La renuncia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, no fue sorpresiva para nadie. Sus aspiraciones políticas fueron evidentes desde el primer día; de hecho, su nombramiento como secretario parecía ser parte del plan.

Vale la pena recordar que abandonó su escaño en el Congreso apenas unas semanas después de haber rendido protesta como Senador de la República.

Lo que tampoco resulta sorpresivo, dada la continuidad –e incluso la profundización– de la misma estrategia fallida de los últimos dos sexenios, son los nulos resultados con los que se retira para contender por la gubernatura de Sonora. Y es que se puede renunciar al cargo, pero no a la responsabilidad.

Con el cambio de administración hubo muchas expectativas sobre un supuesto giro en la estrategia de seguridad pública que habría de instrumentarse en el país para acabar con la violencia que nos azota. Cuando asumió el cargo que ahora deja vacante, Durazo prometió resultados en tan sólo seis meses para después rectificar, señalando que se lograrían “niveles razonables de tranquilidad en tres años”.

El tiempo para la ansiada tranquilidad que exigen las familias mexicanas ni siquiera ha transcurrido, pero el futuro candidato de Morena abandona su responsabilidad para dejar la seguridad ciudadana en manos de la fortuna, tal como parece haberlo hecho durante dos años.

Contrario a todas las expectativas y los compromisos de campaña, la seguridad del país se ha militarizado a niveles sin precedentes, con ello, han aumentado también las dolorosas cifras del crimen organizado, alcanzando vergonzosos récords históricos.

El acuerdo de militarización del país durará al menos hasta 2024, aunque los hechos muestran que muy probablemente decidirán prolongar ese periodo, pues lejos de fortalecer las instituciones civiles a cargo de la seguridad, se han otorgado cada vez más facultades a las Fuerzas Armadas. El Ejército no sólo controla a una Guardia Nacional integrada mayoritariamente por militares en activo, también ha asumido el control de las aduanas y tiene la encomienda de construir todo tipo de obras públicas, desde hospitales y sucursales bancarias hasta el nuevo aeropuerto. Cada vez resulta más evidente la excesiva delegación de tareas civiles, que desvirtúan su misión y su esencia.

Mientras tanto, la violencia crece y se recrudece. En lo que va del sexenio se registran más de 43 mil vidas perdidas por homicidios dolosos. No tenemos que ir muy lejos para constatar la dimensión del fracaso, el segundo fin de semana de octubre de este año ha sido el más violento, 273 personas fueron asesinadas.

Aunque el secretario Durazo ha declarado que “la inseguridad en nuestro país tiene remedio”; que hemos dejado atrás, de manera progresiva, los días más negros de la inseguridad; y que está cada vez más cerca el día que nos veremos caminando libres por las calles; la realidad es que las cifras lo contradicen.

La tasa de homicidios en México se mantuvo en su nivel más alto en 2019 cuando cada 15 minutos una persona fue asesinada. Las cifras del 2020 no se alejan mucho. Además de esta alza en el número de homicidios, se observa una baja en las sentencias condenatorias por este delito, lo que demuestra altos índices de impunidad.

De enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios en el país, lo que representa un aumento de 9.2% en comparación con los feminicidios registrados en los primeros seis meses de 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los registros de la violencia feminicida no han dejado de crecer en los últimos años: en 2017 se cometieron 736 de estos crímenes y en 2018 fueron 861. Lamentablemente, el año 2019 presentó 940 casos; por lo que es, hasta el día de hoy, el año con el mayor número de feminicidios.

Probablemente, al asumir el cargo, el secretario se imaginó como el futuro candidato perfecto: el hombre a cargo de la novedosa estrategia de seguridad que comenzó a pacificar el país después de años y años de guerra, contaría con toda la legitimidad posible para pedirle su confianza a las y los sonorenses.

Sin embargo, la realidad siempre se impone. Desplazado por las Fuerzas Armadas; ridiculizado por el vergonzoso episodio que representó el llamado “culiacanazo” que terminó en la liberación de Ovidio Guzmán López; superado por un récord histórico en los índices delictivos que se mantuvieron en aumento a pesar del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria, ese es el retrato del funcionario que ahora pretende competir en un proceso electoral.

En política las aspiraciones son legítimas, pero las responsabilidades son ineludibles. Es cierto: el fracaso del actual Gobierno en materia de seguridad no es –ni pretendemos que lo sea– una responsabilidad exclusiva del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero sí lo es la decisión de renunciar a su cargo en un momento crítico.

En los próximos días, el secretario habrá de comparecer ante el Pleno del Senado de la República. Frente a la máxima tribuna del país, tendrá que enfrentar los cuestionamientos, las críticas y los planteamientos de la oposición. Sin embargo, su mayor reto será comparecer en las urnas, ahí tendrá que rendirle cuentas a quienes verdaderamente importan: las y los ciudadanos.

Senador de la República

Presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana