue cuando los grupos parlamentarios en el Senado entraron en una negociación paralela para definir a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El PRI, a través de Emilio Gamboa, apostaba por Felipe de la Mata Pizaña, con el que sumarían cuatro magistrados en el órgano que calificaría la elección presidencial en 2018. La ficha que inclinó la balanza fue el Verde Ecologista, que entonces presidía la Mesa Directiva, con el ex senador Pablo Escudero.

Finalmente De la Mata Pizaña llegó al TEPJF sin que pudiera sacudirse los lazos que lo relacionaron con el PVEM, aún con una carrera de dos décadas en el sector electoral nacional. Su paso por la Sala Regional del tribunal provocó polémica, pues fue el encargado de resolver la sentencia en contra del Verde por tuits a su favor.

Pero, al igual que otros magistrados, De la Mata Pizaña también diversificó sus lazos al exterior del tribunal, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se le relacionó con la ministra Margarita Luna Ramos, a través de su hermano, Alejandro Luna Ramos, del que fue coordinador de asesores cuando éste presidió el TEPJF. También se ha asociado con la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.

Sale de Acción Nacional y su definición está en el aire

El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Fernando Herrera, sabía que el nombre de Reyes Rodríguez Mondragón no podía quedar fuera de la negociación para definir las posiciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El magistrado fue desde el primer momento la carta fuerte del partido albiazul, impulsado por el senador Roberto Gil Zuarth y no era la primera vez, el PAN le dio su apoyo para que ocupara un cargo como magistrado en la Sala Regional de Monterrey, lo que le ha valido críticas sobre su imparcialidad.

Rodríguez Mondragón fue cuestionado por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, cuando la legisladora Rocío Nahle recordó que el magistrado fue parte de la resolución que anuló la elección en la que Soledad Luévano Cantú habría ganado la presidencia municipal de Zacatecas.

Los lazos del magistrado se extienden hasta la presidencia de Felipe Calderón, de quien fue coordinador de asesores en el último año de su mandato.

Pero Roberto Gil no juega en esta elección con el PAN. Su coqueteo con Morena y el PRI hacen dudosa la definición de este magistrado.

La alumna del PRI

Mónica Aralí Soto Fregoso fue uno de los tres magistrados del TEPJF que fueron electos para ocupar su cargo durante nueve años.

En su elección influyó el senador Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI y hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Pero su fortaleza también se diversifica y se remonta a su paso por la Sala Regional de Guadalajara, en la que también fue propuesta desde la cámara alta, pero en esa ocasión por el senador Arturo Zamora. En noviembre de 2017, un año después de haber sido electa magistrada, Soto Fragoso fue cuestionada por senadores panistas por su relación con el PRI y con su líder nacional, Enrique Ochoa, de quien fue alumna en 2011, en el Centro de Capacitación Judicial Electoral.

Por sus supuestos vínculos con el tricolor, la magistrada fue amenazada en redes sociales, hecho que fue condenado tanto por el Tribunal como por el Instituto Nacional Electoral.

Un anayista

Las redes que se tejieron desde la presidencia del PAN, entonces ocupada por Ricardo Anaya, ahora candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, se encargaron de colocar al magistrado José Luis Vargas Valdez en una silla dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La operación la encabezó Santiago Creel, ahora nombrado coordinador Político de la campaña del queretano.

Pero los lazos que unen al magistrado con Acción Nacional son más añejos y se remontan a la presidencia de Felipe Calderón. Vargas Valdez fue asesor de Luis Carlos Ugalde cuando fue presidente del Instituto Federal Electoral, durante el periodo en el que el órgano electoral declaró al panista ganador de la elección presidencial de 2006.

Pero los cambios políticos le llevaron a voltear bandera y a acercarse al PRI, luego de que rompió con la administración de Calderón por negarse a apoyar la candidatura de Luisa María Calderón a la gubernatura de Michoacán.

Sus lazos con el tricolor lo enfrentaron con las propuestas panistas para el TEPJF, por lo que dejó fuera a Francisco Cabeza de Vaca, quien era la apuesta de los ex presidentes Vicente Fox y del propio Calderón.

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