A pesar de las limitaciones que nos impuso la pandemia de Covid-19, la semana pasada se celebró la edición número XX de la Feria del Libro del Zócalo capitalino. Las condiciones sanitarias representaron un reto para los organizadores quienes decidieron innovar para que en esta ocasión las actividades, charlas, homenajes y venta de libros, se realizaran de forma virtual.

Sin duda esto merece nuestro reconocimiento indiscutible para las instituciones organizadoras y participantes por su persistencia y creatividad. Me gustaría hacer énfasis en una de las muchas actividades que tuvieron como marco la feria, me refiero al seminario Ciudad, Economía y Cultura 2020.


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Este espacio constituyó una dinámica muy pertinente de reflexión sobre el papel de la cultura como motor del desarrollo, y digo que es una reflexión pertinente porque no debemos olvidar que además de tratarse de una garantía individual, organismos internacionales han considerado a la cultura como un pilar para el desarrollo sostenible (junto con el desarrollo económico, social y la protección al ambiente) desde la Cumbre Mundial de Lideres Locales y Regionales en el 2010.

En este sentido, es constante dentro del debate público la discusión sobre las formas en que el Estado garantizará el Derecho a la Cultura consagrado en nuestra Constitución y cuáles serán los mecanismos institucionales que ocupará para lograr este objetivo.

Al ser un tema amplio y complejo para este espacio, deberé dejar para otro momento el análisis y comentarios relativos al ejercicio y protección de los derechos culturales para enfocarme, en esta ocasión, en el papel del Estado respecto a la producción de bienes y servicios culturales.


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Durante muchos años, el Gobierno mexicano ha realizado esfuerzos importantes en lo que refiere a la inversión para el financiamiento de la actividad artística y cultural a nivel nacional. Desde la creación de becas hasta la realización de proyectos de inversión público-privados se ha logrado fortalecer la producción de bienes y servicios culturales en México.

A pesar de lo anterior, la visión pública sobre el tema ha estado incompleta puesto que nunca se planteó de manera progresiva el tránsito que debía tener de la asistencia estatal a la autosuficinecia en términos productivos.


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No hemos invertido lo suficiente, autoridades y sector privado, en la generación y diversificación de públicos consumidores de bienes y servicios culturales. Sumado a esto, la proliferación y popularización de diversas plataformas digitales han provocado una competencia desigual entre artistas y comercializadores. Como ejemplo pensemos en que hoy la entrada para ver una obra de teatro está en promedio por arriba del costo de suscripción básica mensual a una plataforma de streaming. Lo mismo ocurre con otras opciones como la creación musical, que ya no requieren del consumo de discos o presentaciones en vivo si se puede acceder a ellos mediante plataformas gratuitas como YouTube o de streaming como Spotify.

Para colmo de males, la pandemia de 2020 ha generado daños económicos aún incalculables para este sector por lo que es no sólo importante, sino indispensable abrir la discusión profunda, crítica y constructiva respecto al futuro de la cultura y su relación con la economía.


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Hoy más allá del tema de derechos y la discusión sobre el papel del Estado como mecenas por antonomasia, urge replantear la relación entre los sectores público y privado como parte de una estrategia de impulso al arte y la cultura desde el punto de vista económico.

Si no caminamos juntos para una política pública de generación de públicos, difícilmente se incentivará el consumo de los bienes y servicios culturales que tanto nos hacen falta, tanto para el enriquecimiento del espíritu como para la generación de empleos.

Bienvenidas las iniciativas como el seminario sobre Ciudad, Economía y Cultura en la FILZócalo 2020.