Mientras el TEPJF resuelve los medios de impugnación aún pendientes para concluir el proceso electoral 2020-2021 y el INE asigna hoy las diputaciones de representación proporcional, sigue el debate sobre la posible reforma electoral con propuestas ya presentadas por Ricardo Monreal y con anuncios de la coalición PAN, PRI, PRD y del presidente de la República que adelantan la presentación de iniciativas propias.

El eje de las deliberaciones, sin duda, será la iniciativa del titular del ejecutivo quien ha manifestado críticas severas en contra de las y los consejeros y magistrados a quienes propone sustituir en su totalidad. Los ánimos están elevados como lo demuestra la arenga de la diputada Lucía Trasviña cuando el viernes pasado en la sesión de la Comisión Permanente arremetió contra todo y contra todos. La 4T quiere el paquete completo, como dejó ver Monreal, quien ya detalló un posible rumbo de la reforma, antes de construir los consensos con la oposición para impulsar cambios constitucionales.

Ninguna reforma que modifique bases constitucionales podrá pasar sin mayoría calificada. Ningún tema de fondo podría prosperar sin ajustes a la carta magna. Morena necesita a la oposición, al menos el respaldo de poco más de 50 diputados de los demás partidos, adicionales a los que le corresponderán con sus aliados en la composición de la siguiente legislatura. Tarea que empezó a complicarse con los intentos fallidos en la Comisión Permanente a propósito de lograr un periodo extraordinario para aprobar la ley sobre la revocación o ratificación del mandato.

Con cierta dosis de oportunismo el senador Monreal, al parecer sin acuerdos con su partido y con el Gobierno, presentó un paquete amplio de propuestas, varias de las cuales podrían significar avances relevantes en materia de derechos o de fortalecimiento de la logística electoral, ejemplo, la inclusión de más mecanismos de democracia directa como el plebiscito y el referéndum, la regulación del voto electrónico, paridad en todo o causales de anulación de una elección cuando se acredite y penalice la violencia política en razón de género.  

Pero el corazón de la posible iniciativa sigue siendo atender las orientaciones del poder máximo y entonces incluye la remoción de las y los consejeros y magistrados y, de paso, disminuirlos de 11 a 7 y de 7 a 5, respectivamente; la supresión de oples pasando sus atribuciones al INE y convirtiendo a los tribunales locales en salas locales del TEPJF, así, sin más, con insultante ausencia de argumentos y de diagnósticos basados en la evidencia.    

Insisto en algo: la democracia constituye un acuerdo sobre las reglas del juego político y sobre los mecanismos que determinan y defienden la participación ciudadana en la elección de sus gobernantes y representantes; significa, también, respeto al orden jurídico establecido, a nuestras libertades y derechos, al voto universal, a la pluralidad política y a la diversidad social.

Nuestra democracia funciona porque existen procedimientos e instituciones que garantizan canchas parejas para el acceso al poder público y para defender nuestros derechos. Hoy la legitimidad de los Gobiernos, incluido el actual, proviene de ese engranaje virtuoso que permite la organización de procesos electorales con imparcialidad, sin filias ni fobias y con el mayor respeto a la voluntad ciudadana. Impulsar reformas a esas instituciones no puede ser un acto que provenga de los desacuerdos originados en la aplicación de la ley, ni por capricho de nadie. Defenderlas es responsabilidad de todos.

*Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.