Con especial profesionalismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mejoró sus procedimientos de captación de datos desde 1983, pero, especialmente, entre 2008 y  2016. La obtención de datos en censos y encuestas de hogares mejoraron tan sensiblemente a partir de la autonomía del Instituto, que pasó a ser una institución del Estado mexicano replicada e imitada en varias partes del mundo.

Sin embargo, a partir de 2016 el Inegi inició una serie de prácticas de dudosa calidad científica en el levantamiento de información nacional. Justo ese año se recurrió a un cuestionado procedimiento de campo mediante el cuál se “persuadió” a millones de mexicanos para declarar que tenían ingresos superiores a los que realmente tenían, de lo contrario “sería posible que los sacaran de los programas sociales” en la época.

La argucia técnica empleada fue la modificación de la forma en que se captaron los ingresos de los más pobres en el módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016. En ese momento el Inegi anunció que el módulo mantenía el diseño conceptual y estadístico, pero “…con acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo que hacen que el módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos anteriores…”.

El resultado de la maroma estadística fue que ese año se declaró que en México había menos pobres; ya que los ingresos de ellos aumentaron, mediante esta metodología, 33.6% de un año a otro!!! Este hecho generó un conocido choque entre dos instituciones del Estado mexicano: el Inegiy el Coneval.


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Al parecer, a partir de entonces la máxima de Winston Churchill se apoderó del Instituto con sede en Aguascalientes: “Sólo me fío de las estadísticas que yo, personalmente, he manipulado”.

Recientemente el Inegi dio a conocer resultados de dos encuestas que afectan la imagen del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera se refiere a la percepción de corrupción (ENCIG 2019): según la encuesta, las tasas de víctimas y de incidencia de actos de corrupción aumentaron 7.5 y 19.2%, respectivamente. Lo que no se dijo, es que de igual forma que en 2016 (de acuerdo con el documento metodológico), “…se hicieron ajustes en el tema de percepción de la corrupción”.

En la segunda encuesta realizada por el Inegi y dada a conocer en estos días, (Primera encuesta telefónica de ocupación y empleo) los resultados son que 12 millones de mexicanos se quedaron sin empleo durante la cuarentena. Datos que en absoluto son incongruentes con los datos de cotizantes registrados en el IMSS, por un lado y tampoco coinciden con la relación crecimiento-empleo en México: por cada punto porcentual de caída en el PIB, se pierden 278 mil empleos. Por lo tanto, para que hubiera 12 millones de empleos menos, al menos deberían haberse perdido  7.2% el PIB, cosa que no ocurrió (el PIB en el primer trimestre de 2020 cayó sólo 1.5%).


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Casualmente ambas encuestas parecen tener la finalidad de poner en duda la eficacia del Gobierno federal, la primera hizo ajustes a su metodología y en cuanto a la segunda, es importante decir que el Inegi no posee experiencia de muchos años ni diseño experimental que permita la objetividad en encuestas por teléfono.

No se debe partir del supuesto de que “Si queremos que la gente crea algo, lo único que tenemos que hacer es organizar una encuesta que diga que tal cosa es así, y después darle publicidad, preferiblemente por televisión.”

El INEGI debería regresar al rigor que tenía antes de 2016.