Avanza legalización de asentamientos irregulares en CDMX…pero lento

27 noviembre 2017 11:14 pm

A siete meses de que se autorizara el ordenamiento de asentamientos irregulares en la Ciudad de México, ninguna comunidad en estas condiciones ha pasado a formar parte de alguna delegación de forma legal.

El 17 de marzo de 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó una serie de adiciones a los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan,  Xochimilco e Iztapalapa que les permite regularizar asentamientos ubicados en suelos de conservación.

Con dicha medida se busca dar certeza a las familias ubicadas en asentamientos irregulares y evitar su uso clientelar, a través de la creación de una Comisión Reguladora que determinará la viabilidad de dichos asentamientos.

Sin embargo, el proceso está detenido porque la Comisión creada por el Gobierno capitalino no ha sesionado en la mayoría de las demarcaciones involucradas.

La Comisión de Asentamientos Humanos Irregulares está integrada por los jefes delegacionales en competencia, además de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Protección Civil, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y el pleno del Consejo Ciudadano delegacional; el encargado de convocarlos es el titular de Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez.

Otro de los factores que ha provocado el retraso es que las comunidades interesadas en su regulación deben pagar una serie de estudios que se deben llevar a cabo en la zona y documentos técnicos.

Un problema añejo

Se estima que en la ciudad existen 589 asentamientos humanos irregulares con un total de 40 mil viviendas instaladas en suelo de conservación de nueve delegaciones, algunos de ellos con más de 50 años de existencia, de acuerdo con la Seduvi.

Para regularizarlos, el decreto establece otorgarles la zonificación de uso de suelo como RE (Rescate Ecológico), PE (Parque Ecológico); PRA (Producción Rural Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de Baja Densidad), HRB (Habitacional Rural Baja) y HRC (Habitacional Rural con Comercio en planta baja).

De acuerdo con el diputado Adrián Rubalcava, promotor del decreto, estas comunidades no son consideradas colonias para las demarcaciones, por lo tanto, no les etiquetan recursos para su mantenimiento y si los jefes delegacionales realizan proyectos en ellas incurren en un delito.

“Estamos hablando de que son asentamientos con agua, alumbrado, vialidades y drenaje que obtuvieron a través de los años con apoyos del Gobierno, pero a la hora de la repartición presupuestal dichas zonas no están consideradas.

“De entrada, tendrán presupuesto con lo que podrán exigirle a la autoridad delegacional que les preste los servicios sin la necesidad de que ésta incurra en un delito; hoy en día incurre en un delito al prestar servicios porque no son recursos para esas comunidades”, dijo Ruvalcaba.

Otro de los beneficios de la regularización es que los habitantes contarán con escrituras que demostrarán su propiedad.

Los requisitos

Para regularizar un asentamiento irregular sus habitantes deben de contar con un estudio para determinar la afectación urbana y ambiental, éste debe ser avalado por una institución pública de educación superior.

También deben tener la ubicación georreferenciada del asentamiento con censos de las familias por predio y viviendas; éste debe incluir el número de integrantes, edades y ocupación, los servicios al interior del lote, número de cuartos, y material de la vivienda.

Adicionalmente tienen que presentar un estudio de riesgo realizado por la Secretaría de Protección civil local, y por último un dictamen de factibilidad técnica para la dotación de agua potable, el cual debe ser emitido por el Sacmex.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, las comunidades deben realizar pagos por conceptos de servicios ambientales al Fideicomiso de Asentamientos Humanos Irregulares, creado por la Secretaría de Finanzas, dichos pagos varían de acuerdo a la delegación y el asentamiento humano.

En la lista de espera

Autoridades delegacionales de Tlalpan indicaron que el Instituto de Geografía de la UNAM elaboró 21 estudios de impacto ambiental en el mismo número de asentamientos irregulares, con la intención de su inclusión a la demarcación; sin embargo, la Sedema no los ha declarado procedentes.

En el caso de la delegación Xochimilco, encabezada por Avelino Méndez, informó que ya se crearon propuestas alternas en torno a este decreto, pero no han avanzado debido a que la Comisión de Asentamientos Humanos Irregulares no  ha sesionado. 

En Cuajimalpa, el jefe delegacional, Miguel Ángel Salazar, inició mesas de trabajo con vecinos del asentamiento Ahuatenco, el cual pretende convertirse en una colonia regular.

Juan Álvarez, vecino del lugar, aseguró que durante años han solicitado al Gobierno delegacional la ampliación del drenaje en esta comunidad, pues los desperdicios sanitarios van a parar a un río de la zona.

“El drenaje de nuestra comunidad va directamente a un río y eso está impactando de manera negativa en el tema ambiental. 

“La idea es consolidarnos como colonia para que en un futuro puedan conectar nuestro drenaje con las líneas de abasto de la delegación, porque actualmente esto es un foco de infección para nosotros mismos”, manifestó el vecino.

La contraparte

Sin embargo, no todos coinciden con este decreto, el ingeniero Jesús Cuanalo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales,  aseguró que estas medidas provocan la creación de más asentamientos irregulares que acaban con las áreas de valor ambiental de la ciudad.

“Sería muy factible que el Gobierno expropiara áreas verdes y se destinaran a hacer lugares de reserva ecológica.

“Hay predios a los que se les permite construir un edificio en área de barrancas, pero eso quiere decir que nuestra normatividad tiene huecos que se están saltando y permiten construcciones donde no debería de haberlas”, dijo Cuanalo.

Los asentamientos irregulares en la ciudad se formaron con el encubrimiento de las autoridades delegacionales, explicó Marco Polo Carballo, presidente de la asociación Unidos Sí Podemos Tláhuac, quien aseguró que la mayoría de estos predios fueron otorgados como un pago político.

“La presencia de este tipo de asentamientos pone de manifiesto un acceso inequitativo al derecho a la vivienda que se traducen en rezago social y la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra”, señaló.

Estos espacios generan otra problemática como la inseguridad, debido a la falta de alternativas de desarrollo para sus habitantes y, en especial, de los jóvenes, quienes en muchas ocasiones son coptados por las redes de la delincuencia.

El representante vecinal urgió a las autoridades de la delegación Tláhuac a solicitar la instalación de la Comisión de Asentamientos Humanos Irregulares.

“El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, se encuentra hoy más preocupado por los ataques e investigaciones judiciales por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada que en atender el mandato legal y el reclamo ciudadano”, finalizó.

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