Los juvenicidios en México van a la alza


El cadáver tenía la cara ensangrentada. Se trataba de un joven de entre 20 y 25 años. Los peritos aseguraron que los agresores lo golpearon hasta morir, después abandonaron su cuerpo en un predio lleno de escombros en la colonia San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan.

Hasta el momento nadie sabe el nombre de la víctima, ni su ocupación, si tenía familia o qué le gustaba hacer, sólo era uno de los miles de jóvenes que son asesinados en el país.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2007 a 2016 los asesinatos de jóvenes se triplicaron sumando 46 mil 754 víctimas.

Se trata de jóvenes de entre 15 y 24 años y los crímenes fueron cometidos principalmente con armas punzocortantes o de fuego, por golpes, asfixia o quemaduras.

De ese total, 41 mil 296 eran hombres, cinco mil 445 mujeres y en 13 casos se desconoce el sexo.

Los estados donde se cometieron más estos crímenes, calificados como juvenicidios, fueron Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Sinaloa.

“Hablamos de una matanza; cuando nos referimos al juvenicidio estamos hablando de un fenómeno que está ocurriendo en mayor medida”, mencionó la doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Maritza Urteaga Castro-Pozo.

Para la investigadora los asesinatos contra la juventud incrementaron a partir del sexenio de Felipe Calderón, y están relacionados, en su mayoría, con el crimen organizado.

“Tenemos políticas que están atentando contra la juventud, como la falta de trabajo; la delincuencia organizada les da posibilidades de empleo que la sociedad no les ofrece desde hace muchos años”, señaló.

La falta de oportunidades y la cantidad de jóvenes en el país dan pie a un “caldo de cultivo”, como lo menciona Urteaga Castro-Pozo, para que los delincuentes llamen a la juventud a asumir tareas ilegales porque los empleos formales son pocos y mal pagados.

“Esto propicia que los jóvenes participen de diferentes maneras en una economía ilegal –como el narcotráfico– con violencia; los jóvenes asumen las peores tareas dentro de estas organizaciones criminales, hacen las tareas más sucias, como la desaparición de los cuerpos”, agregó.

Desdén

Maritza Urteaga Castro-Pozo explicó que se está dando una normalización de la violencia; para los medios de comunicación estos crímenes se convirtieron en un asesinato más.

Las víctimas pueden aparecer en primeras planas o en nota roja, pero pocas veces las autoridades investigan los homicidios.

“Hay una criminalización de fondo que siempre ha estado sobre los jóvenes, siempre son sospechosos, sobre todo si son de origen humilde; y segundo, si tienen rasgos fenotípicos morenos e indígenas inmediatamente son criminalizados”, mencionó la especialista.

El año pasado, El Colegio de la Frontera Norte (Colef) organizó el diplomado Juvenicidio y vidas precarias en América Latina, cuyo objetivo era visibilizar una realidad que está ocurriendo en varias partes del continente.

José Manuel Valenzuela Arce, coordinador del diplomado, señaló que el juvenicidio, es decir, la muerte sistemática y persistente de los jóvenes, tiene sus inicios con su precaria situación de vida en los ámbitos económico, social y simbólico, así como en su vulnerabilidad frente a las fuerzas del Estado.

Es por ello que el concepto tiene varios componentes referentes a los procesos de precarización, vulnerabilidad, estigmatización, criminalización y muerte de este sector de la población.

“Lo que creo es que los jóvenes están siendo los sectores más afectados por las condiciones críticas que estamos viviendo.

“No puede haber resarcimiento del tejido social en sociedades que permanentemente están produciendo la desigualdad. Escenarios de muerte, escenarios de control, de exclusión, de prospección”, declaró en 2016.

La complicidad del estado

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La participación de los sectores jóvenes dentro del crimen organizado no es la única razón de los juvenicidios, el Estado también está involucrado en varios hechos violentos contra esa parte de la población.

Además de los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, donde existe señalamiento directo a las autoridades en la desaparición y asesinato de jóvenes; también hay otros casos.

El 10 de marzo de 2018 las hermanas Nefertiti y Grecia, de 16 y 14 años, decidieron ir al cine en Río Blanco, Veracruz.

Las versiones indican que los policías marcaron el alto a un automóvil cerca de la plaza comercial. Los ocupantes respondieron con balazos. Las jóvenes pasaban por el lugar y trataron de explicar a los uniformados que sólo querían ver una película; sin embargo, los oficiales no dudaron en dispararles.

Los cuerpos de las hermanas quedaron en calles de la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con las versiones de sus familiares; las autoridades les “sembraron” armas para criminalizarlas y evitar la responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales.

“Pero tampoco hay una investigación pertinente y eso es muy importante. El gobernador, Miguel Ángel Yunes y su fiscal, Jorge Winckler Ortiz, explicaron que los policías repelieron un ataque armado de las menores, a quienes vincularon al crimen organizado”, recordó la doctora Maritza Urteaga.

Los tres estudiantes de cine de Guadalajara es otro caso. Óscar Augusto Juárez Mora, presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO, la universidad Jesuita de Guadalajara, narró que cuando se enteró de la desaparición de tres personas en la entidad se alarmó.

Sin embargo, fue un día después cuando le llegaron noticias sobre la posible participación de elementos de la Fiscalía.

“Ahí sí cambió totalmente, no era una desaparición cotidiana; cotidiana se escucha feo, pero en Jalisco así pasa”, narró.

Después, él y sus compañeros comenzaron la difusión; en lo primero que pensó Juárez Mora fue en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Nos hizo sentir vulnerables en un lugar donde pasamos seguido… y sobre todo que la historia que se cuenta de Jalisco es que no pasa nada, que es un estado neutral; ya vimos que no, entonces cuando ocurre eso el primer pensamiento que tuve fue ‘a mí también me puede pasar’”, indicó.

Además de que él y sus compañeros exigieron a las autoridades que localizaran a Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco tomaron otras dinámicas en cuanto a la seguridad.

Por ejemplo, Óscar avisa siempre en dónde está, comparte su ubicación con su familia y amigos.

“Los mensajes de cuídate, avísame cuando llegues ya adquirieron un sentido más literal que ser simples gestos de cortesía. De hecho mis datos se agotaron este mes más rápido por lo mismo y trato de mantenerme comunicado, que alguien sepa dónde estoy.”

Pero el joven aseguró, y coincide con la doctora Maritza Urteaga, en que la violencia inició en la administración pasada.

“Los jóvenes somos la presa principal de narcotráfico para distintas actividades, este caso (de los estudiantes de cine) lo que hizo fue evidenciar que los jóvenes somos una población vulnerable, independientemente del estrato socioeconómico en el que se encuentren o de las actividades que realicen”, añadió.

Para el estudiante, una de las soluciones sería que los políticos vayan al “meollo” del asunto porque se tiene que “regenerar” el tejido social, además de generar empleos y dar mayores oportunidades.

“El hecho de generar oportunidades para los jóvenes que están en busca de un trabajo o que quieren estudiar una carrera es válido, pero qué van a hacer los candidatos con los jóvenes que están en el crimen, desaparecidos o tienen que optar por un camino que no sea el más viable”, consideró Óscar Augusto.

Un ejemplo es el llamado Pirata de Culiacán, un joven de 17 años asesinado en Sinaloa, quien, con una historia de orfandad, logró hacerse de fortuna en el mundo del narcotráfico.

En un país donde la criminalización y la violencia son “naturales”, Juárez Mora aseguró que es momento de ser activos.

“Si no lo hacemos, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Nos dejaron un país muy jodido y a mí no me gustaría dejarles este país a los que vienen atrás”, declaró el joven.

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