Mayores facultades al Ejército ¿militarización o gobernabilidad?

13 enero 2017 6:00 am

El año que comenzó es crucial para el futuro de los derechos humanos y la seguridad pública en México, pues en el Senado se discute una iniciativa con la que se pretende dar mayores facultades al Ejército a través de modificaciones al Código Penal y al Sistema Penal acusatorio que entró en su totalidad en junio pasado, así como al artículo 29 constitucional y las iniciativas para crear una Ley de Seguridad Interior que se discuten actualmente en el Congreso.

De acuerdo con representantes de organizaciones civiles y expertos en legalidad, el Gobierno mexicano busca garantizar la gobernabilidad a través de las labores del Ejército, pero desconociendo las garantías constitucionales.

Y es que entre las modificaciones, se da la facultad al presidente de la República para decretar un régimen de excepción ante disturbios como, por ejemplo, los que se registraron en varios estados por el alza de los precios de los combustibles.

Esto significa que el Gobierno mexicano podrá suspender los derechos humanos como medida para que las fuerzas armadas puedan garantizar el orden, lo que desató diversas críticas por parte de los expertos e incluso algunos han hablado de la militarización del Estado.

Al respecto, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Valdés Ramírez alertó que las modificaciones afectarían directamente al juicio de amparo, sobre todo en lo que tiene que ver con el recurso de queja, que es cuando se puede subsanar a través de algún tribunal colegiado, los vicios de la autoridad ministerial y del propio juez de amparo.

Agregó que a través de dicho recurso legal es como se combaten principalmente las detenciones arbitrarias, los abusos de autoridad, la tortura, la incomunicación, lo que se le conocen como violaciones al debido proceso, y que obligaban a las autoridades, principalmente al Ejército y Ministerio Público, a realizar su trabajo con base a los preceptos del sistema acusatorio.

De lo contrario, uno de los principales mandatos del sistema acusatorio, que es privilegiar la presunción de inocencia, así como obligar a las autoridades a presentar pruebas a través de un trabajo de investigación científico, no tienen razón de ser.

“La mayoría de las detenciones que realizan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya no serán analizadas mediante el juicio de amparo, desaparece el amparo contra la orden de aprehensión, y lo más grave, piden desaparezca la suplencia de la queja, y 90% de los amparos se concede por los colegiados”.

“Ahora con esto, olímpicamente los jueces y magistrados secretarios y oficiales no van a hacer nada, pues si el abogado de la víctima no lo pide lo funda y lo motiva no lo van a hacer los jueces, ni se lo pueden exigir al Ministerio Público, esto es una aberración, la única obligada a fundar y motivar es la autoridad así lo señalan sendas jurisprudencias de la Suprema Corte “, lamentó el especialista.

Por su parte, Carlos Cruz Santiago, presidente de la Organización civil Cause Ciudadano, recordó la palabras del general Salvador Cienfuegos Zepeda que a “balazos no se resuelve nada”, por ello, más que una militarización y mayor atribuciones para el Ejército, lo que se necesitan son políticas públicas para erradicar la corrupción de los cuerpos policiacos y castigar a los políticos que fomentan dicha situación.

“El general Cienfuegos en su declaración afirma que: ‘no se va a resolver el problema a balazos y se tienen que hacer otras cosas, pero a quien le toca hacerlo no las han iniciado’, yo me referiría a ese concepto, pues si un militar de este rango no ha logrado convencerlos, pues es el momento que él dialogue con la sociedad civil, es el momento de tomarle la palabra para que las fuerzas federales regresen a sus cuarteles, no para la militarización”.

Dijo que desde luego diversas organizaciones civiles han dicho que no están de acuerdo con una reforma legal que podría ser el preámbulo para la militarización del país, lo que generarían mayores violaciones a los derechos humanos de la población civil.

“El problema que yo veo es que la petición, la propuesta que se discute en el Senado no es para la protección de las personas, sino para proteger a la actuación de las fuerzas federales, para darle un marco jurídico a la actuación del Ejército de realizar funciones policíacas que no le corresponden”.

Explicó que si se dejan a las fuerzas armadas en las calles y se les dan mayores atribuciones para actuar el costo será muy alto, pues su figura se desgastará, y ya cuando sean necesarias para la reconstrucción nacional, la sociedad ya no les tendrá el respeto que se necesita.

Recordó que el propio Ejército ya se dio cuenta de la incapacidad de los civiles, en este caso los partidos políticos y sus representantes, de poder resolver la crisis, por eso deben de convocar al diálogo, donde ellos también intervengan, y en conjunto, sea la sociedad y sus instituciones quien decida y no sólo la clase política que ha sido superada por mucho, y las disposiciones que han tomado no son las adecuadas.

Al respecto, el secretario general de la organización México Unido Contra la Delincuencia, Francisco Torres Landa se manifestó en contra de dar mayores facultades a los militares en materia de seguridad pública, pues no están entrenados para realizar dicha labor.

“Es muy delicado, porque si no fueron diseñados para esas funciones, no van a estar capacitados por el simple hecho de que se legisle y se pase la ley. Lo único que están haciendo es que están pervirtiendo el orden institucional en torno a qué hace cada uno de estos cuerpos, si los policías civiles están diseñados para atender la seguridad pública, mientras que las fuerzas armadas para defender la soberanía nacional, y no se deben de mezclar”.

Dijo que con una ley como la que pretenden, si bien es cierto aliviaría la presión inmediata, lo que harían es pervertir el diseño institucional y constitucional, sobre la separación de poderes y cómo se debe proteger a la ciudadanía y cuáles son la funciones propias para los temas de seguridad y justicia.

“Es un enorme error que respondamos a una coyuntura proveniente de un error para consolidarlo para siempre, esto puede tener consecuencias muy graves y lesivas de un orden institucional y constitucional realmente solvente. No debemos ceder ante las presiones, debemos preguntarnos qué hacemos para fortalecer las policías y para regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles”.

Consideró que dejar al Ejército de manera permanente en las calles y darles mayores facultades sobre los derechos humanos, es casi regresar a los estados militarizados de los años ochenta en Centro y Sudamérica, esquemas que quedaron desfasados desde hace décadas por las atrocidades generadas.

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