La actual Administración Pública federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, ha señalado que los “guardaditos” y “colchones” de los que disponía el país para enfrentar emergencias como la que actualmente vivimos, se han agotado.

Frente a esta situación, la respuesta más fácil para el Gobierno ha sido (en lugar de considerar la reactivación de la economía a través de diversos estímulos, o de impulsar un plan de emergencia nacional para atender las necesidades de la población, entre otras cosas), apostar por una nueva reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación que afectaría a varios sectores de la sociedad mexicana como los son la ciencia, la educación, el arte, el deporte y la defensa de los derechos humanos, por mencionar algunos.

Lo anterior no es una coincidencia, ni una necesidad imperante o nuestro único camino; tampoco es un ejercicio de combate a la corrupción como lo ha señalado el Gobierno de México para justificar sus decisiones. El nuevo recorte presupuestal -porque no olvidemos que este ya se ha aplicado en pasados presupuestos y sólo ha afectado a trabajadores y sus familias sin representar un ahorro real para la Federación-, es una muestra de las prioridades de esta Administración.

Mientras los símbolos como una refinería, un aeropuerto y un tren turístico son más importantes que contener el crecimiento de la desigualdad en el país, ciertas instituciones obtienen más poder y más recursos.

La discusión sobre la posible eliminación de 109 fideicomisos que ha aprobado la Cámara de Diputados y que ahora le toca al Senado analizar y votar, es un ejemplo de esto.

El fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que representa medidas para salvaguardar la vida y la integridad de todos aquellos que se dedican a luchar contra las injusticias o que exponen la verdad por más que ésta incomode, es uno de los presupuestos en riesgo.

Mientras los deportistas y las instituciones académicas de investigación se quedarán sin fondos, los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional -que también han sido denunciados por opacos y discrecionales- vieron un incremento en 1048% entre el tercer y cuarto trimestre del 2019, de acuerdo con datos proporcionados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los fideicomisos del Ejército contaron con 3 mil 995 millones de pesos (mdp) aproximadamente; en el sexenio anterior, el promedio fue de 5 mil 574 mdp. En el tercer trimestre de este Gobierno, Hacienda reportó que estos fideicomisos alcanzaron los 2 mil 505 mdp, pero al finalizar el año el monto ascendió a 26 mil 252 millones, lo que representa un aumento de 1048%.

La cosa no paró ahí y para este año los recursos alcanzaron los 31 mil 980 mdp que se usan para el pago de retiro, pensiones y compensaciones al Ejército; a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial; y para el apoyo a deudos de militares fallecidos en actos del servicio de alto riesgo.

Lo que este presupuesto representa, Mexicanos Contra la Corrupción lo ejemplificó destacando que los recursos de los fideicomisos de los 26 centros de investigación CONACYT suman 785 mdp o el 2.5% de los fondos en los fideicomisos de SEDENA. La diferencia es abismal.

Mientras esta Administración le siga apostando a la militarización y a las dádivas con fines electorales, la desigualdad económica y social aumentará, y la violencia recrudecerá. El Ejército no es la respuesta, la detención del exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, por parte de las autoridades estadounidenses debería enseñarnos algo de eso.

En lo que el Gobierno se decide a prestar atención a estos pequeños detalles, desde el Senado de la República daremos la batalla, una vez más en desventaja, para proteger los recursos de todos los sectores que forman a este gran país.

*Presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana