Todos quienes ocupamos un espacio en el Poder Legislativo nos debemos al voto de la ciudadanía que nos dio su confianza; precisamente por ello, hoy tenemos grandes pendientes que deberían haber sido prioritarios para hacer frente a la emergencia sanitaria desde el primer momento, por encima de la agenda partidista y electoral del grupo mayoritario.

Aprobar un ingreso mínimo vital de emergencia para las personas; diseñar un plan de rescate económico para las micro, pequeñas y medianas empresas; abrir la posibilidad de aplazar el pago de servicios y hacer exenciones o reducciones fiscales; diferir el pago de impuestos y establecer subsidios: todos ellos son temas pendientes con la ciudadanía a la que representamos.

Muchos de ellos han sido planteados por diversos Grupos Parlamentarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados; sin embargo, todos han sido bloqueados, desestimados o simplemente ignorados por el oficialismo, mientras que propuestas que pretenden darle al Ejecutivo federal el control discrecional del presupuesto o podrían abrir la puerta a la criminalización de la protesta, no sólo reciben el respaldo de la mayoría, sino que son apresuradas en el proceso legislativo para agilizar su aprobación, de manera casi mecánica.

Entre las iniciativas anunciadas en días recientes como un tema prioritario, destaca la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Pero, ¿de qué trata y qué implicaría su aprobación?


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Primero, es preciso recordar que actualmente en México tenemos dos esquemas de pensión para trabajadores formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): el que está regulado por la Ley del Seguro Social (1973) y el que surgió con la primera gran reforma a dicha ley, en 1997, correspondiente al sistema de Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

El primero está basado en el modelo de solidaridad intergeneracional para el otorgamiento de pensiones. Bajo este esquema, las personas pueden retirarse tras 500 semanas de cotización y el IMSS absorbe el costo de las pensiones cuando se agotan los recursos de la persona pensionada.

En el segundo caso, las personas que comenzaron a trabajar bajo el esquema de 1997 o decidieron migrar a este modelo, tienen derecho a una cuenta individual que se integra con las aportaciones de los propios trabajadores, de los patrones y del gobierno: un fondo de ahorro administrado por instituciones financieras privadas, las llamadas Afores.

En teoría, este sistema fue creado para incentivar el ahorro en los trabajadores y aliviar la carga presupuestal del IMSS; sin embargo, la realidad es que los trabajadores en retiro sólo pueden acceder a pensiones que representan menos de la mitad de sus ingresos salariales; además, el modelo ha permitido el abuso de las instituciones privadas, concentró la carga de contribución a los empleados y dejó fuera a las personas que trabajan en la informalidad, más de 22 millones de personas en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En otras palabras, este esquema vulneró gravemente el derecho a la seguridad social, que tiene el objetivo de garantizar a la población las prestaciones mínimas para protegerla cuando sea necesario: en caso de una enfermedad, desempleo o jubilación, entre otras situaciones. Idealmente, debería ser el gobierno quien financie el sistema de seguridad social, gracias a las contribuciones fiscales que realizamos tanto las personas como las empresas.


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Sin duda, la propuesta presidencial toma distancia de ambos planteamientos. Propone cosas interesantes, como aumentar las aportaciones de 6.5% a 15%, dejando la mayor carga a las empresas, pero permitiendo que dicho aumento se haga paulatinamente durante ocho años; reducir el requisito mínimo para poder acceder a una pensión de mil 250 semanas de cotización a sólo 750; o aumentar la pensión mínima garantizada. No obstante, hay que decirlo, es un modelo que da continuidad al sistema de capitalización individual y le da una responsabilidad más a las empresas; las cuales, hoy atraviesan una situación crítica que implica una enorme incertidumbre a futuro.

Un parche tras otro parece haber dado origen a la iniciativa, que se plantea en un momento complejo para el sector empresarial y que vuelve a recordarnos la indiferencia de este gobierno hacia los generadores de empleo más importantes del país.

De acuerdo con datos del INEGI, 93% de las empresas ha registrado al menos un tipo de afectación debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19. La mayor afectación se registró en la disminución de ingresos; así lo reportó 41.4% de las grandes empresas, las medianas y pequeñas empresas, así como las microempresas, registraron una disminución en 88% y 92%, respectivamente.

Esta situación se sumó a la baja demanda, que representó 72% a nivel nacional; siendo las microempresas las más afectadas en este rubro, con 73%; las pequeñas y medianas en 71% y las grandes empresas 36%. Pese a todo esto, la mayoría de las empresas priorizó no despedir a sus trabajadores, pero hubo un 19.1% de reducción de remuneraciones y/o prestaciones: las grandes empresas con 41.8%, medianas y pequeñas con 20.6% y las micro 18.8%.

En tanto, la reducción de personal en las grandes empresas fue de 22.3%, en las medianas y pequeñas 18.6% y las micro 15.1%. Analizando estas cifras, se puede apreciar el esfuerzo titánico de las micro, pequeñas y medianas empresas por cuidar a sus empleados pese a las adversidades que les impuso la pandemia así como la indiferencia gubernamental, ya que destaca que, del amplio espectro empresarial, sólo un 7.8% de todas las empresas recibió algún tipo de apoyo en atención a la contingencia sanitaria.

Por ello, debemos tener presente algo que el actual Gobierno parece ignorar: el impacto negativo sobre las empresas se traduce en un impacto negativo sobre los puestos de trabajo y sobre los salarios, pues el complejo escenario obliga a muchos empresarios a enfrentar un dilema entre reducir su planta laboral –o los sueldos de sus trabajadores– o arriesgar la continuidad misma de su negocio.

En este sentido, respaldar a las empresas no implica representar sus intereses, sino proteger los empleos que generan en beneficio de las familias mexicanas, a quienes sí representamos.

Frente a este planteamiento y el gris panorama económico que tenemos, debemos preguntarnos ¿podrán las empresas, principalmente las MiPyME, aumentar sus contribuciones para la seguridad social de sus trabajadores, si esta reforma es aprobada y entra en vigor como está proyectada, es decir, en dos años?

Lamentablemente, aunque esté plagada de buenas intenciones, la propuesta podría significar el aumento del empleo informal y del desempleo, afectando a millones de mexicanos.

Con ella, volvemos a ser testigos del desprecio de la administración federal por quienes generan empleos, el olvido de las obligaciones del Estado con la ciudadanía, así como una total indiferencia frente a la terrible situación económica que enfrenta la mayoría de la población.