El Presidente de la República publicó el pasado 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo que militariza la seguridad pública en nuestro país.

El Congreso de la Unión en febrero de 2019, aprobó una Guardia Nacional con corte civil que sirviera al Estado como instrumento para combatir los altos índices de delincuencia que existen en nuestro país.

Y estableció que en los casos en que las fuerzas armadas permanentes fueran utilizadas en tareas de seguridad pública, su actuación sería de manera extraordinaria, regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria. Parámetros que no se respetan en el acuerdo emitido por López Obrador. Cabe señalar que estos criterios los estableció en 2008 la Corte Interamericana de Derecho Humanos en la sentencia del Caso Alvarado Espinoza y otros contra México.


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Por ello, el 10 de junio de este año, solicitamos que la CNDH interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante dicha petición, la CNDH dijo no.

Sin embargo, hace unos días, exhortó al Congreso de la Unión a emitir a la brevedad posible la legislación secundaria que defina la manera en cómo deberá disponerse de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de esta manera, confirmando que toda la regulación en materia de seguridad pública debe ser objeto de una ley y no de un simple acuerdo, el cual, por cierto, es uno de los peores documentos jurídicos de este Gobierno, mal hecho, obscuro y mal redactado.

Con responsabilidad y objetividad, la presidenta de la Cámara de Diputados, en uso de la facultad conferida en el artículo 233 de su reglamento interior, interpuso una controversia constitucional contra el Acuerdo emitido por el Ejecutivo, debido a que los parámetros señalados en el acuerdo no son claros, no dan certeza y son contrarios a nuestro máximo ordenamiento legal.

La presentación de este tipo de instrumentos que defienden nuestra Constitución federal, demuestran independencia y autonomía de los poderes. Ahora es momento de que la Corte decida.