“Cantará como tenor”, advierten las redes sociales. “Tiemblan los peñistas”, vaticina la comentocracia. “Se sabrá la verdad sobre la corrupción”, anticipa el Gobierno. El cataclismo asociado a la extradición de Emilio Lozoya Austin está próximo y mientras unos corren a guarecerse de la tormenta, otros calientan el maíz palomero para presenciar el drama judicial del siglo, un historia con los condimentos suficientes para superar a las que se transmiten por streaming: ambición, política, dinero, traición y una escoba presidencial que barre las escaleras de arriba hacia abajo. La producción promete varias temporadas, las suficientes para llegar hasta 2021, cuando los mexicanos acudamos a las urnas para renovar mediante el voto a las instituciones del país.

La serie garantizaría emociones, pero no es el caso, ya que no se trata de un relato de culto al estilo de Netflix o HBO, como Breaking Bad o Game of Thrones, sino de una telenovela ochentera retransmitida por Blim, pero con nuevos protagonistas, tal y como ocurrió con Cuna de Lobos. El arribo de Lozoya no significa el aireamiento de la vida pública mediante un encausamiento penal enderezado en contra de la mafia de la política, sino de un montaje mediático cuyo objetivo pasa por el redireccionamiento del ojo ciudadano a la corrupción pasada, a fin de olvidar la del presente, para desalentar la crítica hacia la gestión de la pandemia y a la conducción errática de la economía. Nos ofrecen un maxiproceso como el italiano de los noventa y lo que entregan es otro golpe judicial a la usanza de los dirigidos en contra de Jorge Díaz Serrano, La Quina, Arturo Durazo o Raúl Salinas.

Hablamos de espectáculo, porque no puede haber justicia mientras se establecen límites desde el poder a las investigaciones, sea mediante pactos de impunidad o la celebración de consultas populares que nunca llegan; porque no puede hablarse de Estado de Derecho cuando el extraditado es puesto en un hospital, en vez de en un juzgado; porque el debido proceso transita por los recintos judiciales y no por las filtraciones a los medios de comunicación; porque ante la quiebra provocada por el coronavirus y su deficiente gestión, el presidente ha optado por reafirmar su pretendida superioridad moral en vez de acceder al conocimiento de verdades legales.


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El proceso de Lozoya no supondrá una zanja en la lucha contra los abusos del poder, ya que las instituciones encargadas de prevenirlos y sancionarlos, como el Sistema Anticorrupción y las salas especializadas del Tribunal de Justicia Administrativa han sido desdeñadas desde la presidencia; porque se insiste en el ejercicio de prácticas que favorecen aquello a lo que se dice combatir, como las compras mediante asignación directa, el uso clientelar de programas sociales o la ausencia de reglas en el ejercicio del gasto social.

Cuesta aún más trabajo aceptar que la publicitada extradición constituya el mejor ejemplo del barrido de escaleras prometido por López Obrador, si tomamos en consideración que la caída del exfuncionario podría consistir un daño aceptable para Enrique Peña Nieto, quien habría destituido de mala manera a Lozoya cuando éste se enfrentó Luis Videgaray, entonces Secretario de Hacienda, a causa de su deficiente gestión en Pemex. Es decir, podríamos estar frente a un daño colateral del peñismo que así garantizaría impunidad a cambio de descrédito, que no de la cárcel. El gato y la liebre.

Si Andrés Manuel pretende que creamos en su lucha contra la corrupción, entonces deberá ofrecer un relato creíble, de esos que se anudan con pruebas y procesos y que culminan con sentencias justas. Netflix o Blim, esa es la disyuntiva, ya veremos...