Pasó el Día Internacional de la Mujer y más allá de los lugares comunes, lo que ha dejado como saldo la jornada es la necesidad de prevenir y sancionar la violencia de género, sobre todo la homicida, que tanto ha enlutado a miles de hogares mexicanos, una tarea que obliga por igual a los tres niveles de Gobierno. Sin embargo, ello no parece suficiente para mejorar las condiciones de vida de poco más de la mitad de la población del país, pues una paz construida sobre el atraso y la exclusión de las mujeres no sólo es injusta, sino que redundaría en el rezago económico nacional.

Retomando una frase que se ha viralizado durante los últimos días, podríamos afirmar que la liberación femenina será económica o no será, pues mientras subsistan aquellas prácticas que tienden a eternizar la discriminación, de poco servirán las acciones afirmativas ya puestas en práctica en diversos ámbitos de la vida pública o la popularización del lenguaje incluyente, por citar sólo dos ejemplos de políticas encaminadas a empoderarnos.


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A fin de ejemplificar la discriminación a que somos sometidas las mujeres, vale la pena señalar que, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeña como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, 39.0% son mujeres, mientras que, hasta 2018, 40.7% de las judicaturas y magistraturas en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales estaban a cargo de mujeres; 48.2% y 49.2% de las posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado estaban ocupadas por mujeres; y en los Ayuntamientos 44.9% eran regidoras, síndicas o presidentas municipales.

En el ámbito económico, el organismo autónomo refiere que las mujeres son propietarias de un tercio (36.6%) de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros (MIPYMES), así como también que las mujeres propietarias contratan más mujeres para trabajar (dos mujeres remuneradas por cada hombre) y 86.1% de su personal permanece empleado durante todo el año. La brecha de género en la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) es de 13.4 horas semanales en promedio y la mayor carga de trabajo para las mujeres se refleja en menor disposición de tiempo libre: en promedio 4.2 horas a la semana, agrega el INEGI.

Superar los rezagos antes señalados no es una moda, sino un acto de justicia que traería beneficios para todos pues, como bien lo señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la incorporación de un mayor número de mujeres a la economía podría traer como resultado que, para 2030, el PIB fuera 15% mayor, siempre y cuando el Gobierno y el sector privado sumaran a 8.2 millones de mujeres a la economía. Dicho incremento, refiere esta organización civil, sería tres veces más grande del que observaríamos si la tasa de participación laboral femenina siguiera su tendencia actual de crecimiento.

El país está urgido de crecimiento económico para superar la devastación dejada por la pandemia. Incorporar a un mayor número de mujeres a las actividades económicas en condiciones de igualdad se vuelve entonces no sólo algo justo, sino racional, pues a nadie beneficia la mediocridad de un sistema productivo que prescinda del talento, la innovación, la responsabilidad y la resiliencia que nos caracteriza a las mujeres.

Si ahí está una de las claves para sumarnos como país a los beneficios del desarrollo, pues entrémosle. ¿Por qué no?