La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar -la más restrictiva de todas- que consiste en privar de la libertad a una persona acusada por un delito considerado “grave” y mantenerla detenida por el tiempo que dure su juicio.

Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada por especialistas en temas de justicia y seguridad, así como por organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales, entre otros actores, por diversas razones: por estar en contra del principio de “presunción de inocencia”; porque en la práctica se abusa de la figura; y porque, hasta ahora, no se ha comprobado que su aplicación haya logrado aumentar el número de sentencias condenatorias o la efectividad en las investigaciones, tampoco es claro su impacto en la disminución de la inseguridad o sus efectos persuasivos contra la comisión de los delitos.

Pese a lo señalado, el 6 de diciembre del 2018, en el Senado de la República se discutió una reforma constitucional propuesta por la mayoría parlamentaria para ampliar el catálogo de delitos que permiten al aparato de justicia mexicano hacer uso de la prisión preventiva oficiosa.

En total, se incorporaron nueve conductas: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, desaparición forzada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Junto con algunas compañeras y compañeros legisladores, me pronuncié en contra de la reforma, que no obstante fue aprobada por la mayoría calificada de la Cámara de Senadores.

Aunque a simple vista la prisión preventiva oficiosa pareciera una herramienta útil ante la urgente necesidad de aprehender a las personas acusadas de cometer estos delitos, la realidad es otra. Para empezar, nuestro sistema de justicia ha hecho de ella la regla general, en lugar de una excepción en la que pocas veces se estudian las circunstancias particulares de cada caso para determinar si es realmente necesaria para impedir la fuga del acusado o evitar que reincida en el delito.

Además, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2018 y junio del 2020, 70 mil 108 personas fueron asesinadas en México, se abusó sexualmente de 35 mil 741 personas, más de 120 mil hogares fueron víctimas de robo, 17 mil 568 transportistas fueron asaltados y 1,516 mujeres fueron privadas de su vida por razón de su género; y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI, durante el año 2019, incrementó en 7.5% el número de personas víctimas de actos de corrupción en instituciones de Gobierno.

Resulta evidente que, aún con la prisión preventiva oficiosa, los delitos no dejan de aumentar y aún con la “eliminación” de la corrupción por decreto presidencial, ésta sigue creciendo.


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Detrás de estas desoladoras cifras hay personas y familias víctimas de violencia que padecen la inseguridad. En este contexto, es normal que encontremos en la ciudadanía desesperación, indignación y una legítima exigencia de soluciones; pero es lamentable que, como gobierno, la primera respuesta sea la opción más inmediata, sencilla e ineficaz: aprobar propuestas legislativas para endurecer las penas, sin mayor esfuerzo que registrarlas en nuestro cuerpo normativo penal.

Pero no podemos engañar a la gente, endurecer las sanciones o ampliar su duración no es la respuesta a los problemas que nos aquejan, simplemente porque se trata de una medida que no atiende las causas de los delitos ni incide en quienes los cometen.

Desafortunadamente, la madrugada del pasado 30 de julio no sólo se confirmó la ampliación de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, al traducir la reforma constitucional de 2018 en los códigos y leyes que permiten hacerla operativa; también se ampliaron sus alcances.

Y así, en medio de una emergencia sanitaria sin precedente, cuyos efectos parecen encaminarnos hacia la peor crisis económica de la historia, que seguramente habrá de despertar el malestar social y podría incluso derivar en una crisis de seguridad peor de la que ya vivimos, el grupo mayoritario en el Senado decidió avalar la criminalización de la legítima defensa.

Entre las reformas aprobadas, la que modifica el artículo 160 del Código Penal federal impone sanciones de uno a seis años de prisión y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa.

¿Qué pasará con las mujeres que portan, por ejemplo, un gas pimienta para defenderse de un posible ataque? ¿Serán juzgadas con mayor severidad que sus atacantes?

Hoy por hoy, de las 210 mil 287 personas privadas de su libertad en el país, 41% esperan sentencia; 40% son hombres y 50% son mujeres; y 1 de cada 2 mujeres que está en prisión no ha recibido una sentencia.

¿Qué mensaje se está enviando a estas mujeres? ¿Vamos a permitir que nuestras cárceles se sigan llenando de acusados sin sentencia, en un país en el que no son necesariamente los culpables quienes son juzgados y sentenciados?

Hoy, antes que mayores penas y más delitos graves, necesitamos políticas que generen empleos dignos para los mexicanos; respaldar el Ingreso Mínimo Vital para apoyar a las 12 millones de personas que se han quedado sin empleo; generar un plan de rescate para las micro, pequeñas y medianas empresas golpeadas por la crisis; exigir que las fiscalías realicen investigaciones eficientes y expeditas; dejar de quitar recursos a los programas e instituciones que atienden la violencia contra las mujeres y exigirle al Ejecutivo que deje de minimizar y normalizar esta violencia.

Hay que decirlo, la distancia entre la prisión preventiva oficiosa en la ley y su aplicación en la realidad es insalvable. Pero estamos a tiempo de corregir el rumbo. Ahora la discusión está en manos de la Cámara de Diputados, que aún puede dar vuelta atrás a lo que se aprobó en la Cámara Alta. Por el bien de las familias mexicanas, espero que así sea. Evitemos más tragedias.

Senador de la República

Presidente de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia y de Participación Ciudadana