Con corte al 18 de junio, el listado nominal de México es de 93 millones 558 mil 172 ciudadanos, quienes estamos en posibilidad de participar en la Consulta del 1 de agosto organizada por el INE, y que tiene por objeto recoger el sentir sobre la posibilidad de aplicar la ley a los malos gobernantes del pasado, para "esclarecer las decisiones políticas tomadas".

La manipulación y tergiversación matutina ha hecho pensar que sólo aplica a los expresidentes, pues así la planteó originalmente el "Rayito de Esperanza", pero en realidad la redacción finalmente aprobada por la SCJN permite enjuiciar y esclarecer cualquier decisión tomada por la 4T, ya sea en el ámbito local o en el federal.

De ser aprobada la consulta, ésta tendría efectos vinculantes sobre toda autoridad competente, en este caso específico para la FGR y las Fiscalías de Justicia locales, el ejercicio en sí mismo es una verdad de Perogrullo, pues no es necesaria ninguna consulta para aplicar la ley a los Gobiernos anteriores por casos de notoria corrupción o ilegalidad en su actuar.

Tal y como no la ha requerido en el Gobierno actual la FGR para actuar penalmente en contra de Emilio Lozoya, quien descansa plácidamente en su casa después de reponerse de su ayuno, o Rosario Robles por los cargos que se le imputan por la "Estafa Maestra" o el caso ya resuelto de Alonso Ancira y AHMSA sobre la planta de Agronitrogenados y la venta de acciones de Grupo Villacero, afín al presidente de la República, o por último el caso del pretendido desafuero del Gobernador Cabeza de Vaca o incluso el del exsenador José Luis Lavalle, quien se encuentra sujeto a proceso en el reclusorio norte de la CDMX.

Más allá del circo demagógico del supuesto combate a la corrupción subsisten dos elementos ineludibles para determinar si participamos o no y cómo lo hacemos en ese ejercicio ciudadano. El primero, es que para que tenga efectos legales la consulta se requiere que participen al menos 37 millones 423 mil 268 ciudadanos, es decir, el 40% del listado nominal. Lo cual se antoja por decir lo menos, casi tan probable como la creación de la Agencia Espacial Mexicana y su primer viaje a la luna en este sexenio.

En especial si revisamos los resultados históricos de las consultas de López Obrador: 925 mil personas en la del Tren Maya, es decir, el 1.03%, un millón 67 mil en la del NAICM, es decir, el 1.19%; aún las realizadas como jefe de Gobierno están a años luz de esa meta del 40%, pues tuvo sólo el 7.8% en su primera consulta de revocación de mandato y apenas el 10% en la segunda. Incluso las consultas telefónicas, como la que organizó contra el horario de verano sólo llegó a 321 mil 933, y la del aumento de la tarifa del Metro de $1.5 a $2 pesos, sólo tuvo 47 mil 835 participantes.

El segundo, el de la consecuencia misma. Suponiendo sin conceder, que se llegara a la meta lunar antes citada, pues aún en ese caso la impartición de justicia quedaría en las mismas manos y con las mismas consignas que han dejado libre y sin comparecer ante un juez de control a Jesús Orta, acusado por la FGR de delincuencia organizada y lavado de dinero por 2,500 mdp; las que no han querido ejecutar la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán; y las que sólo han tocado a Emilio Lozoya con el pétalo del arraigo domiciliario y un brazalete.

Las mismas que en la esfera local no han tocado a Florencia Serranía ya con 3 tragedias con pérdida de vidas humanas en el STC Metro, pero que sí han buscado aplicar la ley en contra de Mauricio Toledo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Alejandra Barrios.

Las mismas que a ritmo de tortuga dejaron escapar con fuero al diputado federal de Morena Saúl Huerta, acusado de intentar abusar de un menor de 15 años, y que además exoneraron a Cruz Pérez Cuéllar, el exsenador ahora electo como alcalde de Ciudad Juárez.

Las mismas consignas y resultados que en lo administrativo inhabilitaron a Luis Videgaray por omisiones en sus declaraciones patrimoniales, pero exoneraron a Manuel Bartlett con un caso muy similar, como también lo es el de Irma Eréndira Sandoval.

En suma, podemos votar y exigir que se le aplique la ley a muchos funcionarios y exfuncionarios, llegar incluso al anhelo de investigar a sus familiares con dinero en paraísos fiscales según reportan los Panamá Papers como los de Claudia Sheinbaum, pero al final la justicia será selectiva y a los corruptos de Morena les aplicará el criterio de la Jurisprudencia "YO TENGO OTROS DATOS", de tal suerte que carece de sentido convalidar una cifra pírrica que justifique dilapidar 500 millones de pesos.

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