La militarización de las tareas de seguridad pública en nuestro país es un ejercicio que va contra corriente de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, cada vez son más los Gobiernos que deciden usar a las fuerzas armadas para cumplir funciones que deberían estar a cargo de instituciones civiles.

De acuerdo con un estudio sobre 200 países elaborado por Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública, los tipos de mando que se ejercen en las corporaciones de seguridad pública a nivel mundial se pueden dividir en cuatro categorías.

La información publicada señala que en 134 de los 200 países rige un esquema de provisión de seguridad completamente civil, coordinado por un cuerpo como la Policía Nacional o uno afín. En 33 países, el mando de las corporaciones de seguridad es primordialmente militar u obedece esquemas militares de operación. En 17 países tienen un modelo en el que las tareas de seguridad se ejecutan por un cuerpo con mando civil y uno con mando militar. Finalmente, en 16 países las tareas de seguridad son compartidas entre un cuerpo civil (como la Policía Nacional), y uno militarizado (como una Gendarmería); sin embargo, la mayoría de las tareas son ejecutadas por la autoridad civil por lo que se trata de un sistema predominantemente civil.

Como se puede observar, la tendencia global es clara: en el 75% de los países rigen los mandos civiles, mientras que en países como Corea del Norte, Siria, Chad, Yemen o Irán –todos ellos con Gobiernos dictatoriales– rigen los mandos militares.

En México la militarización no sólo de la seguridad pública, sino también de labores como la administración de aduanas y puertos; la construcción de obra pública; y la ejecución de contrataciones públicas de la más diversa índole, es una realidad cotidiana muy contraria al progresismo que pregona el actual Gobierno.

Si bien la participación de las fuerzas armadas permanentes en las políticas nacionales de seguridad podría ser viable y válida bajo condiciones excepcionales y extraordinarias, otras acciones de Gobierno deben ser 100% civiles, sin excepción alguna.

Sin duda, las fuerzas armadas ofrecen un “camino fácil” a los Gobiernos, que prefieren poner la seguridad pública en manos de los militares, antes que fortalecer –o construir– instituciones policiales eficientes de carácter civil, que actúen bajo un marco jurídico claro, estén sujetas a responsabilidades civiles y tengan obligaciones de rendición de cuentas. Pero el camino fácil no siempre es el más efectivo.

Durante poco más de un año, la estrategia nacional de seguridad de nuestro país se ha encargado a nuestras fuerzas armadas –por supuesto, con sus elementos uniformados con los colores de la Guardia Nacional–. Podría pensarse que los buenos resultados justifican la participación de los militares en la estrategia; sin embargo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan sólo hasta agosto de 2020 se han cometido 28 mil 843 homicidios, 626 feminicidios y 403 mil 388 robos. Estos números se acercan rápidamente –probablemente lo superen al cierre del año– al total de crímenes cometidos durante 2019, que registró 44 mil 804 homicidios, 933 feminicidios y 765 mil 956 robos.

Hay que decirlo: la militarización no ha tenido buenos resultados en términos de disminución de los índices delictivos; al contrario, la violencia recrudece y la criminalidad aumenta. Los mexicanos no merecemos eso, merecemos paz.

En este sentido, la seguridad púbica se ha convertido en una relación basada en el poder de las armas y caracterizada por el abuso de ese poder. Como resultado, la desconfianza de la ciudadanía en los elementos responsables de velar por su seguridad es cada vez mayor. Nuestros policías no merecen eso, merecen dignidad.

Romper ese paradigma y replantear la estrategia nacional de seguridad es un deber impostergable de todos nosotros. Representa uno de nuestros más grandes compromisos con la ciudadanía: hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes.

Un gran ejemplo es el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Por muchos años, Ciudad Neza fue sinónimo de violencia e inseguridad. Sin embargo, gracias a la instrumentación de una sólida estrategia de seguridad ciudadana basada en la proximidad social, la dignificación del trabajo policial y la colaboración entre el Gobierno y la ciudadanía, Ciudad Neza logró reducir la incidencia delictiva en 64%: la mayor reducción en todo el país. Todo esto durante los años de mi administración como presidente municipal.

Los resultados fueron reconocidos en Chile, España y Estados Unidos. En México, la Policía Municipal de Nezahualcóyotl fue galardonada con el premio “Gobierno y Gestión Local 2015”, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por su modelo policial de proximidad vecinal. Incluso la Secretaría de Gobernación lo reconoció como el mejor modelo de seguridad ciudadana.

Este caso de éxito es la muestra de que se pueden obtener buenos resultados con buenas estrategias. Ciudad Neza nos recuerda que es posible construir seguridad desde la paz. Llegó el momento de transitar hacia una verdadera seguridad ciudadana: una seguridad construida desde la paz.

Desde el Senado, estaré trabajando por hacer realidad esa posibilidad para todas y todos.

 

Presidente de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia y de Participación Ciudadana