Constitución de la CDMX ¿ciudadana o partidista?

ángel, DF, ciudad

8 abril 2016 7:00 am

La construcción del andamiaje jurídico emanado de la primera Constitución de la Ciudad de México (CDMX) no será una tarea sencilla.

Y es que en la legislación secundaria no sólo deberán garantizarse las demandas ciudadanas y el respeto a sus derechos fundamentales, sino también dotar de un entramado legal que permita a la capital del país, ser referente nacional en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

La Ciudad de México atraviesa por un momento histórico, en ello coinciden tanto especialistas en derecho y servidores públicos. Ésta es una oportunidad invaluable –y el reto-, para crear una Constitución de gran calado, donde los intereses políticos cedan su espacio a los ciudadanos.

Para el consejero jurídico de la CDMX, Manuel Granados Covarrubias, la Constitución y sus consecuentes leyes secundarias, deben reflejar un espíritu ciudadano, no político o partidario.

“Las asambleas constituyentes no deben generarse a partir de los grupos partidarios, porque entonces estamos al mejor postor, en una rebatinga de qué te doy a cambio de qué. No, una asamblea constituyente es de gran calado, de otro nivel, con altura de miras, donde se sobreponen los intereses de la ciudad en beneficio de la ciudad”.

En la construcción del entramado jurídico de la CDMX habrá que consensuar, dialogar y debatir sobre los temas importantes para la ciudad y sus habitantes, nadie tendrá mayoría, todas las propuestas que se presentan al Constituyente deberán aprobarse por las dos terceras partes de sus integrantes, explicó el abogado de la ciudad.

“No es que la propuesta sea de tal o cual partido, la propuesta de la ciudad tendrá que ser aprobada por las dos terceras partes del todo y hasta donde sabemos, ninguno va a alcanzarlas, tendrá que haber necesariamente alianzas, no negociaciones políticas, no es una ley cualquiera”.

Para el jurista José Agustín Ortiz Pinchetti, la legislación secundaria implica un arduo trabajo por parte de los asambleístas, ya que éstos deberán garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales, en un número indefinido de leyes para que de verdad funcionen.

“Vamos a ver si hay una oportunidad para la Constitución, para las distintas leyes, para el entramado legislativo, pero, no basta con que las leyes sean emitidas, tienen que funcionar. Estamos viendo una violación continua de leyes, son violentadas de modo sistemático en México”.

 

Para Granados Covarrubias, la legislación secundaria no sólo debe limitarse a la Ley Electoral, la Ley de Alcaldías y las Orgánicas de los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial, sino también a otros temas que, hasta ahora, sólo se habían reservado al Congreso.

Ahora, destaca, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –que a partir de la reforma se constituirá en Congreso local– debe legislar en materia de seguridad, procuración de justicia y combate a la corrupción, que son los tres ejes fundamentales de la ciudadanía.

“Con la Constitución, la Ley de Combate a la Corrupción de la Ciudad de México será fundamental. En el grupo de trabajo se ha dicho que los ciudadanos tienen el derecho a una administración pública honesta, eficiente, clara, transparente, como derecho ciudadano”.

En este sentido Ortiz Pinchetti estima que la creación de una Ley de Contraloría sería muy importante en materia de transparencia y combate a la corrupción, que sea modelo e imitada por otras entidades.

A diferencia de otros países, en México, afirma, existe una “lentitud paquidérmica” en ambos temas.

“La transparencia y la eliminación de la impunidad son fundamentales para que haya democracia, es una cuestión explorada en muchos países civilizados, pero si revisamos en este mismo sexenio, no ha habido un acto, importante hasta ahora, de rendición de cuentas ”.

Para el jurista, los derechos sociales e individuales de los ciudadanos deben fortalecerse y debe garantizarse que en la legislación secundaria y estos derechos sean realmente respetados.

“Hay derechos políticos que van a fortalecerse como la revocación del mandato, la pensión universal a la tercera edad, a las madres solteras, eso un buen paso; el derecho a la ciudad, derechos civiles y derechos humanos, pero cómo se van a garantizar, si estamos acostumbrados a que las garantías individuales o sociales no se respetan”, cuestionó.

Añade que la CDMX requiere modernizar algunas normas como la Ley de Austeridad, ésta dice “ya dio lo que tenía que dar”.

También, La ley de Órganos Autónomos; las leyes Orgánicas  de la Administración Pública Local, del Tribunal Superior de Justicia, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Ley de Capitalidad, la Ley de Coordinación Estatal, entre otras.

Si bien, el nuevo orden jurídico de la ciudad requerirá que las alcaldías sean autónomas del Gobierno central, en materia de seguridad y hacienda, no sucederá así.

“En seguridad hay mando único y no va a modificarse, Hacienda va a ser una Hacienda única y no va a modificarse… eso dará viabilidad a la ciudad porque entonces si no, se genera caos”.

Manuel Granado considera como algo positivo que en la construcción de la Constitución de la CDMX existan “políticos que viejo cuño”.

“Entienden perfecto esto,  no son políticos que están ávidos de protagonismo, escándalo, este no es un tema para el protagonismo o el escándalo, es para darle rectoría, poner las bases, las columnas, los cimientos de nuestra ciudad y aquí las personas no pueden quedarse fuera”.

En el mismo sentido, el jurista José Agustín Ortiz Pinchetti, confió en que el proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y 28 especialistas “sea un buen anteproyecto y que no sea demeritado por el voto corporativo o por los vetos que le pueden imponer para obstaculizar cualquier avance sustancial”.

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