Atentos a recientes declaraciones de legisladores, dirigentes partidarios y funcionarios electorales, parece inminente que la próxima legislatura tendrá, como uno de sus principales objetivos, la reforma electoral. El propio presidente de la república ha externado que presentará una iniciativa mientras continúan intercambios verbales entre actores y autoridades sobre temas a incluir y la mecánica a seguir.

La historia reciente indica que las sucesivas reformas ocurridas desde 1977 impulsaron cambios sustanciales al modelo de nuestra democracia. En el ámbito político, la transformación del país es producto de la disposición de los actores políticos en turno para negociar, establecer acuerdos y pactar para reformar la constitución y la ley electoral, considerando posturas de los diversos grupos. Así, por la vía de los consensos, se construyeron instituciones y procedimientos que hoy garantizan canchas parejas, condiciones de equidad en las contiendas, respeto irrestricto al voto y un modelo nacional de elecciones.

Será inevitable deliberar primero si la oposición estará dispuesta a explorar modificaciones constitucionales o solo de leyes electorales o ninguna. Reformar la constitución en las condiciones actuales podría abrir la caja de Pandora para que escapen todos los males y adversidades del mundo. Acordar sólo cambios a la ley requiere de una agenda precisa, solo que ningún cambio de los que se plantean en el debate mediático prosperaría sin reformas a la constitución.

Veamos. Tanto voces de Morena como del PRD han sugerido disminuir el número de consejeros del INE de 11 a 9 o de 11 a 7 y que algunas atribuciones podrían “desconcentrase hacia los institutos locales”, a reserva de saber a qué se refieren, temas como el modelo de radio y televisión, la fiscalización centralizada de gastos e ingresos de partidos, precandidatos y candidatos, designación de consejeros de oples, asignación de diputaciones plurinominales, entre otras, están reservadas al INE en diversas bases constitucionales.

El debate reabrió discusiones añejas como los costos de la política y de las elecciones. En especial, los montos de financiamiento público a partidos tanto federal como estatales, luego de que la homologación del mecanismo de cálculo introducida en 2014 duplicó las cantidades a repartir; o bien, los presupuestos de oples y tribunales. Creo en la posibilidad de disminuir el uso de recursos públicos en estos rubros, porque la austeridad y la racionalidad en el gasto caminan de la mano con instituciones autónomas, imparciales y profesionalizadas. Busquemos fórmulas que permitan lograr ese propósito.

De nuevo, invito a los legisladores a revisar la incorporación del voto electrónico como una medida que abarate costos, a no desconcentrar atribuciones en materias que podrían ser regresivas, como el caso de la fiscalización que, de llevarse a los Estados, podría generar retrocesos no por incapacidad de los institutos locales si no porque implicaría inversiones millonarias para crear unidades especializadas y porque agregaría tensiones a su relación con actores políticos en turno, a la par que atomizaría criterios y relajaría procedimientos.

Una reforma electoral debe surgir del mayor consenso posible, de diagnósticos precisos de autoridades federales y estatales, del análisis de especialistas y de la construcción de acuerdos entre los actores para privilegiar la fortaleza del sistema y no solo para generar beneficios directos a partidos y grupos parlamentarios. Reformar al sistema electoral no es tema exclusivo de los actores políticos, nos involucra a todos.

*Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral y exconsejero del INE

@MarcoBanos