Hace unos días, como una nueva ocurrencia temeraria y peligrosa para la democracia, el titular del ejecutivo federal, en una de sus famosas mañaneras, calificó a los órganos constitucionales autónomos (OCA) como medios para manejar de manera discrecional el dinero público; aseverando que hay duplicidad de funciones y que éstos generan un gasto excesivo, planteando además la idea de que entre más aparatos burocráticos menos dinero le llega al pueblo, anunciando así su intención de desaparecer dichos órganos, ajustando el Gobierno a su supuesta “nueva realidad”.

Entre los órganos autónomos a que el presidente se refiere, y que se verían afectados por esta iniciativa se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con esta iniciativa para migrar las funciones de los actuales órganos autónomos con carácter independiente, hacia dentro de las secretarías de Estado, se estarían convirtiendo en órganos político administrativos directamente dependientes del poder ejecutivo, por lo que se perderían la razón de fondo por la que fueron originalmente creados: contar con instancias autónomas facultadas para tomar decisiones técnicas con independencia.

Los órganos autónomos cuidan los derechos de los ciudadanos y regulan a actores públicos y privados en favor de la sociedad. Estas instituciones no fueron creadas de la noche a la mañana, ni por capricho; fueron creadas como respuesta a demandas sociales y se les dotó de autonomía en la Constitución y con un marco jurídico robusto para su funcionamiento.

Su autonomía les permite tomar decisiones técnicas e independientes del Gobierno en turno; pero es además una falsedad que se ahorre presupuesto público al desaparecerlos, ya que únicamente representan un poco más del 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El presidente miente una vez más, pues resulta falso que el poder ejecutivo puede llevar a cabo las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (COFECE) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con las estructuras vigentes actuales en las dependencias existentes. No puede juzgar, participar y regular mercados al mismo tiempo; las decisiones al respecto deben ser técnicas e independientes del Gobierno en turno.

En el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los logros de ambos órganos autónomos son claros y visibles de manera irrefutable:

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha intervenido en dinámicas económicas de concentración en perjuicio de los usuarios por más de 13 billones de pesos. Además, ha impuesto multas superiores a los 6 mil millones de pesos. Independientemente de que promueve, protege y garantiza la libre competencia en todos los sectores de la economía, con excepción de los de radiodifusión y telecomunicaciones competencia del IFT.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha logrado desde su creación reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento. En el caso de los servicios móviles, la cifra alcanza hasta el 44%, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos en beneficio de los consumidores.

En el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es todavía más grave porque son dos enormes pilares institucionales que sostienen la democracia en el país. A través de ellos es que se pueden medir y conocer datos importantísimos sobre el país.

El primero, como su nombre lo indica, atiende los relativo a toda la información de la gestión pública para consumo transparente por parte de la ciudadanía y la protección de los datos personales. El segundo, trabaja entre otros temas, los relativos a las mediciones de pobreza, crecimiento y desarrollo económico, el seguimiento de temas relacionados con la percepción ciudadana acerca del Gobierno y la confianza de consumidores y productores.

Sería un gran retroceso a la democracia y un atropello a derechos fundamentales que se han ido consolidando en nuestra constitución, además de eliminar la transparencia y los contrapesos institucionales, privilegiando la opacidad para seguir actuando al margen de la ley, en perjuicio de la ciudadanía.

Estos organismos son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos claves como la libertad de expresión y el derecho a la información, por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia.

Este Gobierno morenista se ha caracterizado por ser un Gobierno opaco, que no le agrada la transparencia y la rendición de cuentas. Como se ha dado a conocer, más del 80% de los contratos de la actual administración se otorgan en lo oscurito y sin licitación. Por ello nos sumaremos a la defensa de los contrapesos institucionales, resultado de décadas de luchas ciudadanas y que representan un freno al autoritarismo.

¡Este Gobierno pretende continuar con la destrucción institucional y la concentración de poder! ¡Tenemos que frenar esto, antes de que acaben con todas las instituciones que dan certeza a la ciudadanía!