Profesionalismo para la reconstrucción

6 diciembre 2017 3:36 pm

La Ley de Reconstrucción de la CDMX prevé el aumento de 35% de superficie construible adicional al existente antes del 19S, sujeto a revisión por parte de los funcionarios y a la aprobación por consenso de los propietarios del predio colapsado o demolido, pero me asalta una inquietud, ¿quiénes serán los servidores públicos que aplicarán esta Ley?

Analizando el perfil de responsables de las Direcciones de Obras y Desarrollo Urbano de las 16 delegaciones, es decir, quienes aprueban en última instancia una construcción, encontramos que menos de la mitad cuentan con carreras afines a la construcción y el desarrollo urbano. En la revisión de la información pública hallamos que tres de ellos son abogados, tres arquitectos, cuatro ingenieros, un economista y cinco, sí, cinco funcionarios apenas cuentan con el bachillerato terminado.

Por ello, aquellas profesiones de cuyo ejercicio se derive la seguridad de la población deberán ser reguladas por las leyes y reglamentos competentes, y esto incluye tanto al profesionista en ejercicio particular como a aquellos que presten una función pública. Se entiende que debe existir un servicio profesional de carrera que garantice la competencia de quienes están al servicio del público y de la sociedad y por encomienda legal ejercen algún tipo de autoridad derivada de su cargo.  ¿Por qué entonces tenemos funcionarios incompetentes en el puesto del que dependen las obras y el desarrollo urbano de las delegaciones?

Resulta que la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública de la CDMX está diseñada para promover el desempeño profesional de los servidores públicos y no para vigilar y garantizar que la sociedad cuente con personas competentes para el puesto que ejercen.

Como sociedad tenemos que vigilar y denunciar cualquier viso de incompetencia profesional y corrupción. Si como ciudad queremos evolucionar, debemos exigir del servicio público la competencia probada y honestidad debida.

Para esto contamos con herramientas e instituciones que pueden y deben coadyuvar a ser árbitros, agentes y asesores del Estado en su conjunto, como los colegios y asociaciones gremiales y profesionales.

Hoy podemos regresarle a la CDMX la grandeza arquitectónica y urbana que en otras épocas ha tenido, por el enorme crecimiento de la actividad inmobiliaria, porque hay cicatrices urbanas dejadas por los sismos que podemos potenciar y embellecer, tenemos una gran oportunidad de conciencia social y el ejemplo del poder que, bien guiado, puede ejercer la sociedad para exigir una función pública honesta, capaz y comprometida.   

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