Sin moverle una coma; como ya es la costumbre de los diputados que integran la  mayoría conformada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión; se aprobó en días pasados la iniciativa preferente, enviada por el Ejecutivo, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Dicha reforma está orientada principalmente a privilegiar a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación y aprovechamiento de la energía eléctrica, frente a los generadores particulares de energía limpias; otorgándole, además, la facultad de revocar permisos de autoabastecimiento.

Se plantea en la reforma, modificar el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENECE), para quedar en prioridad, en ese orden, el despacho de Energía Producida por las Hidroeléctricas, la Energía Generada en otras Plantas de la CFE, la Energía eólica o solar de particulares y, finalmente, las centrales de Ciclos Combinados de empresas privadas.

Como las centrales hidroeléctricas no podrán satisfacer la demanda de electricidad del país, serían las plantas de la CFE las beneficiadas, siendo estas plantas las que generan la energía a partir del combustóleo y el carbón, haciéndola mas contaminante y con costos más altos.  

Los diputados de Acción Nacional alzamos la voz, porque consideramos que la reforma atenta contra la economía de las familias mexicanas, así como en contra de la certeza jurídica, el crecimiento económico y el bien común; beneficiando a una empresa estatal por encima del interés común y social.

Una de los principales consecuencias de la nula competencia en la generación de energía, será necesariamente un incremento en las tarifas eléctricas, golpeando a la economía de las familias mexicanas, ya de por sí deteriorada por los efectos de la pandemia del Covid 19.

Además, la reforma propuesta privilegia una mayor proporción de energía contaminante y más costosa en el país, ya que la CFE es de las pocas entidades nacionales que utilizan la quema de combustóleo altamente contaminante. Lo anterior, en perjuicio de las empresas que han invertido en la generación de energías limpias.

La reforma retorna, además, al monopolio energético. Las voces más estridentes refieren que se trata de una expropiación disfrazada. En este punto es importante destacar nuevamente que a Morena y sus aliados, cuando se trata de complacer al Presidente, no hay ninguna sola voz que importe. El Parlamento Abierto que se llevó a cabo, fue una farsa y un circo que se montó para aparentar que se escucha a los ciudadanos y a los especialistas.

Por otro lado, la propuesta del ejecutivo además pasa por alto que la reforma es contraria a la Constitución y a diversos compromisos que México tiene como el TMEC, el Acuerdo Transpacífico (TIPAT), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) y el Acuerdo de París; con las consecuencias graves que esto conlleva y la pérdida de confianza de los inversionistas globales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que “la nueva política energética de México, publicada por la Secretaría de Energía en mayo de 2020, otorga una ventaja exclusiva e indebida a la Comisión Federal de Electricidad”.

Fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien avaló por mayoría de cuatro votos el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, en relación con la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), siendo la iniciativa del Ejecutivo presentada, también inconstitucional y se trata de una expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la Comisión Federal de Electricidad.

Por el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó únicamente los aspectos del acuerdo que consideró invaden las facultades de la Cofece; argumentó que la política emitida por el gobierno federal es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad; las cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. Por ello, no dudaremos en acudir nuevamente a la SCJN en favor de las familias y el medio ambiente.

El coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro, el diputado Juan Carlos Romero Hicks ha señalado que urge que la invaluable facultad del Ejecutivo Federal para enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión sea para acelerar la aprobación de los temas prioritarios en beneficio del país y se atiendan necesidades reales que nos preocupan, no caprichos ideológicos o consignas estatizantes que, además de inviables, tendrán costos enormes para la nación.

Los diputados de Acción Nacional dimos la lucha para evitar que este atropello de la llamada  4 transformación a la Reforma Energética, no fuera una realidad ya que afecta a México en diversos aspectos, ya que prácticamente desaparece en mercado eléctrico mayorista y ahuyentará a la inversión privada, dicha propuesta a la Ley de la Industria Eléctrica, violenta la libertad de competencia económica que consagran Constitución y tratados internacionales signados con anterioridad. Lamentablemente la mayorìa aplastante logró su aprobación después de casi 20 horas de discusión y debate.

Los diputados de Acción Nacional continuaremos trabajando por un México con energías limpias, con entornos propicios de desarrollo económico, Estado de Derecho y sobre todo cuidando la economía de las familias mexicanas.