Hoy el combate a la corrupción es un tema que, en lugar de ser tratado con la objetividad, eficacia, celeridad, transparencia y legalidad que amerita, pareciera ser utilizado con selectividad para la persecución política y la venganza personal por parte de quienes hoy detentan el poder.

Irónicamente, en el Gobierno que prometió acabar con este problema, la corrupción crece y sigue carcomiendo al país desde dentro; desde sus instituciones y organismos, corrompiendo representantes y funcionarios de todos los niveles.

Por si fuera poco, hoy la corrupción se desarrolla con un cinismo nunca antes visto, como han mostrado las filtraciones de videos en los que el propio hermano del presidente de México participa en actos ilícitos para financiar el “movimiento”. Sin embargo, la verdadera gravedad del problema no radica en este ejemplo, sino en la respuesta que ofreció el primer mandatario al respecto.

Resulta ofensivo observar al hermano del titular del Ejecutivo recibiendo dinero para las campañas o para fortalecer a Morena de cara a las elecciones pasadas, como claramente se escucha en los audios. Pero más ofensivo es el descaro con el que el presidente admite la comisión de delitos electorales llamándoles “aportaciones”; ¿aportaciones de quién? ¿Aportaciones para qué? ¿Cuánto recibió en total? ¿Qué funcionarios lo financiaron y a dónde se destinaron los recursos?

Quien entrega el dinero y quien, ahora sabemos, también es responsable de haber grabado los videos, es David León Romero, nada más y nada menos que “uno de los mejores servidores públicos del Gobierno”, según palabras del propio mandatario. El presidente puede intentar engañar a los suyos y engañarse él mismo, pero nosotros no podemos permitir un abuso más: estamos frente a la evidencia de varios posibles delitos. Vamos por partes.

En 2015, David León era asesor de comunicación social del Gobierno de Chiapas, entonces encabezado por el Partido Verde Ecologista de México. Como servidor público de un Gobierno estatal, David ha cometido un delito electoral. La ley es muy clara: un funcionario comete este delito cuando “destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato […]; proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.”

Es decir, que uno de los cuadros más valiosos de la actual administración, David León, quien, por cierto, también es suplente del diputado federal tabasqueño por el Partido Encuentro Social, Ricardo de la Peña Marshall, debe probar inmediatamente que el dinero que entregó a Pío López Obrador no es dinero público. No obstante, el audio es claro en la solicitud de reconocimiento al apoyo que se brinda, tanto al partido que se ostentaba como vanguardia moral incorruptible como al propio presidente constitucional de nuestro país.

Aunque logre probar su inocencia frente al señalamiento anterior (esperemos que haya guardado todos sus recibos), probablemente no se salvará de haber proporcionado apoyo o prestado algún servicio a un partido político en horario laboral; ya que uno de los videos señala haber sido grabado el viernes 26 de junio de 2015 a las 9:12 horas: justo al inicio de la jornada laboral en la mayoría de las oficinas de Gobierno.

Todo esto sin entrar de lleno al tema de las responsabilidades de los funcionarios públicos y del evidente conflicto de interés que representan sus cargos públicos en el actual Gobierno: ¿el apoyo que solicitaba a cambio de la entrega de los recursos consistió en las plazas que se le han otorgado en la Administración Pública Federal?

Por otra parte, Pío López Obrador –quien en 2019 fuera señalado por supuestamente operar para que 21 alcaldes de Chiapas se unieran a las filas del partido de su hermano–, está violando la Ley General de Partidos Políticos al recibir dinero en efectivo y no emitir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo, domicilio, clave de elector; y, en su caso, RFC del aportante.

Bajo el mismo supuesto, la tendencia en Twitter con la etiqueta #YoContribuíConAMLO, podría poner en apuros a algunas personas ante el Servicio de Administración Tributaria, que ahora tiene la labor de auditar fiscalmente a Morena, al hermano del presidente y al propio presidente.


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Al respecto es indignante que, en medio de una crisis económica sin precedente, los microempresarios y los pequeños contribuyentes hayan tenido que cumplir con sus obligaciones fiscales sin consideración alguna, mientras que la familia presidencial ni siquiera se preocupa por las posibles implicaciones de los ilícitos mostrados en un video, gracias al manto de impunidad que sus apellidos revisten.

Frente a esta situación, la narrativa principal en los medios de comunicación es la misma del mandatario: minimizar este acto de corrupción con el gastado discurso de que “antes era peor” y comparándolo con el cada vez menos creíble Caso Lozoya, en donde la única protagonista es la injusta justicia. Y no porque yo crea que los acusados sean inocentes o dignos de confianza, sino por el montaje mediático en el que han convertido un proceso legal que Emilio Lozoya –un culpable confeso– vive en libertad y con todas las comodidades, mientras cientos de miles de personas acusadas injustamente pasan años en prisión esperando ser juzgadas.

Mientras discutimos estos lamentables hechos que se han convertido en un circo mediático, la pandemia ha rebasado el escenario más catastrófico en las proyecciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien cada día contesta con arrogancia las preguntas de la prensa y pierde tiempo para evadir las legítimas inquietudes de los periodistas.

Sin embargo, debemos reconocer que su estrategia ha funcionado: el presidente no responde por los decesos, el incremento de casos o la disminución de las pruebas diarias (pero sí distrae a la prensa y la opinión pública con cosas como la rifa del avión presidencial sin avión presidencial); la gente muere en sus casas, dejando camas libres en los hospitales que el Gobierno puede presumir; se responsabiliza a las personas, en lugar de asumir la máxima obligación del Estado de garantizar la vida y la salud de la ciudadanía; y por todo eso se le ha premiado con un nuevo cargo.

La justicia no puede ser selectiva; la justicia es un derecho que el Estado debe garantizar y no una herramienta de persecución o distracción. Deseo que en México pronto podamos acceder a ella en lugar de sentarnos a su alrededor a observar el espectáculo que se monta para hacernos olvidar lo importante: en cinco meses más de 60 mil personas han fallecido a causa de la negligencia, arrogancia y omisión gubernamental. Mis condolencias a todos los que han perdido a alguien.