Las niñas, niños y adolescentes cuyos padres, madres o principales cuidadores se encuentran privados de su libertad, son un grupo vulnerable que debe ser reconocido y protegido por el Estado mexicano.

En nuestro país, existen dos grupos de menores en contacto con el sistema de justicia penal y penitenciario. El primero, integrado por aquellos infantes que viven con sus madres al interior de los centros de reclusión, y el segundo, conformado por aquellos menores fuera de dichas instituciones cuyos progenitores se encuentran purgando una pena.

En ambos casos, las condiciones de violencia, inseguridad, abandono, discriminación e incluso marginación, en la que se ven envueltos por la falta de sus principales cuidadores, afectan derechos tan esenciales como una adecuada alimentación, salud, educación, desarrollo integral, seguridad jurídica e incluso una vivienda digna.

Durante décadas, se ha olvidado a la niñez y adolescencia que viven en esta especial situación, por lo que la labor a la que se enfrentan las autoridades es crucial. No sólo se deben reconocer como un grupo que requiere vigilancia y protección especial, sino que se deben generar las condiciones adecuadas para un correcto desarrollo con el presupuesto suficiente para lograrlo.

En los últimos meses, se han realizado recortes presupuestales a toda la Administración Pública federal, y es vergonzoso que instituciones tan elementales como las de prevención y readaptación social, también sufran estas medidas que ponen en riesgo su operatividad y sobretodo, se vulneren los derechos de los menores al no contar con las condiciones adecuadas para su sano desarrollo.


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El año pasado, la organización civil Reinserta publicó el “Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión”, y las cifras son abrumadoras. Existen 10 mil 589 mujeres privadas de su libertad, de las cuales, el 82.5% son madres y lamentablemente los centros penitenciarios no cuentan con la infraestructura para que sus hijas e hijos menores puedan llevar a cabo las visitas que por ley tienen derecho a realizar. De igual forma ocurre con los hombres, en cuyo caso, al menos 3 de cada 10 tiene en promedio dos hijos y el sistema penitenciario no fomenta que mantengan sus vínculos familiares.

Aunado a ello, las niñas y niños son testigos de las detenciones de sus progenitores. En el caso de las mujeres, declararon que sus hijas e hijos lo han presenciado en un 35%, mientras que en el caso de los hombres, ha sido en un 16%. Se debe prever un mecanismo de detenciones que no vulnere a los menores, así como un seguimiento institucional de acceso a programas sociales y políticas públicas focalizadas que garanticen su integridad física, psicológica y emocional, evitando así una violación a sus derechos fundamentales.

Sin duda, para lograr que la niñez que se encuentra en contacto con el sistema de justicia penal y penitenciario tenga un desarrollo saludable y sean miembros productivos de la sociedad, no es una tarea sencilla. Todos los esfuerzos deben enfocarse en asegurar el desarrollo de los menores en un ambiente con seguridad, cuidado, estructura y sobre todo con experiencias ya sea emocionales, cognitivas, sociales o conductuales enriquecedoras. El compromiso es con la niñez de nuestro país.