Morena prepara un sistema penal que sí vaya contra delincuentes

Equipo EBD
octubre 9, 2018

Por Alfredo Páez y David Martínez

A un año y medio de la puesta en marcha de nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio sus resultados han sido duramente cuestionados.

Su objetivo era brindar protección a las víctimas, pero se convirtió en una ventana para la reincidencia de los delincuentes, lo que, de acuerdo con autoridades, generó un incremento en los índices de inseguridad.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el nuevo modelo dificulta el proceso legal y fomenta la evasión a la justicia, y en su afán de despresurizar las cárceles, liberó en la capital del país a 15 mil delincuentes en su primer año.

No fue el único. Durante la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), del 3 de mayo de 2017, 29 mandatarios estatales firmaron un documento en el que demandaron la reforma de un sistema que, según ellos, “ha mostrado serias deficiencias”.

El Observatorio Nacional Ciudadano reportó que durante el primer cuatrimestre de 2017, el robo a transeúnte creció 38.2%; el homicidio culposo, 22.4%, y el homicidio doloso 16.2% respecto al mismo periodo del año pasado.Algunos especialistas lo atribuyen más a una mala implementación.

Ante este panorama, los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ya preparan una serie de modificaciones para revertir los resultados obtenidos hasta ahora.

El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, adelantó que el sistema debe ser perfeccionado pues “en la realidad no está funcionando o no se está aplicando correctamente”.

Salomón Jara, vocero de Morena en el Senado, adelantó en entrevista con El Big Data, que el grupo parlamentario impulsará la creación de foros para analizar el tema, aunque aún no definen si será en este periodo ordinario.

“En algunos lugares hay éxitos y en otros han tenido problemas. Tenemos que los abogados que hoy hacen la defensa entran en una etapa nueva y es poco el universo de juristas que  están en este tema del derecho penal acusatorio”, detalló el legislador.

Agregó que como parte de las discusiones, Morena impulsará también la capacitación de los litigantes en coordinación con las universidades del país; además de incluir al resto de los actores, como los policías, que también participan en el proceso del nuevo sistema penal.

Un sistema fallido para las víctimas

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio entró en vigor el 18 de junio de 2016 y cambió la forma de impartir justicia en todo el país.

Estableció los juicios orales con el objetivo de darles una mayor eficiencia y velocidad, asimismo plantea igualdad de las circunstancias para las partes durante la argumentación ante el juez y vela por la presunción de inocencia, pues no pueden detener a nadie hasta demostrar su culpabilidad.

Anteriormente los juicios se llevaban a cabo mediante escritos de los abogados y los jueces, y de este modo se valoraban las pruebas a favor o en contra del acusado.

Hoy se plantea la protección de las víctimas y que los daños causados en los delitos sean reparados por el acusado.

Sin embargo, especialistas en materia de seguridad coincidieron en que la reparación del daño a las víctimas se convirtió en una herramienta para los delincuentes, ya que aquellos que cometen delitos menores sólo pagan una compensación económica y vuelven a la calle.

Jorge Amador Amador, director de Seguridad Pública en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, aseguró que las personas acusadas de delitos como extorsión o robo de vehículos pueden quedar absueltas, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con la víctima y reparen el daño.

“Quien está victimizada es la sociedad, es muy difícil que el agravio sea reparado con una compensación económica. El delincuente no sólo agrede a una persona, con su comportamiento el delincuente agrede a toda la sociedad y esa reparación no debe ser procedente”, explicó.

“Hay que quitar el exceso de garantismo en favor de los posibles responsables porque al final se desequilibra la justicia y la justicia es cuestión de equilibrios. A esto se llama promoción de la impunidad”, abundó.

Hasta febrero del presente año, en la Procuraduría General de la República (PGR) se han cerrado más de mil 500 acuerdos reparatorios de daño, con lo que se han pagado aproximadamente de mil 200 millones de pesos.

Carencia de defensores

Una de las principales fallas es la nula protección a la integridad de las víctimas, así como la ayuda para llevar a cabo los procesos penales pertinentes.

“La víctima está más invisible, tenemos déficit de defensores victimales, las comisiones estatales para su atención no están funcionando, entonces no hay protección”, afirmó María Novoa, investigadora y responsable del área jurídica del Centro de Investigación, AC. (CIDAC).

Consideró que se tiene que adecuar el nuevo sistema para que brinde más atenciones a las víctimas y no sólo al imputado, quien en todo momento mantiene su calidad de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad y anonimato ante los medios de comunicación.

La especialista señaló que otra parte de la problemática es que, de los 4 mil 541 millones de pesos que se utilizaron para su aplicación, la mayoría se aplicó a la parte de seguridad del nuevo modelo de justicia.

