Los resultados electorales de Morena en la CDMX, como su Valle de Aztlán, fueron desastrosos y están casi en terapia intensiva. La responsable de ello fue Claudia Sheinbaum y está reaccionando frenéticamente.

En efecto, comparando el éxito de su partido al ganar en 11 gubernaturas y refrendar la mayoría en San Lázaro (junto con sus aliados), el contraste con los resultados en la capital resulta por demás evidente. La CDMX será la segunda entidad federativa con más distritos perdidos por Morena, en comparación con los resultados de 2018, pues ganaron once distritos menos (en 2018 ganaron 23 de 24, ahora sólo ganaron 12 de 24, y aún podrían perder uno más en el tribunal); sólo el Estado de México supera esta cifra, pues ahí tendrán 13 distritos menos que en 2018.

Como consecuencia de ello, Sheinbaum ha emprendido una serie de acciones en la dirección equivocada, pues lejos de afianzarse de cara a 2024, se encuentra como el Pípila, cargando la losa de los peores resultados electorales de Morena en 2021. Y es que, en vez de aprovechar este descalabro para mandar mensajes de pluralidad y de sensatez política –que de hecho le podrían ayudar a demostrar que está a la "altura" de aspirar a suceder a YSQ–, optó por hacerse chiquita, por pasar de Científica a una Chaira recalcitrante. Lejos de demostrar que es una jefa de Gobierno, reculó para ser una vulgar regente.

Y para muestra basta un botón: Sheinbaum se reunió con José Ramón Amieva el 5 de julio de 2018, sólo cuatro días después de las elecciones, aún sin recibir la constancia del IECM que la acreditaba como ganadora, para iniciar su transición al frente del Gobierno capitalino. Pero ahora, de manera facciosa, le regatea y sabotea la transición a las nueve alcaldías que NO gobernará Morena, quienes –salvo Santiago Taboada y Adrián Ruvalcaba, los dos únicos alcaldes de la oposición reelectos– habrán de pagar los platos rotos de la venganza y berrinche electoral de Sheinbaum.

Posponer a la mala la transición hasta el mes de septiembre tendrá funestas consecuencias para quienes resultaron electos, pues no podrán incidir en ajustes presupuestales de cara a los meses de octubre – diciembre que les permitan cambiar la dirección del gasto, y en muchos casos, si desearan licitar alguna obra o servicio, ya tendrían el tiempo muy encima.

Pero por mucho, la peor venganza es de cara a su gestión del 2022, pues difícilmente los proyectos remitidos por la Secretaría de Finanzas al Congreso el 30 de noviembre reflejarán la nueva oferta política de las autoridades electas con alternancia. La circular publicada el 2 de julio de este año en la Gaceta Oficial (sólo 26 días después de las elecciones) por parte de la Secretaría de Finanzas, establece las reglas para la elaboración e integración de los anteproyectos de presupuesto para 2022 que deberán observar todas las Unidades Responsables de Gasto en la CDMX.

Si la transición empieza hasta el 1 de septiembre, menudo lío se avecina, pues si bien la Programación Base estaría debidamente requisitada y validada, la clave estaría en la fecha establecida para remitir la BASE DEFINITIVA del Proyecto de Presupuesto de las alcaldías el 20 de agosto, en alcance a la remisión de la Programación BASE que se deberá mandar a más tardar el 30 de julio.

Ese es el motivo real del sabotaje de las fechas de transición a través de la publicación en la Gaceta Oficial del 7 de julio (sólo cinco días después de la publicación de las reglas de Finanzas) la cual, de manera burda y corriente, modificó el criterio publicado el 11 de junio (sólo siete días después de la debacle de Sheinbaum) por la Secretaría de la Contraloría General para iniciar la transición en las alcaldías.

De modo que, el resolutivo CUARTO, que antes establecía que la transición empezaba una vez que tuvieran sus constancias de mayoría entregadas por el IECM, ahora establece que las alcaldías con alternancia tendrán treinta días, a partir del 1 de septiembre, para revisar la corrupción y todos los expedientes que hayan recibido, y hacer las observaciones pertinentes ante el órgano interno de control.

Y en simultáneo, deberán ajustar la inercia presupuestal heredada por la falta de transición oportuna, antes de remitir a Finanzas su propuesta final y definitiva el 13 de noviembre, de conformidad con las reglas publicadas el 2 de julio; es decir, o revisan el pasado o ajustan la visión presupuestal de su quehacer presupuestal en 2022.

Para evitar esos atropellos democráticos es que la Constitución federal establece que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá remitirse el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados y aprobarse a más tardar el 15 de noviembre (excepto el año en que haya elecciones presidenciales, en el que la fecha de remisión es precisamente el 15 de noviembre, dada la reforma de 2014 que estableció que, a partir de 2024, el Presidente de la república entrará en funciones el 1 de octubre); esto, para garantizar que el rostro del nuevo proyecto vencedor en la urna para la Presidencia de la República, se refleje con nitidez en el primer año de Gobierno y no sea un año de gasto presupuestal inercial con ajustes sobre la marcha, tal y como lo hizo AMLO entregando su paquete económico para 2019 en San Lázaro el 15 de diciembre de 2018. Es esa transición y ese espíritu el que Sheinbaum pretende cercenar y sabotear en la CDMX.