[OPINIÓN] Jaque a Anaya


En el cuarto de guerra del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quedaron pasmados por un nuevo golpe bajo que les propinó el partido en el poder: el PRI.

Y es que a pesar de la prohibición expresa que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que el Gobierno federal promocione nuevas obras públicas, la administración de Enrique Peña lo hizo.

El pasado 6 de abril transmitió a través de la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la inauguración de la ampliación de la carretera Viñedos Rivier-San Marcos y la construcción del Paso Superior Vehicular León-Aguascalientes.

La buena: que con esa obra más de 35 mil vehículos que se trasladan diariamente entre los municipios del estado de Aguascalientes tendrán recorridos más cortos y seguros.

La mala: que la promoción de una obra en plena veda electoral se realizó en una entidad que es gobernada precisamente por el Partido Acción Nacional (PAN).

O sea que el gobernador Martí Orozco Sandoval, quien había mostrado su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya, fue comparsa del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, en la violación a la LGIPE.

La peor –para los adversarios de Morena–: que con esta jugada el gran beneficiado será, otra vez, el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en los próximos días, los dirigentes del PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) tendrán que presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Gobierno federal y su abanderado presidencial.

Si no lo hacen, los alfiles de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emprenderán una campaña para evidenciar, al menos en el discurso, que el PAN y el PRI son la misma “mafia del poder”.

Pero si deciden emprender acciones, tendrán que arremeter contra los organizadores del evento y en eso destaca el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y varios panistas de cepa de la entidad.

Lo que queda en evidencia es que al candidato frentista no le hacen mucho caso sus pupilos o que, en el peor de los casos, el Bajío ya no es su mayor fortaleza.

Y si alguien espera que realmente se le imponga una sanción al Ejecutivo federal por la violación electoral, simplemente está equivocado: la ley es laxa y los árbitros de la contienda, más.

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