Mi nombre es Andrés, y soy adicto. No tengo sobrepeso, hipertensión o diabetes, hago ejercicio con regularidad y trato, en mi entender, de comer lo más saludable posible. Sin embargo, al igual que millones de mexicanos, soy adicto al azúcar y a la grasa. No lo había racionalizado hasta que nuestra Eminencia Doctoral Summa Cum Laude Hugo López-Gatell nos iluminó con una reflexión de profundidades casi bíblicas: somos un país de gorditos.

Al igual que mis adictos connacionales, empecé a consumir productos de alto contenido calórico desde niño. Mi madre fue educada en una sociedad donde a los bebés grandes y cachetones, se les consideraban fuertes. Sin ningún tipo de formación nutricional, mi mamá nos alimentó a mis hermanos y a mí, con lo que creía que nos nutría más. No era poco común comer pasta (llamada contradictoriamente sopa seca. WTF. So-pa se-ca. Eso no existe.) como preludio al plato fuerte. En la cooperativa de mi escuela lo normal era comprar alguna bebida altamente azucarada con frituras con algún juguete inútil dentro de la bolsa.

En uno de los momentos más espeluznantes de mi niñez, recuerdo cuando unos amigos de mis padres nos llevaron a un restaurante vegetariano. Lo considero antinatura. Amo la vaca, el cerdo y los pollitos muertos. Fiel a mis raíces guadalupanas, tengo un llamado ancestral a consumir sopes, flautas, enchiladas, y si se puede que sean gratinadas, mejor. Soy un junkie sin remedio.

Sin embargo, cuando veo al resto de mi país, me doy cuenta que no estoy solo. Es más, me atrevería a decir que quienes no son adictos, constituyen la excepción a la regla que nos hemos impuesto como colectivo social. Somos al azúcar, lo que Ewan McGregor y sus amigos en Trainspotting a la heroína. Somos a la grasa, lo que la viejita de Réquiem por un sueño es a las pastillas y a los programas de concurso. Simplemente nos domina, y como cualquier adicción, eliminarla es un reto. El síndrome de abstinencia va a ser doloroso, pero es necesario reconocerlo: necesitamos ayuda. Somos adictos. 

A diferencia de los diputados de Morena y opinadores de izquierda que se congratulan con el aplauso fácil, considero que la prohibición no constituye una solución. En el mejor de los casos es una señal para generar una discusión, pero solución no es. En días pasados el Congreso de Oaxaca prohibió la venta de menores de edad de bebidas embotelladas azucaradas.

Más allá de la paupérrima técnica legislativa de la reforma, ya que vender un refresco en bolsa afuera de una primaria sería legal, la propuesta únicamente busca tener un chivo expiatorio para poder exculpar al Gobierno de las decenas de fallecidos por Covid-19 que hay en México. Una vez muertos más de 50 mil, queremos tapar el pozo. El gran culpable deben ser las transnacionales, las refresqueras, las panificadoras, las cadenas de comida chatarra que nos han vuelto obesos. Hipócritas o ignorantes son los diputados que aprobaron esta propuesta, al no entender que los alimentos y bebidas chatarra tienen un sinfín de sustitutos. La mayoría de ellos los podemos encontrar el comercio informal de comida callejera, misma que también es la otra piedra angular del problema.

Es evidente que urge hacer algo en materia de salud pública en contra de la obesidad. Desde antes del Covid, México encabezaba las listas mundiales en fallecidos por diabetes. No es nuevo, nadie descubrió el hilo negro. Tenemos pésimos hábitos alimenticios, es necesario un cambio de mentalidad que nos lleve a ser más críticos de lo que consumimos, y se debe hacer una reingeniería gubernamental para poder mandar las señales de mercado correctas para disminuir el consumo de bebidas y alimentos nocivos. Prohibir su venta a los menores de edad no llega ni a paliativo. Lo único que se obtendrá con esta medida es que los padres dejen de mandar por los mandados a los niños y tengan que ir personalmente a la tienda. Será hasta que logremos que los adultos entiendan que el consumo de estos productos los está matando lentamente, cuando se disminuya su consumo de manera concienzuda.


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Maneras hay. Muchas. Para empezar, los productos altamente calóricos deben estar en la misma categoría que el alcohol y el tabaco, con impuestos especiales. Un impuesto agresivo a estos productos, sería criticado desde el punto de vista del consumo. La lógica es directa, si el impuesto aumenta su precio final, la demanda baja y el consumo recibe un impacto en plena crisis económica. Sin embargo, una política de este estilo debe de ir acompañada de incentivos al consumo para los productos saludables. Lo que necesitamos, es que a través de señales de mercado, los propios consumidores migren del producto nocivo al saludable. La tarea no es nada sencilla. Los más sensibles a esta medida serán los deciles con menores ingresos. Si comprar refrescos o pan procesado resulta inaccesible para la economía familiar, se tendrá que sustituir esta ingesta calórica de otra forma. Aquí es donde está el área de oportunidad de la propuesta, dando incentivos de producción y distribución a alimentos menos nocivos y esperar que la gente, en su absoluta libertad, decida consumirlos. No considero que esto vaya a lograr que los actuales adictos se curen, pero podemos prevenir a futuros adictos de volverse monstruos comegalletas.

Otra discusión sobre el mismo tema, es qué hacer con el impuesto. Una tentación gubernamental será sin duda, hacer uso discrecional de estos ingresos. Peor error, sería imposible. Para este fin, se debe etiquetar los ingresos producidos por el consumo de chatarra, para financiar una fuerte campaña de información, concientización y educación nutricional. Además, con estos ingresos se puede fortalecer a los hospitales públicos para que puedan hacer frente con más eficiencia a los efectos de estas enfermedades. En corto, aunque suene horriblemente insensible, el consumo de los actuales adictos debe financiar la prevención de los futuros. Al igual que con el alcohol y tabaco, los niños deben ser los primeros en regañar a los padres por consumir productos nocivos. Por esta razón considero que la propuesta de Oaxaca es un bonito bling bling mediático y nada más. Sin un acompañamiento que nos lleve a un examen introspectivo sobre nuestros hábitos y consumo, difícilmente los padres cambiarán sus costumbres de alimentación. Los niños tal vez podrán no estar autorizados para comprar estos productos, pero si están disponibles en casa, o incluso en su lonchera, de poco sirve vanagloriarnos en lo futurista de la legislación oaxaqueña. Siguiendo la lógica de los 12 pasos de los glucósicos anónimos (G.A.), ya estamos superando la fase de negación, sigue la aceptación y 10 más que serán dolorosos as fuck. Ayúdanos, baby Yisus.