Después de dos intensos días de sesiones en la Cámara de Diputados, los diputados de Morena, Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista (PVEM) aprobaron por mayoría la iniciativa presidencial que extingue 109 fideicomisos y transfiere un fondo de más de 68 mil millones de pesos para que de forma discrecional, opaca y sin control alguno, el Gobierno federal presuntamente los utilice en cuatro rubros: fortalecer los programas sociales, reactivación económica, apuntalar a PEMEX ante la caída de los precios del petróleo y pagar deuda pública; sin embargo, existe la sospecha fundada, que serán destinados a sus obras faraónicas.

Los fideicomisos se constituyeron históricamente como instrumentos financieros útiles, que permiten crear reservas y destinar recursos exclusivamente para el cumplimiento de fines públicos, como gestionar servicios, desarrollar proyectos de infraestructura, apoyar a la educación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y a garantizar la protección de algunos grupos vulnerables o en riesgo, así como a mejorar la calidad de vida, la protección y seguridad e integridad de grupos concretos, a atender contingencias ambientales o de salud; a través de mecanismos más eficientes y con menores trámites burocráticos que por definición son lentos y complejos.

En su momento, la constitución de la mayoría de eso fideicomisos fue una forma de limitar la discrecionalidad de la autoridad y de dar visibilidad y certeza a los apoyos necesarios para temas específicos y, mayoritariamente, de gran relevancia para la sociedad y el país.

El proceso para su desaparición inició el pasado 2 de abril, cuando el titular del ejecutivo, en el marco de su programa de austeridad, ordenó mediante decreto la extinción de los fideicomisos, mandatos públicos y análogos; instruyendo además a las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios; para que a la entrada en vigor y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados, todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos, de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.

El decreto excluía a aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo, cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales; así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Sin embargo, el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, instrumentado a partir de dos iniciativas de MORENA, presentadas los pasados 19 de mayo de 2020 y 9 de septiembre de 2020; modificaron diversos ordenamientos, justificando su resolución en la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia generada por el Covid-19, por lo cual manifestaron la necesidad de contar con recursos suficientes por parte del Gobierno federal para enfrentar la crisis.

El planteamiento implicó reformar 19 leyes y abrogar dos más, para así extinguir, de tajo, en un inicio 44, después 55 y finalmente llegar a un total de  109 fideicomisos. En línea con los señalamientos generalizadores del Ejecutivo, quienes impulsaron en el congreso la iniciativa señalaran indiscriminadamente y sin distingo a todos los fideicomisos de corruptos y opacos en el ejercicio de sus recursos.

En su afán por darle gusto al Ejecutivo, fueron incluso en contra de aquellos fideicomisos destinados a sectores que en un principio se comprometieron a apoyar durante los Parlamentos Abiertos, los cuales involucraron la realización de 10 reuniones, con funcionarios públicos, especialistas, académicos, y beneficiarios directos de los fideicomisos. En coordinación con distintas comisiones, se analizaron un total de 39 fondos o fideicomisos, 32 de ellos correspondientes a Ciencia y Tecnología.

Precisamente en relación con el sector de ciencia y tecnología, estamos frente a una gran mentira; la que señala que con esta medida se va a ahorrar dinero, ya que los recursos actuales no provienen totalmente y exclusivamente del erario público, sino que se integran con los recursos que provienen de fundaciones de otros países, de empresas, de universidades internacionales, que han establecido pactos y convenios de investigación con los 26 centros públicos de investigación, el CINVESTAV, la UNAM y las universidades públicas de los estados. Lo que se observa es una ofensiva contra la ciencia y la tecnología y un afán de controlar hacia donde dirigir la investigación y los proyectos.

Asimismo, se omitió observar que muchos de los fideicomisos son producto de una larga lucha de la sociedad organizada por lograr condiciones que permitan garantizar el respeto y la reparación de violaciones de los derechos humanos; así como la retribución a la comunidad por afectaciones ambientales por parte de la inversión privada como el caso del Fondo Minero.

