Lo primero que el Gobierno y su partido deben contestar con verdad es si realmente quieren la consulta de revocación de mandato: a juzgar por los hechos parece que no, que sólo se trata de una estratagema para propinarle otra estocada al INE.

Bajo el argumento insostenible en una democracia de que "el presupuesto es mío", el grupo parlamentario de Morena aplastó con su mayoría a una oposición, cuyos argumentos sobre más de 2 mil reservas no lograron cambio alguno al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022. A cambio, cruzaron fuego de pancartas en las que brillaron reclamos e insultos.

Morena se esmeró en hacer prevalecer el recorte por más de 8 mil millones de pesos al poder judicial y al INE, institución que resultó con la disminución más grande en sus más de 30 años de historia: 4 mil 913 millones, el total de recursos solicitados para organizar la revocatoria de mandato más otros mil millones, supongo de recursos previstos para posibles consultas populares del próximo año.

Al final, la revocatoria de mandato está generando demoledoras tensiones para la autoridad electoral que tuvo que realizar diversos ajustes a sus lineamientos para organizar la consulta. La fecha de la jornada de votación fue movida del 27 de marzo al 10 de abril de 2022, por lo que la recopilación de firmas podrá realizarse entre el 1 de noviembre y el 25 de diciembre de este año, indistintamente tanto en papel como en la aplicación, y su verificación se deberá concluir el 3 de febrero próximo para emitir la convocatoria al día siguiente.

Más allá de los problemas logísticos, la verdadera disputa está en el terreno político. El presidente y su partido saben que ningún ejercicio de democracia directa es barato, menos, si como en el caso de la revocatoria, la ley dice que deben instalarse, al menos, el mismo número de casillas de la elección anterior, con garantías de confianza y credibilidad. Eso cuesta, exige recursos, lo saben y por ello la negativa para autorizar las partidas necesarias significa una trampa para degollar al INE, para responsabilizarlo por una organización "deficiente" o "insuficiente".

Los promotores de la revocatoria no persiguen un interés genuino para conocer la valoración ciudadana a la gestión gubernamental, buscan, coincido con otros analistas, la realización de una encuesta de popularidad que indique el nivel exacto de apoyo que el presidente tiene para avanzar en la segunda parte de su mandato y para conducir con absoluto control la adelantada sucesión presidencial con candidata visible.

El presidente pidió organizar la consulta para atender sus compromisos de campaña, para demostrar el respaldo popular del que goza, porque cree que el resultado le favorecerá ampliamente, de ahí sus desplantes en las mañaneras. Nadie se imagina lo que ocurriría si la votación le resultara adversa. La realidad es que no sabemos si habrá o no ejercicio de revocatoria, ¿qué hará el INE sin recursos?

Ojalá que esto no sea el preámbulo para desaparecer al INE y sus logros, regresando al esquema de los ochenta cuando el Gobierno organizaba las elecciones, en el fondo esa es la apuesta, cuya materialización sólo sería posible con votos de la oposición ¿Se prestarían a eso traicionando el respaldo ciudadano recibido en junio pasado? Lo esperable es defender la institucionalidad democrática.

*Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.