La crisis sanitaria y económica que vivimos es una situación sin precedente que nos ha puesto a prueba de muy distintas maneras. Y aunque la solidaridad y la creatividad que distinguen a la sociedad mexicana nos han permitido salir a flote de muchas desventuras, en esta ocasión las decisiones gubernamentales y la falta de acciones legislativas no han sido capaces de respaldar los esfuerzos ciudadanos para salir adelante. Por el contrario, parecen destinadas a confundirlos, mermar sus alcances e incluso obstaculizarlos.

Frente al miedo, el duelo y la incertidumbre que padecen las familias mexicanas, en el Poder Legislativo las mayorías han dado preferencia a iniciativas que, lejos de buscar el beneficio de la población, buscan impulsar agendas particulares con propuestas que intentan quitarle al Congreso el control del presupuesto federal o amenazan con censurar internet, por mencionar algunos ejemplos. Al mismo tiempo, se obstaculizan los esfuerzos para brindar apoyos (que no créditos) a micro y pequeños negocios, o las reformas que garantizarían un ingreso mínimo a las personas que lo necesiten en momentos como éste.

Sobre este tema, el pasado 3 de junio las legisladoras y los legisladores ciudadanos presentamos una iniciativa que, atendiendo recomendaciones de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, busca garantizar el derecho a un Ingreso Vital para situaciones especiales y de emergencia.

Con ello, queremos apoyar a las familias que resulten afectadas económicamente en momentos de crisis como la actual emergencia sanitaria que comenzó en febrero y, hasta el 22 de junio, ha significado más de 180 mil casos de contagio y 21 mil 825 personas fallecidas. La garantía de un ingreso seguro nos permitiría combatir la pandemia con mayor eficacia, de lo contrario, su contención será muy complicada.


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Nuestra propuesta es muy sencilla: consiste en garantizar la entrega de un apoyo económico de 3 mil 696 pesos mensuales durante tres meses, con la posibilidad de ampliarse dos meses más, a las personas que hayan dejado de percibir ingresos o los hayan visto reducidos considerablemente en una situación de emergencia.

Con este esfuerzo, al que ya se han sumado diferentes grupos parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, queremos apoyar a quienes más lo necesiten en los momentos que más lo requieran y garanticemos que las personas no tengan la necesidad de salir a buscar un ingreso para subsistir, y puedan permanecer en casa. Sin banderas partidistas ni intereses electorales de por medio, queremos sentar un precedente legislativo que pueda hacerse efectivo en beneficio de las familias mexicanas.

Si hoy la iniciativa fuera una realidad, alrededor de 20 millones de personas, que representan el 35% de la población económicamente activa, podrían beneficiarse del Ingreso Vital.

Por supuesto, nuestra propuesta no ha estado exenta de cuestionamientos; entre los más frecuentes están: ¿cuánto cuesta garantizar un ingreso mensual de casi 3 mil 700 pesos a millones de mexicanos? ¿Cómo se van a asegurar esos recursos? Para responder es importante conocer algunos datos:

Nuestra iniciativa implicaría la erogación de 220 mil millones de pesos (mdp) para beneficiar a 20 millones de personas, aproximadamente, por tres y hasta por cinco meses.


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Sin duda, fuera de contexto, la cantidad resulta impresionante. No obstante, se trata de menos de la mitad del presupuesto de 523 mil mdp que el Gobierno Federal asignó a PEMEX para este 2020; una suma idéntica a la que perdió en los primeros tres meses del año. Sí, sólo entre enero y marzo, la empresa petrolera reportó pérdidas por el equivalente a todo su presupuesto anual.

La suma tampoco parece descabellada cuando se compara, por ejemplo, con el programa de reactivación económica presentado por el Banco de México, que contempla diversas acciones que equivalen a 750 mil millones de pesos, incluyendo un programa de créditos otorgados a través de la banca múltiple, por 250 mil millones de pesos.

Finalmente, para mostrar que el Estado tiene capacidad para garantizar el Ingreso Vital, basta con recordar que, durante el año 2019, el titular del Ejecutivo realizó modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación por más de 800 mil millones de pesos, sin previa consulta a la Cámara de Diputados (la instancia encargada del Presupuesto y la Cuenta Pública).

Eso quiere decir que, con voluntad política y altura de miras, el Ingreso Vital puede ser una realidad: una realidad que hoy serviría para aliviar la incertidumbre de millones de mexicanos.

Las cifras son alarmantes. Se estima que más de 12 millones de personas han perdido su empleo entre abril y junio; de confirmarse, la nueva normalidad no parece muy alentadora para nadie, salvo para unos cuantos empresarios protegidos por el Gobierno federal.

No lo podemos permitir. Estamos a tiempo de corregir el rumbo para apoyar a quienes verdaderamente lo necesitan. Por eso hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores, para que ejerzan su responsabilidad como representantes populares, impulsando el Ingreso Vital.

Las familias mexicanas demandan soluciones concretas a sus problemas cotidianos; esas son las propuestas que debemos respaldar.

*Senador de la República, presidente de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia y Participación Ciudadana