Diestros en el arte de la simulación, los mexicanos presumimos de un régimen en el que los estados y la Federación comparten y delegan atribuciones, por el que se coordinan para resolver problemas sensibles, respetuosos cada uno de su ámbito de competencia, tal y como lo dispone el artículo 40 constitucional, pero lo cierto es que mucho de esto es tan solo una idea perfecta, dado que nuestro diseño institucional pondera al gobierno central por el de las entidades federativas.

Nuestro romance con el federalismo es tal, que en otras épocas los días 5 de febrero constituían pretexto para reunir a gobernadores, legisladores y munícipes con el presidente de la República, quien, colmado de poderes jurídicos y fácticos, alababa a un sistema cuyo nacimiento data de 1824.


Te sugerimos: Gobernadores que renunciaron a la Conago ejercen su libertad: AMLO


Guerras y secesiones impusieron el federalismo, a contracorriente de lo estimado por pensadores del siglo XIX como Fray Servando y Lucas Alamán, quienes anticiparon que las condiciones del país provocarían el fracaso de un modelo trasladado acríticamente desde los Estados Unidos. La profecía de ambos personajes se cumpliría puntualmente, pues los gobiernos subsecuentes ejercerían un control férreo de los Estados, vía la asignación de recursos y el cobro de contribuciones. En ese punto coincidieron Santa Anna, Juárez, Díaz y las administraciones emanadas de la Revolución Mexicana.

A partir de la transición democrática de 1997, parecía que las cosas cambiaban, pero después de dos décadas se pretende regresarlas a su punto inicial. La debilidad de los presidentes, aunada a la pluralidad política, dio como resultado un replanteamiento del sistema de competencias entre los tres niveles de Gobierno, lo que se reflejó en ámbitos como la salubridad, la seguridad pública, la educación y la protección civil, por citar unos ejemplos.


Te sugerimos: Salen de la Conago 10 gobernadores; ya no funciona asegura Javier Corral


La bonanza petrolera del sexenio de Vicente Fox y la transferencia de recursos a las entidades terminó por fortalecer a los gobernadores, quienes carecieron de supervisión para evitar corrupciones surtidas. A partir de ahí se explica el endeudamiento demencial y la disfuncionalidad de múltiples servicios públicos, sin que hubiera consecuencias para los ejecutivos estatales.

Tras la crisis de 2008 y la baja en los precios del crudo se hizo necesario reformular un sistema de competencias al que Felipe Calderón se vio impedido de enfrentar. Sería Enrique Peña Nieto quien, a través de sus reformas estructurales, vendría a reconcentrar funciones; proceso que busca profundizar un personaje con pretensiones de hombre orquesta: Andrés Manuel López Obrador.


Te sugerimos: Sheinbaum responde a gobernadores de la Alianza Federalista en la Conago


La actual coyuntura ofrece la oportunidad de reformar las relaciones entre estados y Federación a efecto de fortalecer las capacidades recaudatorias de éstos, promover la responsabilidad en el ejercicio del gasto público y establecer un modo más equitativo de distribuir la riqueza nacional, porque resulta disfuncional insistir en un modelo que privilegia la improductividad y el atraso en las prácticas políticas, mientras que castiga al desarrollo y a la innovación, un paradigma que no ha sacado de la precariedad a las entidades sureñas ni ha premiado a aquellas que se han relacionado exitosamente con las cadenas productivas derivadas del T-MEC.

Es en este contexto, que resulta alentadora la denuncia formulada por diez gobernadores en contra de la Conago, agrupación a la que acusan, con sobrada razón, de plegarse a los afanes centralistas del ejecutivo federal sin recibir algo a cambio, sobre todo en un momento de precariedad económica derivada de la pandemia y de la errática política económica del obradorismo.

La ruptura de los mandatarios de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Aguascalientes y Colima con la conferencia, lejos de ser un intento secesionista o un adelanto sucesorio, debe ser valorada como una acción necesaria para frenar una pretensión de restauración autoritaria en el que la voz de un sólo hombre define el rumbo del país, un gobernante que toca todos los instrumentos al mismo tiempo, pero desafinadamente.