“Los recursos e iniciativas quedaron muy focalizados a las procuradurías y a las policías, pero quedó fuera la generación de condiciones para las defensorías públicas y los poderes judiciales locales como juzgados y tribunales”, afirmó

Novoa reconoció que no existe una evaluación integral, pues el sistema penal acusatorio no tiene un efecto de si tenemos más o menos seguridad, pero sí tiene una relación directa en la percepción de impunidad.

Jessica Grostieta diario se traslada del Estado de México a la capital para ir al trabajo, trayecto donde fue asaltada y asegura que el trato que le dieron en el Ministerio Público fue muy reprobable.

“Les gusta ahorrarse mucho tiempo; casi casi si no llegas con una bala en la cabeza te dicen que no es tan grave”, manifestó.

Denunció que cuando alguien llegó al Ministerio Público con el acusado los impartidores de justicia fueron déspotas y le dieron un mal trato.

“Está feo que cuando estás en el MP, prácticamente te tienen con el delincuente enfrente, literal, el tiempo que yo estuve ahí el tipo me veía con cara de burla como de ‘pinche vieja’, no te cuidan”, dijo la joven, quien detalló que esa vez estuvo 10 horas esperando a que la atendieran.

María Novoa afirmó que, a nivel Ministerios Públicos, el personal no está capacitado para investigar los casos cuando no hay acusados detenidos.

“Donde se nos están acumulando las fallas es en las procuradurías porque tenemos una debilidad importante respecto al tema de investigación criminal, entonces ahí se nos empiezan a quedar los casos”, detalló.

Aumento de delitos en la CDMX

Desde la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio disminuyeron los delitos de alto impacto; sin embargo, los homicidios y los ilícitos de bajo impacto aumentaron.

De acuerdo con cifras de incidencia delictiva de la Procuraduría de General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), los crímenes en la ciudad aumentaron 8.13% en 2017 respecto a 2016.

En 2016 se completó la transición del sistema mixto inquisitivo al sistema de justicia penal acusatorio, en ese año se abrieron 197 mil 578 carpetas de investigación, cifra que aumentó a 228 mil 901 en 2017.

Aunque los delitos con violencia disminuyeron en dicho periodo, los homicidios aumentaron de 749 a mil 85.

Algunos delitos de bajo impacto son: homicidio culposo, lesiones, daño a propiedad ajena, robo sin agravante, allanamiento, maltrato animal y abuso sexual.

Ante el aumento de la incidencia delictiva en la capital del país, el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera denunció que el sistema de justicia penal actual dejó en libertad a 15 mil reos.

Aunque los registros de población penitenciaria de la PGJ muestran que de 2016 a julio de 2018 los presos se redujeron de 42 mil a 30 mil, es decir, 12 mil quedaron en libertad.

La misma dependencia estima que cuatro de cada 10 reos que fueron liberados en 2016 reincidieron.

Las alcaldías más afectadas

Después de 2016, algunas alcaldías sufrieron el impacto directo del aumento de la inseguridad.

De 2016 a 2017, en Miguel Hidalgo se incrementó la incidencia delictiva de 369 a 502. Mientras que en Xochimilco pasó de 259 a 298.

En Cuauhtémoc los delitos cometidos por cada 100 mil habitantes se mantuvieron en 550, lo que la hizo la demarcación con más carpetas de investigación abiertas en dicho periodo.

Respecto a las alcaldías donde más se presentaron crímenes sin importar su proporción poblacional, Iztapalapa lideró, al pasar de 27 mil en 2016 a 30 mil en 2017.

Cifras obtenidas por el Observatorio Nacional Ciudadano muestran un avance de la inseguridad por lo menos en siete de las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante el segundo trimestre de 2018, en comparación con ese mismo periodo de 2017. Éstas son: Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Azcapotzalco y Cuajimalpa.

En ellas los delitos del fuero común como el homicidio, extorsión, robo y el narcomenudeo se dispararon.

Preparan propuesta

Con el fin de mejorar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Congreso de la Ciudad de México planea elaborar un diagnóstico que valorará su eficiencia para presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer los cambios pertinentes.

De acuerdo con el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Eduardo Santillán, la comisión de Administración y Procuración de Justicia será una de las encargadas, cuya línea será la reparación del daño, la cual abrió la puerta a los delincuentes.

El morenista considera que este es uno de los temas principales en la agenda de la ciudad, debido que existe una percepción del aumento de la delincuencia.

“Uno de los temas que queremos revisar es cómo están funcionando las etapas de conciliación, cómo está funcionando el sistema de justicia alternativa en la ciudad.

“Nos  parece muy importante que este sistema penal acusatorio no se convierta en una salida para los delincuentes cuando cometen algún delito, y al mismo tiempo queremos tener un sistema de justicia penal eficiente”, dijo Santillán.

