El 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó una lista de las razones que, presuntamente, habían llevado al Gobierno federal a tomar la decisión de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En su discurso, el titular de la dependencia señaló que “la cancelación del NAICM (ejecutada definitivamente en enero de 2019) marcó un hito en la forma en que el Gobierno toma decisiones asociadas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, los que deben ajustarse a los requisitos que marca la Ley y a las necesidades, los recursos y los intereses de la Nación”.

En efecto, el proceso de suspensión del NAICM y el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue una clara muestra de la forma en que este Gobierno tomaría decisiones. Pero, contrario a las palabras del secretario de Comunicaciones y Transportes, las determinaciones de la actual Administración Pública federal suelen ser imposiciones alejadas de la realidad cotidiana y las necesidades concretas de la gente (salvo que sus necesidades sean electoralmente rentables), decisiones personales, antes que estratégicas y, sobre todo, decisiones opacas y discrecionales, fuera de nuestro marco legal.

Un ejemplo reciente es la denuncia que varias empresas han realizado sobre el fallo de la licitación pública número LPN-GACM-EB-01/2020 para la venta de una parte del acero que formaba la estructura del NAICM. El resultado favoreció a la empresa Grupo Gilbert Estructuras en Acero, cuya oferta fue de 4 mil 30 pesos por tonelada; es decir, por adquirir 49 mil toneladas de acero, el Grupo pagará un total de 197 millones 470 mil pesos, aproximadamente.

De acuerdo con el anuncio oficial a medios de comunicación, aunque la empresa Habilitadora de Metales Monte Salas ofreció 7.3 millones de pesos más que la ganadora Gilbert, la primera fue descalificada “por una discrepancia en la fecha del Código QR de su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.

Todo parecía estar en orden hasta que el caso cobró nueva relevancia, gracias a un video que se hizo viral; en él, varias personas expresaban su molestia frente al fallo, acusando a las autoridades de corrupción, ese mal del pasado que el presidente erradicó por decreto.


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Uno de los señalamientos es que la propia empresa Gilbert publicita en su sitio web ser proveedora de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para el Aeropuerto Felipe Ángeles, lo que podría representar un evidente conflicto de interés: usar el material de una obra para venderlo a la otra por un precio desconocido, ya que la Sedena no ha difundido ninguna licitación pública, ni ha dado a conocer montos o las condiciones del contrato con la empresa Gilbert.

Y es que, si bien la Sedena ha afirmado que no contratará constructoras para el nuevo aeropuerto, aceptó que compra materiales directamente a los fabricantes y que renta equipo y maquinaria adicional.

Es oportuno recordar nuevamente al titular de la SCT, cuando anunció –en agosto de 2019– que el costo total no recuperable para finiquitar los 692 contratos pendientes del proyecto cancelado del NAICM ascendía a más de 70 mil millones de pesos –sin contar los cientos de miles de empleos que se perdieron con la suspensión de la obra–, pero que el Gobierno había obtenido miles de millones de kilogramos (o metros cúbicos) de basalto y tezontle adjudicado, además de 140 mil toneladas de acero que, en conjunto, representarían una recuperación de 4 mil millones de pesos, recursos que podrían ser utilizados en obras prioritarias como el aeropuerto Felipe Ángeles.

En este punto, vale la pena cuestionarse, si ya fueron vendidas 49 mil toneladas de ese acero en la licitación mencionada y el Gobierno sólo cuenta con las 91 mil toneladas restantes, ¿cuál deberá ser el precio de venta de ese acero, o la cantidad del basalto y del tezontle para poder recuperar los 4 mil millones de pesos que se habían anunciado?

Hay que tener en cuenta que ya se vendió la tercera parte del acero por 197 millones de pesos: menos de 5% del total de los recursos estimados. Es decir, para que las cuentas le cuadren al Gobierno federal, el resto del material debería venderse en 3 mil 803 millones de pesos. ¿Es suficiente ese material para cubrir 95% de los recursos supuestamente recuperados o el Gobierno volverá a apostarle a nuestro olvido? ¿Se respetarán las declaraciones oficiales o se nos responderá con “otros datos”?

Mientras tanto, para abril del año pasado, el costo del Aeropuerto de Santa Lucía ya había aumentado de 70 mil a 78 mil millones de pesos; este año el cálculo ya asciende a 82 mil millones, según información oficial.

Entre las razones por las que el presupuesto sigue en aumento destacan pagos para adquirir terrenos ubicados en el Cerro de Paula, un cerro que NO se tomó en cuenta durante la planeación del aeropuerto y que afecta la construcción de una Pista 3, otro elemento que tampoco estaba contemplado en el proyecto original y que nos costará 6 mil 275 millones de pesos extra, más el pago de unos estudios de preinversión que rebasan los 885 millones pesos.

Si el gran error de la administración pasada en el proyecto cancelado en Texcoco fue la corrupción, estamos a tiempo de exigir que este Gobierno sea transparente y rinda cuentas en todo lo relacionado al nuevo aeropuerto.

Con estas denuncias de posible corrupción y conflicto de intereses de la actual administración, estamos siendo testigos de cómo los nuevos funcionarios practican en la realidad lo que tanto combaten en el discurso.