Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, fue atacado por un grupo de sicarios, quienes fracasaron en su intento de asesinarlo. Más allá de la afortunada conjunción de hechos que permitieron salvaguardar la vida del jefe policiaco, lo cierto es que se trata de un hecho inusitado merecedor de repulsa, el cual debe mover a la preocupación, pero también a repensar la política de combate al crimen impulsada por el gobierno del presidente López Obrador.

Ha quedado claro que la política de "abrazos no balazos" se ha agotado, ya que los índices delictivos y la sevicia van en aumento en casi todo el país. El atentado dejó ver la necesidad de aplicar el uso racional de la fuerza en contra de quienes disputan al Estado el ejercicio de la violencia, sin que esto deba ser entendido como represión. Si el paradigma morenista en materia de seguridad pública está reiterando sus flaquezas, queda por ver qué es lo que puede hacerse. En primera, reconocer que la violencia no comenzó con el gobierno de Felipe Calderón, y segunda, que nuestros gobernantes han fallado en su obligación de protegernos.


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El avance de la violencia criminal ha sido lento, pero consistente y su punto de inflexión se remonta a los ochenta, cuando quedó al descubierto la colusión entre funcionarios públicos y narcotraficantes, tras el asesinato de Enrique Camarena y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, institución cuya genética criminal aún nos alcanza. A partir de entonces, el poder de las organizaciones delincuenciales ha ido en aumento al igual que la incapacidad gubernamental para enfrentar el problema.

La seguridad pública constituye una facultad concurrente que involucra a la Federación, los Estados y los municipios, cuya titularidad recae en servidores públicos emanados de todos los partidos y es el caso que la violencia se ha expandido a la par de la pluralidad política, por lo que es correcto afirmar que, salvo algunas excepciones, el fracaso en este rubro es compartido de igual forma por PRI, PAN, PRD, MORENA y a quien usted se le ocurra. Es decir, más allá de siglas, personajes y coyunturas, estamos frente a un problema sistémico.

Si la problemática ya peina canas y rebasa a individuos y siglas, sería de esperarse que todos los partidos convinieran en sumar recursos y estrategias a fin de caminar juntos en contra del crimen, sin que ello les implique renunciar a la crítica o a la toma del poder. Un acto de humildad y unión como el que proponemos resultaría deseable, pues en medio de las balas se encuentra inerme la población. Ejercicios como el aquí propuesto tienen antecedentes en otros países y un ejemplo de ello lo es el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo del 8 de diciembre del año 2000, suscrito por los partidos Popular y Socialista Obrero Español con la finalidad de enfrentar a la organización Euskadi Ta Askatasuna, ETA. Dicho acuerdo expresó no sólo el deseo de combatir al terrorismo en unidad, sino la necesidad de proteger a la democracia de sus enemigos y preservar los derechos humanos de los habitantes del reino. El convenio también se tradujo en el aislamiento de aquellas organizaciones partidistas que, desde la legalidad, consentían los bombazos y asesinatos cometidos en contra de civiles o agentes del orden, aunque tal vez uno de sus mayores logros haya sido erradicar de la conciencia colectiva cualquier asomo de justificación al terrorismo. No fue un documento perfecto, pero algo bueno dejó.

Quizá sería hora de que nuestros políticos hurgaran en el pasado reciente español para trasladar lo mejor de éste a nuestra realidad.