Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo van contra cárteles inmobiliarios de CDMX

Foto: Nairobi Aguilar

El origen de la reforma se debe a la constante violación de las disposiciones legales y reglamentos de construcción por parte de las constructoras y propietarios de inmuebles.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentaron una reforma constitucional que sanciona a todo aquel que viole sellos de suspensión, incluidas las inmobiliarias corruptas.

En conferencia de prensa conjunta, los alcaldes, junto con el diputado local José de Jesús Martín del Campo, indicaron que esta iniciativa busca endurecer la norma en construcciones, inmuebles y establecimientos mercantiles con penas de 5 a 12 años de prisión para quienes no respeten las leyes de desarrollo urbano de la Ciudad de México.

Señalaron que esta reforma nace de una constante violación a las leyes y reglamentos de construcción por parte de empresas constructoras y poseedores de inmuebles, por lo que era necesario reforzar la ley en esta materia.

«El objeto es frenar el abuso, garantizar el cumplimiento de la ley e inhibir el comportamiento delictivo», aseguró Romo.

A su vez, el alcalde admitió que la autoridad muchas veces se ha visto rebasada por lo que él llamó el ‘cártel inmobiliario‘.

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Dichas adiciones estarán contenidas en las Leyes de Desarrollo Urbano y de Extinción de Dominio, así como en el Código Penal, las cuales contendrán mayores penas, del tipo penal, para aquellos que violenten el estado de clausura.

Romo también denunció que grandes desarrolladores, asesorados por despachos y dueños de establecimientos, suelen retirar estos sellos por las noches, ignorando las determinaciones de Protección Civil de ambas alcaldías.

Foto: Nairobi Aguilar

Dijo que, hasta el momento, su administración ha suspendido 70 obras de construcción y en 25% de los casos detectó prácticas de corrupción.

Por su parte, la alcaldesa Layda Sansores indicó que en Álvaro Obregón se han suspendido y clausurado 171 por diversas irregularidades, pero el problema no termina ahí, pues aseguró que el delito no sólo consiste en arrancar el sello, sino en continuar con la obra.

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«Se debe ser más exigente. Se vuelve muy complicado el proceso de investigación y ya cuando lo logras, ellos pueden seguir trabajando a oscuras. Estamos proponiendo la extinción de dominio en casos excepcionales de construcciones que podrían traer riesgo a la comunidad».

Puso como ejemplo la Presa Anzaldo, a quien la alcaldía Álvaro Obregón sólo le otorgó un permiso de mitigación; no obstante, la empresa continuó con la construcción ilegal.

«No hay respeto a la institución y eso para mí es lo más grave. Si se pone un sello este debe ser respetado. Esto se hizo durante mucho tiempo porque había corrupción, ni siquiera pedían permisos de construcción», expresó Sansores.

Finalmente, el diputado José de Jesús Martín del Campo señaló que esta iniciativa será enviada a comisiones para su discusión en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso capitalino.

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