La justicia electoral mexicana es relativamente joven. Si bien a finales del siglo XIX ya existían algunos esbozos de su legislación, no fue sino hasta finales del siglo pasado cuando se conformó una autoridad jurisdiccional especializada en la materia, no sólo para garantizar elecciones libres, sino también para garantizar los derechos político – electorales de la ciudadanía, derechos a través de los cuales las y los mexicanos podemos participar en la vida pública del país.

De modo que, si alguien considera que se le ha violentado algún derecho político – electoral, la ley establece diversos medios para recurrir a la autoridad jurisdiccional electoral en busca de justicia. Sin embargo, pareciera que de un tiempo para acá esa encomienda se ha quedado en el tintero.

En efecto, nuestra legislación local y federal en materia electoral, establece como un supuesto para el sobreseimiento de un asunto (desechamiento debido a circunstancias que se presentaron con posterioridad a la presentación de la impugnación), que el mismo se hubiese consumado de forma irreparable. Pues bien, ya sea por dolo, incompetencia o sumisión ante el Ejecutivo, el hecho es que en algunos casos las autoridades siguen al pie de la letra lo que la legislación y su propia normativa interna les señala en cuanto a los tiempos que tienen para resolver un asunto, y en otros pareciera que simplemente deciden meter al archivero los derechos de las y los ciudadanos, a efecto de sobreseer el asunto.

Esto último es lo que ha ocurrido en fechas recientes con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que ha dejado de resolver en tiempo y forma las denuncias interpuestas por ciudadanos, relativas a la realización de informes de labores de diversos servidores públicos, o bien, algunas otras relacionadas con el presupuesto participativo 2020.

Y es que he recibido quejas vecinales, porque el IECM se comprometió a realizar, en el último trimestre del año pasado, las asambleas virtuales para elegir a las Comisiones de Rendición de Cuentas y Vigilancia de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS), pero la autoridad incumplió, desprotegiendo así los derechos de quienes, inconformes con la decisión que se tomó sobre no asignar ni ejecutar el Presupuesto Participativo 2020, decidieron impugnar.

Y por lo que hace a las denuncias por los informes de labores de diversos funcionarios públicos de la Ciudad, el IECM postergó su resolución sobre las medidas cautelares que se solicitaron, hasta el momento en que las mismas ya eran notoriamente improcedentes porque el acto denunciado (el informe del servidor público) se había consumado de forma irreparable. Es decir, pese a que las y los ciudadanos interpusieron en tiempo y forma su queja, a fin de que la autoridad estuviera en condiciones de impedir que se consumara un acto ilegal, esta última resolvió cuando ya se habían llevado a cabo los informes, en clara violación a los derechos de los denunciantes, volviéndose así cómplice de las ilegalidades denunciadas oportunamente por los ciudadanos.

En contraparte, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado muestra de una pronta impartición de justicia, y de que, cuando la ley se aplica, difícilmente quedan impunes los actos ilegales de los servidores públicos. En efecto, el 14 de septiembre del año pasado, presenté ante el INE una queja por diversas ilegalidades del informe de Sheinbaum, y dada la urgencia del tema y de la premura con la que se necesitaban decretar las medidas cautelares solicitadas, el INE tardó tan sólo un día en resolver y poner a salvo los derechos de las y los capitalinos.

Pero no sólo el IECM ha sido omiso en sus funciones, también desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se está mandando un preocupante mensaje. El pasado 24 de diciembre, el Congreso de la Ciudad sesionó de forma extraordinaria con la única finalidad de aprobar la iniciativa de Sheinbaum, de reducir el presupuesto a diversos órganos electorales y de impartición de justicia. Esa reducción tuvo como trasfondo la sentencia que emitió el TEPJF el 17 de diciembre de 2020, en la que ordenó al Gobierno de la ciudad a entregar al Tribunal Electoral local, en el plazo de siete días naturales, los más de 7 millones de pesos que ilegalmente le retuvo; pero Sheinbaum se negó a pagar, y vez de ello –e incluso antes de que le fuese notificada la sentencia del TEPJF–, envió su iniciativa de recorte presupuestal, casualmente, por el mismo monto que el TEPJF ordenó devolver.

Si la resolución del TEPJF le daba tan sólo cinco días NATURALES al Gobierno de Sheinbaum para cumplir la sentencia, pero a la Secretaría General de Acuerdos del TEPJF –encabezada por Carlos Vargas Baca, propuesto por el Mgdo. Presidente, José Luis Vargas– le tomó cinco días NATURALES notificar (desde la colonia Culhuacán CTM en Coapa, al Palacio del Ayuntamiento en el Centro Histórico) una sentencia de cumplimiento URGENTE en cinco DÍAS NATURALES, cabe preguntarse ¿de qué sirve una resolución URGENTE que NO se notifica oportunamente, ayudando a la autoridad a consumar el acto reclamado de forma irreparable?

Como es de suponerse, con esa notificación a ritmo de tortuga artrítica, en la citada sesión del 24 de diciembre el dictamen fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México inmediatamente. Ante estos hechos, y derivado de las múltiples violaciones al procedimiento legislativo, una ciudadana (cuyo nombre se omite, por protección de sus datos personales) acudió en tiempo y forma en juicio al TEPJF, a fin de que esta autoridad revirtiera dicha determinación antes de que concluyera el año fiscal (2020); sin embargo, al día de hoy, doce días después de que la autoridad electoral debió haber sesionado para resolver el asunto, antes de que se consumara el acto de manera irreparable (la conclusión del año 2020), únicamente se pueden observar en los estrados electrónicos el acuerdo de admisión y el de turno.

Con estas acciones, pareciera que algunas autoridades electorales sólo se envuelven en un discurso garantista, discurso del que quedan muy alejadas al momento de resolver, fuera de tiempo, las denuncias ciudadanas, violentando así sus derechos político-electorales.

Así, entre claroscuros y criterios disímbolos, pero con consideraciones para algunos políticos y para algunos Gobiernos, México se proyecta hacia la elección más grande de su historia.