Cada mañana, de lunes a viernes, sobre las 7 horas se abre el telón y da inicio el ya acostumbrado espectáculo de desinformación y manipulación del gobierno federal. Un cordial saludo es el banderazo con el que comienza el orden del día de la agenda personal y política del presidente, cada día más alejada del proyecto de Nación que lo llevó al poder.  

Con falaces anuncios que pretenden disfrazar realidades de desigualdad e injusticia, así como acabar con críticas, acallar denuncias y hasta imponer "datos", se ha minimizado la violencia contra las mujeres, desacreditado las demandas de justicia social y disimulado el manejo de los recursos federales.

Al respecto, el 24 de febrero de este mismo año el primer mandatario criticaba el proyecto del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, que significó un contrato por siete mil 038 millones de pesos (pagaderos hasta 2034) para el Consorcio Teya-IGSA, negocio del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favoritos del ex presidente Enrique Peña Nieto, el de la famosa Casa Blanca.

"Son de esas cosas abusivas que se hicieron, que ya no se permiten. En el caso de los medicamentos que no se pague tanto como sucedía con los monopolios que existían, ahí no se ayuda(ba) en nada las pequeñas empresas. Eran tres grandes monopolios los que tenían el control de las ventas de medicinas y materiales de curación", declaraba al respecto el presidente, como acostumbra a hacerlo sin pruebas que lo respalden pero con una gran aceptación social, ejemplo de la efectividad de su labor de comunicación política; para señalar que la entrega de contratos a grandes y consentidas empresas ya no existe en su Gobierno.

Desafortunadamente para el mandatario, los recursos de transparencia y rendición de cuentas con los que contamos nos permiten saber que desde el inicio de su administración, una de las empresas favoritas del pasado y justo la que denunció en febrero, IGSA, tiene al menos 10 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por más de 300 millones de pesos.  


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De acuerdo con la información vertida en CompraNet, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas, con los códigos 2018441, 2057450, 2227537, 2227547, 2222122, 2255172, 1982757, 2214243, 2293453 y 2249121 se entregaron contratos a IGSA Medical Services S.A. de C.V. por un monto de $335,022,752. De éstos, tan sólo dos contratos se entregaron bajo licitación pública, los demás fueron adjudicación directa.  

Sin embargo, bajo el código de expediente 2004129 y los números de contratos 2255654 y 2255662, la base de datos del portal CompraNet tiene registrada la entrega de $128,385,386 más a la compañía por "Servicio Médico Integral Hemodiálisis Subrogada", pero la información de dichos contratos se encuentra incompleta en el sitio web para poder afirmar esa cantidad.

Es decir que, en total, durante esta administración, el IMSS y el ISSSTE le habrían entregado a IGSA, una de esas grandes empresas a las que el presidente les anunció el fin de sus contratos millonarios, un monto de $463,408,138 en un año y medio de esta Administración Pública.

Cuando un Gobierno con el respaldo democrático más grande en la historia reciente utiliza su legitimidad para mantener privilegios a los de siempre, está en riesgo la continuidad misma de nuestro sistema democrático. Especialmente, si es un gobierno que llegó al poder gracias al hartazgo de la ciudadanía por la impunidad que marcó a las administraciones previas.

Los comicios electorales ya iniciaron, y el presidente parece desconfiar en mantener la popularidad que lo cobija y le permite mantenerse alejado de la fiscalización a la que debería someterse. Teorías conspiratorias que lo victimicen seguirán saliendo a la luz por ello no queda de otra más que insistir en que contra la corrupción, más transparencia y contra la desinformación, rendición de cuentas. Esa es nuestra convicción; pero, sobre todo, nuestra responsabilidad.


**Senador de la República. Presidente de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia y Participación Ciudadana