Vivimos tiempos de profunda reflexión en todos los terrenos de la vida social. La pandemia global del Covid-19 no sólo nos obliga a los ciudadanos y a los Gobiernos a repensar de manera radical los modelos y las políticas en materia de salud. La crisis actual es global, profunda e integral, está en entredicho el modelo de desarrollo impuesto e implementado desde principios de los años 80 del siglo pasado en el mundo, el llamado modelo neoliberal. La crisis del desarrollismo y del keynesianismo implicó, entre otras cosas, el impulso a las políticas de privatización de los bienes y el patrimonio públicos, la desregulación, la pérdida de derechos sociales, etc.

En México esta política fue derrotada en 2018, después de 36 años de haber sido impuesta por los Gobiernos de corte priista y panista, su saldo fue dejar al país hecho polvo. Al hablar de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, nos referimos a la construcción de una nueva vía de desarrollo para el país que ponga en el centro el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la injusta distribución de la riqueza.

Debe ser, por tanto, un modelo cuyas prioridades sean la generación de empleos, el bienestar de todos, en especial, de los que menos tienen, a la par del combate a la corrupción, la implementación de un Gobierno austero y transparente, y la recuperación de la paz, la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional.


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La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la precariedad en la cual se encontraban las instituciones de salud pública del país, su desmantelamiento y deterioro, así como las graves condiciones de salud de amplios sectores de la población, afectadas por enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad , la hipertensión, etc., que hacen más vulnerables a los sectores de la población que las padecen a los efectos de la enfermedad llamada Covid-19.

Desde el inicio del actual Gobierno federal, el impulso a una nueva política social, denominada política de bienestar ha sido una de las prioridades. El objetivo es reconstruir un Estado de Bienestar, reconocer los derechos sociales fundamentales de la población, reducir la pobreza y generar mayores condiciones de igualdad en la población mexicana, poniendo fin así a más de 30 años de políticas neoliberales en esta materia.

La aparición de la pandemia del Covid-19 ha implicado no sólo continuar con esta política, sino también implementar acciones emergentes en materia de política social que permitirán atenuar los efectos más graves de la pandemia de salud y la recesión económica, a la par de generar condiciones para generar un nuevo ciclo de crecimiento económico alejado de la visión neoliberal.

La CEPAL ha hecho una proyección para el año 2020 sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia. Implicará una caída de 5.3% del PIB en América Latina y un crecimiento del 3.4% del desempleo. Para México se prevé un incremento de la población en pobreza extrema que se incrementará del 14.9 al 17.1% de la población, y del 46.7 al 48.9% de población en situación de pobreza.


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En este marco, el pasado 5 de abril el presidente de la República presentó el Programa Emergente para el Bienestar y el  Empleo, que contempla un esquema de protección y derechos sociales a más de 20 millones de familias a través de los diversos programas como el de adultos mayores, personas con discapacidad, becas escolares, tandas para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, precios de garantía, pesca para el bienestar, la escuela es digna, y los apoyos emergentes con 2 millones de créditos a micro empresas familiares, además de la continuidad de las obras estratégicas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, refinería de Dos Bocas, etc., con la creación de 2 millones de empleos y ampliar la cobertura de los programas sociales.

En esta lógica, también se publicó el 8 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 4 de la Constitución del país, que eleva a rango de derechos constitucionales las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, las becas a estudiantes pobres, y el sistema nacional de salud.

Es importante retomar la recomendación de la CEPAL, la cual establece que: “Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos para no dejar a nadie atrás”.

Esa es la ruta del gobierno de México, es tiempo de abrir un nuevo horizonte en materia de la política económica y social. Es tiempo de dejar atrás el neoliberalismo, es momento de abrir el debate de políticas como el Ingreso Básico Universal y poner en el centro de las políticas el bienestar de la mayoría. Esto también debe ser parte de la “nueva normalidad” impuesta por la pandemia mundial.