Aunque el legislador reconoció que no hay forma de dar marcha atrás a la implementación del sistema de juicios orales, aseguró que desde las Cámaras ya se planean modificaciones a dicho sistema de justicia.

“Vamos a tener reuniones con el Tribunal, porque a partir de ahí se establecerán agendas para presentar los diagnósticos, seguramente tendremos evaluaciones muy importantes”, puntualizó.

Los puntos a arreglar

Los legisladores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados anunciaron que van a revisar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para realizar las modificaciones necesarias para mejorar su aplicación.

Funcionarios y especialistas en materia de justicia piden al nuevo Gobierno federal reclasificar los delitos que se consideran menores, ya que, por ejemplo, la portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército pasó a ser un delito menor y los presuntos delincuentes no pueden ser ligados a una célula del crimen organizado.

En el mismo estatus se encuentra el homicidio culposo, privación de la libertad con fines sexuales, daño a la propiedad, abuso sexual, violencia familiar equiparada, amenazas, entre otras.

De acuerdo con Miriam Jiménez, secretaria técnica de la Dirección de Seguridad Pública en el Municipio de Chicoloapan, otro de los retos que debe enfrentar el nuevo Gobierno es la profesionalización de las policías, ministerios públicos, jueces y abogados.

La abogada y especialista en seguridad pública indicó que el Gobierno federal debe aumentar el personal que participa en los juicios orales, pues el trabajo de ministerios públicos, jueces y defensores se ha triplicado desde la implementación del nuevo sistema penal y en la mayoría de los casos desconocen cómo apoyar a una víctima.

“Otra falla es que la designación de expedientes no es acorde a la especialidad de cada abogado, lo que deja aún más en desamparo a las víctimas”, agregó.

El nuevo Sistema Penal establece que al capturar a un presunto delincuente los policías están obligados a presentar un informe policial homologado; sin embargo,  en los Ministerios Públicos no cuentan con una sala para llenar el informe de 30 páginas y esto los obliga a hacerlo dentro de una patrulla, por lo que se pierde tiempo en la presentación del acusado y la defensa de éste alega que transcurrió tiempo entre la detención y la presentación, así que se argumentan fallas en el protocolo.

Mal de fondo

Arturo Alvarado, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex) y especialista en la impartición de justicia, indicó que para lograr un cambio en el nuevo sistema de justicia se debe de reconocer y erradicar la corrupción adentro de toda la estructura penal.

El especialista aseguró que la cultura de la legalidad anterior no ha permitido que el nuevo sistema de justicia penal se imponga en el país.

“La tipificación de los delitos en muchas de las entidades de la federación son mezclas de lo viejo con lo nuevo, no hay lo nuevo, no hay la presunción de inocencia, todavía se aplican viejas prácticas.

“Los jueces están hechos al vapor, se debe mejorar la normatividad, el entrenamiento de todos, particularmente de la estructura de abajo, eliminar la corrupción de todo el sistema, este país tiene corrupción en el sistema judicial y nadie lo quiere reconocer”, manifestó.

María Novoa, investigadora y responsable del área jurídica del Centro de Investigación, AC (CIDAC), afirmó que la inseguridad en el país no se le puede adjudicar al sistema de justicia penal, ya que la situación es multifactorial.

“Personalmente creo que es un problema de definición de políticas públicas relacionado con el tema de seguridad y dentro de esas malas decisiones está no haber fortalecido  las policías locales para permitir mejores sistemas de seguridad pública”, afirmó.

Novoa también consideró que la solución no es aumentar el catálogo de delitos graves, sino atender el problema de manera integral.

“Sólo vamos a tener más personas en prisión, que era el mal del sistema inquisitivo mixto, donde incluso había presuntos culpables porque el sistema penal acusatorio actual dice que eres inocente hasta que se demuestra tu culpabilidad (…) Tener a una persona presa, sin que implique peligro a la víctima ni el proceso, va en contra de los principios humanos y de justicia”, afirmó la investigadora del CIDAC.

También indicó que la solución es “focalizar las causas y las políticas para atacar lo que está causando la inseguridad, en lugar de combatir sin resolver el origen”.

Y detalló que los Gobiernos deben generar las condiciones necesarias para que disminuya la inseguridad, como la generación de empleos y oportunidades de estudio para la población.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reveló que en el país existen 389 centros penitenciarios, de los cuales 10 rebasaban su capacidad entre 300 y 600 por ciento.

Algunas de las cárceles sobrepobladas están en Tepeaca y San Pedro Cholula, Puebla; Tizayuca, Atotonilco, Apan y Zacualtipán, en Hidalgo; Huixtla, Chiapas; Tlapa, Guerrero; y en Chalco y Ecatepec, Estado de México.