De especial preocupación es la desaparición de los fideicomisos del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y el de Reparación de Víctimas, ya que en éstos no sólo se trata del manejo de recursos económicos, sino que implican acciones que garantizan la protección, seguridad e incluso la vida de los periodistas, defensores y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Recordemos que en este sexenio las agresiones a periodistas se han incrementado en un 45%. Estos dos fideicomisos se constituyeron gracias a la insistencia y lucha incansable de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, para contar con los recursos necesarios para responder, de manera inmediata y efectiva, a garantizar la integridad o incluso su vida de las personas amenazadas por el ejercicio de su profesión, por la defensa de causas comunitarias, la búsqueda de justicia o de familiares desaparecidos.

Sin estos instrumentos y considerando además la reducción del gasto federalizado en el proyecto de Presupuesto 2021; prácticamente se deja a los estados y municipios en total abandono y sin recursos para el fortalecimiento de la infraestructura social, de salud, educación, desarrollo regional y local.

De ahí, la necesidad de un nuevo pacto fiscal y de fijar reglas claras y con rendición de cuentas. La situación económica y de salud atraviesa por una situación extremadamente difícil y requiere de políticas de gobierno para subsanar los rezagos existentes. Diversos funcionarios del Gobierno han señalado que no se dejarán de atender a estos temas, pero en el dictamen no se especifica la propuesta para suplir estos fondos.

Estas reformas fueron un golpe a años de conformación de la figura jurídica que administraba recursos para impulsar el deporte de alto rendimiento, la industria cinematográfica, los exbraceros, el campo, los jóvenes, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, el sector salud y las zonas metropolitanas, y muchos otros.

Una figura jurídica con una conformación de un patrimonio autónomo,  para destinarlo a causas específicas, con el objeto de asegurar y garantizar que cumpliera con el destino para el cual fueron creados. Contaban con un Consejo y una estructura que permitía la rendición de cuentas y evita la discrecionalidad, mientras que ahora la futura asignación de los recursos, parece ser más un botín político al no contar con una estructura clara responsable de su manejo.

Hemos solicitado que se auditen los demás fideicomisos en su operación.  En el último informe trimestral presentado por la Secretaría de Hacienda a esta Cámara de Diputados, se informó que hay 337 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, los cuales concentran cerca de 728 mil millones de pesos. Es necesario transparentar su operación, no sólo simular un ejercicio de austeridad y transparencia.

Es importante destacar que uno de los triunfos de la oposición durante esta jornada en la Cámara de Diputados, fue frenar la intención de Morena y sus aliados de apropiarse también de los recursos por 101 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra  Gastos Catastróficos, ahora conocido Fondo de Salud para el Bienestar; con lo cual se ponía en riesgo la atención de enfermedades de alta especialidad y el acceso a medicamentos; ya que este atiende diversas enfermedades entre las que se encuentran: cuidados intensivos neonatales, cáncer de mamá, cáncer cérvico uterino, cáncer de colón, cáncer de próstata, leucemia, linfoma, enfermedades infectocontagiosas, trastornos quirúrgicos congénitos, hepatitis, infartos, enfermedades metabólicas, entre otras.

No dudamos que este intento pueda volver a realizarse, por lo que rechazamos por completo la desaparición de los fondos para la salud destinados a la población sin seguridad social. De consumarse este agravio, habrá gran incertidumbre respecto de cómo y quién va a financiar la atención y medicamentos para los mexicanos que hoy tienen asegurados sus tratamientos gracias a estos recursos. Si a esto sumamos la pésima operación del INSABI, el escenario se agrava.

La ruta que continúa este Dictamen es la discusión y votación en el Senado, donde esperamos una mayor cordura y sensibilidad de la mayoría para poder apoyar a los diversos sectores afectados; que se realice un exhaustivo análisis de cuales fideicomisos cumplen su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y salvaguardar los objetivos que persiguen cada uno de estos, no solamente cumplirle un capricho político a su mesías tropical.