En los primeros siete meses de este año 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) -órgano operativo de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz públicos-, señaló que se han cometido 549 feminicidios y 12 mil 777 delitos de abuso sexual en el país.

Esta cifra rebasó los datos otorgados por ese organismo durante el mismo periodo, pero del año 2018, el último de la pasada administración. Durante esos primeros siete meses, 500 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y 10 mil 626 delitos de abuso sexual fueron ejecutados.

Dichos números superan al año 2017, y esta tendencia en aumento de delitos -no sólo de este tipo-, ha sido una constante en el paso de los años y los cambios de Gobierno, la cual no ha podido ser controlada.

Lo anterior se puede explicar, en gran parte, porque la estrategia de seguridad no ha sido modificada: militares en las calles, impunidad, omisión e indiferencia institucional, entre otros elementos.

Sin embargo, sobre esto último; es decir, la omisión e indiferencia institucional, resalta el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que, durante la última semana, ha sido el personaje estelar de primeras planas de periódicos y diversos medios de comunicación, por una serie de protestas que madres de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas han emprendido en contra ya no sólo de la Comisión, sino de todo el actual Gobierno federal.

Marcela Alemán, madre de Lya, una menor que fue abusada sexualmente por trabajadores del Instituto Luis Gonzalo Urbina en San Luis Potosí, lleva una lucha de años para llevar ante la justicia a los agresores de su hija. Como ella, miles de madres y familiares que buscan en las instituciones sensibilidad y oídos hacia sus demandas, se han cansado de no obtener nada más que largas y pretextos de quienes deberían auxiliarlas.

Por esta situación de hartazgo e injusticia, Marcela junto con otras mujeres tomaron las instalaciones de la CNDH para exigir certeza por parte de las autoridades para castigar a los implicados en el crimen contra su hija y otras víctimas.

En medio de su protesta, las manifestantes encontraron en el organismo los vicios y lujos que hace poco menos de un año (nueves meses para ser exacto), la actual presidenta de la Comisión había señalado desterrados en su nueva administración; cortes finos con cargo al erario, son un ejemplo de eso.

Hasta ahora, como durante todos los meses de su presidencia, la titular destaca por su silencio, no sólo frente a las protestas en su contra, sino frente a casos como las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, la falta de insumos y distintos abusos contra el personal médico en medio de esta pandemia, entre otros temas emblemáticos más.

Aunado lo anterior, las declaraciones presidenciales que señalan la preocupación por objetos más que por las injusticias cometidas contra víctimas, nos llenan de intranquilidad y desolación.

Las madres de las víctimas conocen mejor que nadie la historia de impunidad, indiferencia, mentiras y violaciones a derechos humanos que ha cometido y comete aún el Gobierno. Ellas no son conservadoras, ni “proporfiristas”, son mujeres incansables en su lucha por la justicia para sus hijas y sus hijos; a ellas sólo la verdad las detendrá.

Por ello, lo que debería indignar al presidente no es la imagen de un expresidente ultrajado, sino la poca capacidad de la titular de la CNDH para atender y resolver las demandas de las víctimas del país, la falta de resoluciones emitidas frente a las innumerables violaciones a derechos humanos que aquejan a nuestro país. La forma es fondo, y el presidente está errando sus formas y olvidando el fondo. Desde el Poder Legislativo nos toca poner un freno a estos abusos.