Una de las principales banderas que el presidente López Obrador ha enarbolado, durante sus épocas de campaña y ahora en su Gobierno, es la de acabar con la corrupción.

De esta forma, bajo esa idea, el pasado 1 de septiembre de 2019, durante su primer Informe de Gobierno, en el Palacio Nacional, el presidente de México presumió que, si pudiera resumir su plan de Gobierno en una frase, sería la de “acabar con la corrupción y la impunidad”.

Ahora bien, han pasado prácticamente 18 meses desde que el presidente López Obrador asumió su cargo, 18 largos meses para que la autodenominada cuarta transformación no desperdiciara la oportunidad de sentar las bases contra la corrupción y dar los primeros resultados palpables sobre la materia anticorrupción en el país.

La verdad es que en los hechos la corrupción no ha sido atacada de forma efectiva, los números que arroja la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI), son preocupantes.


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La mencionada encuesta cae como balde de agua fría a los dichos de presidente, de ella se destaca que la tasa de prevalencia, es decir el número de víctimas de la corrupción, creció en 7.5% ya durante la gestión del actual Gobierno federal, lo anterior se entiende así, toda vez que el presidente López Obrador recibió un país en donde el número de víctimas de corrupción (tasa de prevalencia) ascendía a 14 mil 635 personas por cada 100 mil habitantes y ya para 2019 esta cifra ha crecido a 15 mil 732 personas por cada 100 mil habitantes. Contrario a las arengas, las víctimas de corrupción no han bajado, han subido.

Los datos se recrudecen al momento de conocer la tasa de incidencia, esto es la corrupción que padecen las personas al realizar algún trámite ante el Gobierno, ahí las cifras con las que el presidente recibió el país, ascendían a 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes y para 2019 esta tasa ha aumentado a 30 mil 456 actos por cada 100 mil habitantes, como es evidente la tasa de actos de corrupción ha subido 19.2% respecto de 2017. Inverso a las alocuciones, los actos de corrupción no han disminuido, han crecido.

Por si fuera poco, el costo a consecuencia de la corrupción sigue subiendo de manera exponencial en nuestro país, tan sólo en los dos últimos años el costo de la corrupción de acuerdo a la mencionada encuesta, creció 64.1%, esto refleja que en 2017 se calculaba que el costo de este flagelo era de aproximadamente 7 mil 781 millones de pesos al año, suma bastante considerable; sin embargo, esta cifra se ha quedado corta al conocer que para 2019 este costo ha subido hasta 12 mil 770 millones de pesos, lo que revela que la corrupción se ha intensificado durante la actual gestión del presidente López Obrador.

Ahora bien, de manera individual, tomando en cuenta los números anteriores, para 2017 el costo de la corrupción por persona afectada promediaba un costo de 2mil 450 pesos, cantidad que para 2019 asciende a un costo promedio de 3 mil 822 pesos por persona afectada, es decir un crecimiento gradual de 56% en solo 2 años. Contrapuesto a las peroratas, como advierten los datos, la corrupción cuesta mucho para los mexicanos y su crecimiento no cede, no da tregua ni con la llamada cuarta transformación.

Y es que por más que se pregone otra cosa, la corrupción crece y no mengua, para muestra un botón, o varios, tan sólo hay que recordar que lejos de las disertaciones hay casos que al día de hoy han despertado mas dudas que certezas respecto al combate a la corrupción; los Bartlett, Ana Gabriela Guevara en la CONADE, el ex delegado y empresario farmacéutico Carlos Lomelí, los sobreprecios de ventiladores en el IMSS de Zoé Robledo, el caso de fertilizantes en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a cargo de Víctor Villalobos, y la propia Sader Guerrero de Amílcar Sandoval con la perdida de cientos de toneladas de maíz, asuntos que al día de hoy no tienen una determinante resolución y que quedan muy lejos de la consigna del presidente cuando propaga que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", al día de hoy no parece ser así.

De igual manera en la Ciudad de México, en materia de corrupción, cualquiera diría que “el horno no está para bollos “, pues tampoco escapa a la escalada de las tasas de prevalencia (personas víctimas de corrupción) y de incidencia (numero de actos de corrupción); veamos, en la primera de las tasas mencionadas el repunte de 2017 a 2019 es de 3%, pasando de 20 mil 093 personas a 20 mil 690 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, ahora bien, en cuanto a la segunda de las tasas, el ascenso es mucho mayor, para 2017 el número de actos llegaba a 34 mil 111, pero para 2019 esta cifra creció 40.2%, llegando a una tasa de hasta 47,834 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Estas cifras no dejan bien parada a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la CDMX incluso presenta números más elevados en el repunte de la corrupción que los del Gobierno de su mentor.

Así las cosas, no basta con dictar desde el discurso la idea de terminar con la corrupción si en los hechos no se combate, no basta pregonar que la limpieza de las escaleras se está haciendo de arriba hacia abajo si las escaleras siguen bastantes sucias. Las simples soflamas no funcionan, los datos nos colocan en la realidad.