Quieren que extorsiones telefónicas sean delito grave

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24 febrero 2016 11:55 pm

Una llamada telefónica de 40 segundos fue suficiente para convencer a la familia Gutiérrez Martínez de pagar 30 mil pesos en una cuenta bancaria para que dejaran en libertad a su primogénito, el cual, presuntamente, se encontraba secuestrado.

Sin embargo, el joven nunca fue raptado y en el momento que se realizaba la extorsión vía telefónica, él se encontraba viendo una película en el cine; situación que aprovecharon los delincuentes para amenazar a la familia y negociar la cantidad económica.

Este modus operandi se ha afianzado en la Ciudad de México e incluso se ha vuelto más violento, ya que los delincuentes se hacen pasar por integrantes de grupos delictivos del crimen organizado.

Sin embargo, las extorsiones telefónicas son consideradas delitos no graves, por lo que las personas que llegan a ser detenidas alcanzan el derecho a fianza.

Por esta razón, en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) ya se cocina una iniciativa que busca endurecer las penas sobre todo si se emplean amenazas que hagan creer a las víctimas que hay intervención del crimen organizado.

A principios de este año, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública encendió los focos rojos por este delito, pues se ha incrementado considerablemente en los últimos años, a pesar de las diversas estrategias y recomendaciones que se han realizado en esta materia.

El factor sorpresa, abundó, es hacerse pasar por integrantes del crimen organizado para lograr su objetivo: cobrar una fuerte cantidad de dinero alegando el secuestro de algún pariente cercano.

Su presidente, Luis Wertman Zaslav, aseguró que en las mediciones oficiales y civiles que se han elaborado sobre seguridad pública existe un común denominador: la extorsión, y la modalidad telefónica ha ganado terreno.

“Es muy probable que a estas alturas, alguien cercano a ti hayan sido víctimas de este tipo de extorsión. Sea la hija o hijo que llaman en la madrugada porque están secuestrados o detenidos por una organización criminal que amenaza con hacerle daño a tu familiar”, opinó Wertman Zaslav.

Manuel Ballesteros, diputado del PRD en la ALDF e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que en la Ciudad de México existen distintas bandas criminales que han adoptado este modus operandi, ya que difícilmente son detectados por las autoridades locales y, en caso de que sean detenidas, alcanzan fianza, por lo que reinciden tiempo después.

Por ello, el asambleísta propuso una reforma al artículo 236 del Código Penal del DF donde establece endurecer la penas, pasando dos a seis años de prisión.

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayores de 60 años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.

Asimismo, propone que las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público, miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada, a quienes además se les aplicaría la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

Francisco Hoyo, integrante del Consejo Ciudadano Seguridad Pública, explicó que este delito no requiere de demasiada infraestructura, más allá de teléfonos celulares y la capacidad de provocar miedo entre las posibles víctimas y otros mecanismos como cuentas bancarias para el cobro de la extorsión.

Por lo que más allá de endurecer las penas o iniciar una persecución del delito, es importante que primero se inicie una política de prevención y que los ciudadanos denuncien ante las autoridades correspondientes.

“Hay gente que puede estar extorsionando en la ciudad desde diferentes entidades del país; la tecnología ha facilitado a los delincuentes innovar. Los extorsionadores pueden ser cobardes, deleznables…todos los adjetivos que puedan tener, pero no son tontos”, expresó.

Precisó que las tácticas van cambiado porque mucha gente ya sabe cómo responder a estas llamadas y denunciarlas, por ello urgió a incrementar las campañas de difusión e información para evitar fraudes y extorsiones de esta naturaleza.

Francisco Hoyo reiteró la importancia de que las compañías de celulares y empresas establezcan candados en los celulares que son robados y con ello se evite que los criminales reciclen los números, los cuales utilizan para realizar las extorsiones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la extorsión es el segundo delito que más se comete y 70% se realiza vía telefónica.

El Reporte de Índice Delictivo de la Ciudad de México (RINDE) indica que durante el año 2015 se reportaron 283 mil 245 extorsiones telefónicas, 41.7 % más respecto al año pasado, siendo la madrugada cuando más se cometen.

El reporte señala que los argumentos que principalmente usan los extorsionadores es el del secuestro de un familiar con 29.94%, mientras que 20.71% dicen ser integrantes de una organización criminal y 14.72% se realizan vía mensaje de texto.

El depósito a una cuenta bancaria es el modo más utilizado por los delincuentes para recibir el pago por parte de las víctimas y el Consejo Ciudadano informó que se detectaron 130 mil números telefónicos para extorsionar.

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