En el marco de la clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, escribo esta columna aún con un amargo sabor de boca respecto de lo que hemos avanzado en materia legislativa, a fin de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La Organización Mundial de la Salud nos dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Está de más decir que un ambiente libre de violencias es la condición deseable en la cual debemos desenvolvernos los seres humanos de forma cotidiana.

Pero pareciera que la violencia es una conducta inherente a nuestra cotidianidad, y la podemos encontrar en diferentes presentaciones: violencia familiar, violencia escolar y laboral, violencia en contra de los animales, violencia en redes sociales, violencia policial, violencia política en contra de la mujer en razón de su género. Nos es tan normal la violencia, que conforme vamos identificando una nueva presentación vamos rebautizándola para tenerla plenamente identificada.

En mayor o menor medida todas las sociedades presentamos violencia, ya sea por acción, omisión u tolerancia. Los comportamientos amenazantes en los seres humanos son algo que ha acompañado nuestra evolución histórica, pero de esta misma evolución se esperaría que a mayor desarrollo de nuestras sociedades, menor debería ser el índice de violencias presentes en las mismas; lamentablemente para nuestra sociedad, pero sobre todo para nosotras las mujeres, aún no nos encontramos en ese nivel estadio. 


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La violencia en contra de las mujeres se presenta como un cáncer enquistado en lo más profundo de nuestra cultura, y esto no es exclusivo de jóvenes o adultos, ni de personas con un menor o mayor nivel socioeconómico, ni de hombres o mujeres, hay legisladores que violentan, hay jueces que violentan, hay notarios que violentan, hay gobernadores que violentan, y ojo acá: TAMBIÉN HAY MUJERES QUE VIOLENTAN A MUJERES.

Yo soy partidaria del término sororidad (fraternidad femenina), pero estoy segura que "respirar profundo" o "pedir con todo el corazón" no es el camino más adecuado parar acabar con la violencia, no podemos negociar el que los golpes sean menos fuertes, el que los gritos sean menos estrepitosos, ni el que las amenazas sean menos agresivas, ni que las muertes sean menos violentas.     

Volviendo al tema de las leyes, la recién reformada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera que la violencia contra la mujer se puede expresar de manera psicológica, física, patrimonial, económica y/o sexual. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, apartado B, reconoce el derecho que tiene toda persona a vivir libre de las amenazas generadas por el ejercicio de las violencias.


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Pero entonces: ¿Qué sucedió en el Congreso de la CDMX?, teníamos la tarea de modificar (armonizar), un conjunto de leyes aplicables para la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre estas se encuentran la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, el Código Penal y particularmente las reglas electorales contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX, el cual contiene las reglas aplicables al próximo proceso electoral ordinario que arranca en el mes de septiembre de este mismo año.

Es aquí donde comenzó una carrera contra el tiempo, por mandato constitucional cualquier reforma que impacte en el proceso electoral debe de publicarse con mínimo 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral, esto conviene así para que los participantes (instituciones, partidos políticos y candidaturas) tengan certeza acerca de las reglas del juego que les serán aplicables.

El término de los 90 días feneció el pasado 31 de mayo, día que coincidió con la clausura de los trabajos del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, el dictamen que debería haber sido discutido y votado por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Político Electorales no fue aprobado en tiempo y por ello tampoco pasó al Pleno para su votación. Dato importante, el día comenzó con una sesión en la que al interior de la Junta de Coordinación Política un legislador se refirió a una legisladora bajo el término de "trepadora", éste es sólo un botón de muestra de la urgencia del tema que nos ocupa. 

Del ¿por qué? no se materializó en Decreto el marco jurídico que atenderá la violencia política en contra de las mujeres tiene muchas explicaciones, algunos se inclinan por la falta de oficio político de quien encabezó los trabajos, y me refiero a lo político, ya que la necesidad de avanzar sobre el tema es unánime, pero aún con la unanimidad que acompaña una causa tan justa el consenso no se logró.

Otros atribuyen la falta de reformas a una razón meramente de técnica legislativa, las reformas en este tema responden a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el pasado mes de abril. Las reformas en una entidad federativa deben ir acordes con el marco jurídico general, deben de respetar las esferas de competencia de otras autoridades como lo son el INE o el Poder Ejecutivo local, para efecto de no dar lugar a recursos ante el poder judicial que puedan declarar sin efectos lo ya reformado.

Sea la conducción política, sea la pulcritud técnica, al momento no tenemos un marco jurídico actualizado en materia de Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género. Para el próximo proceso electoral las mujeres de la Ciudad de México (ya sea por acción, omisión u tolerancia) no contaremos con herramientas jurídicas que garanticen el acceso a una vida libre de violencia política por razones de género, y esto lamento decirlo, también es violencia contra la mujer, esta vez en presentación de omisión legislativa.