¡Nada los detiene! Las capitalinas siguen prisioneras del acoso en el transporte público


Las escaleras para ingresar a la estación del Metro Zócalo estaban solitarias; Karla había salido tarde de trabajar y se dirigía a casa. Descendió hacia el andén en dirección a Taxqueña.

A pocos metros vio a tres policías que conversaban recargados en las “mariposas”, esos objetos de plástico color naranja que desde 2009 sirven para separar a los hombres y evitar agresiones.

Karla bajó los últimos escalones cuando un hombre se aproximó a ella y sin importar el espacio a su alrededor, la tocó y susurró al oído: “¡ay, chiquita rica!”

Inmediatamente pidió ayuda a los policías; sin embargo, uno de los elementos le respondió: “¿qué quiere que hagamos? Usted díganos”.

Aquel hombre que la manoseó miró desde lejos mientras se reía de su propia impunidad. Karla abordó el tren dejando atrás a tres uniformados incapaces de actuar ante una agresión cotidiana y normalizada por la misma autoridad.

En el último sexenio se implementaron estrategias para combatir el acoso sexual contra mujeres en el transporte público, en las que el Gobierno de la Ciudad de México invirtió 29 millones 68 mil 208 pesos.

Estas medidas incluyen la separación de vagones en el Metro, las rutas Atenea, que inició la desaparecida Red de Transporte de Pasajeros, el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles y el reparto de silbatos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Pese a ello, todos los días se enfrentan a hostigamiento, miradas lascivas, tocamientos y toma de fotografías sin su consentimiento; en los casos más extremos, son víctimas de violaciones y feminicidios.

Políticas costosas e insuficientes

En el transporte público de la Ciudad de México, nueve de cada diez mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual, así lo reveló un estudio realizado por el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En 2016 Inmujeres invirtió un millón 568 mil 208 pesos para el programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas y el desarrollo de la aplicación (app) Vive Segura, de acuerdo con la solicitud de información con folio 0313000027918.

La app requirió una inversión de 318 mil pesos y su objetivo era recibir denuncias de acoso, situaciones de riesgo e inseguridad que las mujeres pudieran encontrar en sus trayectos.

Un reporte de la dependencia, correspondiente al periodo del 24 de agosto de 2016 al 15 de mayo de 2018, indica que se recibieron un total de tres mil 968 alertas de la Ciudad de México.

Otra acción del Gobierno capitalino para proteger a las mujeres fue la distribución de silbatos Vive Segura en el transporte público, principalmente STC Metro.

Mediante solicitud de información con folio 0101000136816, la Secretaría de Gobierno informó que por la compra de 31 mil 600 de estos objetos pagó dos millones 500 mil pesos, incluyendo la impresión de la imagen institucional, empaque y cordón.

Sin embargo, el STC reportó a El Big Data que entregó un total de 350 mil silbatos a usuarias, por lo que, tomando en cuenta el costo mencionado anteriormente, la Secretaría de Gobierno tuvo que haber realizado 11 veces la compra para cubrir esa cantidad de silbatos, de manera que la inversión fue superior a los 27 millones 500 mil pesos.

La solicitud de acceso a la información detalla que, tras la adquisición, los silbatos se entregaron a Inmujeres, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), el STC, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el Sistema Metrobús y el Programa Prepa Sí.

Un balance elaborado por Ala Izquierda, EQUIS Justicia para las mujeres, el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) mostró fallas en la estrategia que, incluso, le valió burlas y memes al “pito de Mancera”.

Asimismo, destacaron la insuficiencia en la cantidad de silbatos, ya que no es proporcional al tamaño de la población de la Ciudad de México; se distribuye sólo en determinados lugares y en horarios laborales, además de que se solicita credencial de elector, lo que deja a mujeres menores de edad fuera de la “protección”.

Cambios culturales y no medidas radicales

En la capital del país, los feminicidios documentados en el mapa de la activista María Salguero sumaron 109 casos hasta 2017, y en lo que va de 2018 tiene contabilizados 30 casos de mujeres asesinadas, a partir de reportes policiacos y de prensa.

Las denuncias por acoso sexual ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) mostraron un incremento de 400%, al pasar de 39 en 2014 a 208 en 2017.

Ese panorama de vulnerabilidad ha obligado a las mujeres a realizar cambios en sus rutinas y acciones de autoprotección.

En contraste, el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que, durante 2017, 93.5% de las mujeres capitalinas admitieron sentirse inseguras en el transporte y espacios públicos.

Una de las fallas en las políticas públicas del Gobierno capitalino es la ausencia de un protocolo de atención a las víctimas, pues los responsables de la seguridad carecen de herramientas, conocimientos y compromiso para atender las denuncias.

La penalista, defensora de derechos humanos y de género Ana Katiria Suárez explicó en entrevista para El Big Data que ejercicios como la separación de vagones o el reparto de silbatos no contribuyen a un cambio cultural necesario para erradicar las conductas agresivas contra las mujeres.

Apuntó que tanto la Policía Bancaria e Industrial (PBI) como el personal de los ministerios públicos requieren capacitación en materia de atención a víctimas.

La asesora jurídica del Observatorio Nacional de Feminicidios Ana Yeli Pérez coincidió en la necesidad de reeducar a la sociedad, con el objetivo de complementar las políticas públicas en la materia y que éstas prosperen.

“A veces los policías desconocen por qué tienen que estar vigilando. Creo que esas ausencias o condiciones hacen que los policías no tengan las herramientas para promover la prevención a la que están obligados. Es solamente una cuestión de sensibilización y de información, eso se da a través de campañas, de capacitar al personal, que sepa cuál es su función”, subrayó.

Respecto a la entrega de silbatos, consideró que se trató de una medida carente de efectos y que adjudica a las mujeres la responsabilidad de reaccionar y enfrentar la violencia.

La especialista en datos del colectivo Data Cívica Carolina Torreblanca publicó recientemente un análisis estadístico de la efectividad de la campaña #NoEsDeHombres, en el que midió cuantitativamente su efecto para determinar si logró disminuir la violencia.

“Encontramos que no existió ningún efecto significativo sobre el total de reportes, desistimientos o quejas por abuso sexual reportadas dentro del Metro”, concluyó en su estudio.

Torreblanca observa que las políticas públicas del Gobierno capitalino proponen soluciones de forma, mas no de fondo, que, si bien denuncian la violencia contra las mujeres, no se traducen en un cambio en la incidencia de los delitos que buscan atacar ni en el comportamiento masculino.