En lo que va del año, nuestro Gobierno ha aumentado el gasto público en 4.6%, más de seis veces el 0.7% que calculó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para todo el 2020. Mientras enfrentamos una caída en los ingresos públicos y sorteamos el austericidio de las instituciones públicas en aras de optimizar al máximo los recursos para gestionar la emergencia sanitaria, los gastos del gobierno siguen aumentando; especialmente, en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en los proyectos estrella del primer mandatario: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Lo anterior ha sido señalado en un informe del Bank of America –una de las instituciones financieras más importantes del mundo–; el cual, también indica que las supuestas políticas de “austeridad” con las que el Gobierno federal está desmantelando programas, oficinas y hasta instituciones completas, son insuficientes para pagar los costos de los proyectos presidenciales, que ascienden a 30 mil 500 millones de dólares y representan 3.16% del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el país.

Es importante recordar que, desde abril pasado, el presidente ordenó importantes ajustes en la Administración Pública federal, que incluían la reducción de 75% al presupuesto para “gasto corriente”.

Para algunas dependencias, esta medida ha comprometido el pago de servicios esenciales como luz, agua, gas, telefonía, o el arrendamiento de instalaciones y equipo; sin embargo, para organismos como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la decisión ha implicado dejar sin recursos federales a programas como el de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete estados de la República.

Para otras instancias, como las Secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), el recorte significó retirar equipos de cómputo; limitar insumos básicos de trabajo como papel, electricidad y agua; e incluso la cancelación de plazas de base (se estiman dos mil) para recontratar al personal como trabajadores eventuales; una medida que, irónicamente, deja sin derechos laborales a los trabajadores de la dependencia a cargo de vigilar la aplicación de esos derechos en nuestro país.

En días pasados, la reducción de 151 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) generó una respuesta social en todo el país para defender, ni más ni menos, al organismo que coordina los esfuerzos a nivel nacional para erradicar la violencia contra las mujeres: demandas que fueron ignoradas, como es norma en el actual Gobierno. En un país donde cada día son asesinadas diez mujeres, se reducen los recursos destinados a enfrentar esta violencia bajo un falso discurso de austeridad.

Es decir que la falta de estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas; la negativa a garantizar un ingreso mínimo vital de emergencia; la falta de presupuesto para infraestructura, recursos humanos y materiales necesarios para contrarrestar la pandemia, así como el castigo a programas de atención a la violencia contra las mujeres, no obedecen a la falta de dinero, sino a una decisión política de reorientar el gasto público a los proyectos presidenciales en un momento crítico para el país. Eso no es austeridad, es hipocresía.


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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México enfrentará uno de los mayores incrementos de la tasa de pobreza en la región, junto con Argentina, Brasil, Ecuador y Perú. La propia CEPAL estima que en 2020 la pobreza en nuestro país incrementará 7.6% y la pobreza extrema 6.3%, en comparación con el año pasado. Es decir, podríamos terminar el año con 63.8 millones de personas en situación de pobreza y 22.4 millones en pobreza extrema.

Sin embargo, las prioridades gubernamentales son muy claras.

La mentira de la austeridad se gasta cada vez más, afectando a miles de familias, violentando derechos laborales –una verdadera conquista de luchas históricas–, desmantelando la Administración Pública y destruyendo instituciones esenciales.

Es comprensible que, desde el hartazgo colectivo frente al dispendio y el abuso de los recursos públicos, algunas voces puedan celebrar los recortes; no obstante, se trata de medidas que en nada benefician al país.

Si queremos un mejor uso de los recursos en el Gobierno, apostemos por mejores mecanismos para evaluar a funcionarios y vigilar la función pública, no por la desaparición de programas y organismos a capricho del presidente. Transparencia en el gasto público y una verdadera rendición de cuentas a la ciudadanía es lo que necesitamos.

Las mentiras pueden llegar a ser tan atractivas como peligrosas. La falsa austeridad, por despertar el aplauso de algunos, podría costarnos mucho a todas y a todos. No lo permitamos.