El análisis, la discusión y la negociación política son procesos centrales de la vida parlamentaria; son las herramientas que permiten a una propuesta legislativa avanzar, o no, hacia su aprobación.

En este sentido, resulta fundamental que las fuerzas políticas en el Congreso cuenten con liderazgos capaces de conciliar voluntades, construir acuerdos y consensar propuestas al interior de sus grupos parlamentarios, para representar con firmeza sus principios e intereses en la negociación con los otros grupos.

De igual forma, para cualquier legislador es de vital importancia escuchar las demandas ciudadanas, ser cercano a la gente y sensible a sus necesidades, porque no podemos ignorar que una de las funciones primordiales de las y los senadores y diputados es la representación política.

Al respecto, en las últimas semanas, los trabajos en la Cámara de Diputados han atraído la atención de los más diversos actores por la discusión de un Dictamen que pretende desaparecer un total de 109 fideicomisos que representan alrededor de 68 mil millones de pesos.

La desaparición de estos fideicomisos implicaría que los recursos de áreas estratégicas para nuestro país, como el desarrollo científico y tecnológico, el apoyo a la producción artística o la protección de personas defensoras de derechos humanos, entre muchos otros, pasen al control del Ejecutivo Federal, quien tendrá que contemplarlos dentro de los rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En este sentido, los recursos que hoy se encuentran “blindados” de los vaivenes políticos y las presiones propias de la distribución presupuestal de cada año, entrarían a la misma lógica que enfrentan todas las áreas de la Administración Pública Federal: los centros de investigación como el CIDE, por ejemplo, tendrán que librar una batalla anual en la Cámara de Diputados, si desean recibir los recursos que necesitan.

Lo que sucedió el pasado 2 de octubre en la Cámara Baja nos recuerda que la mera pertenencia a un grupo parlamentario no basta para orientar las decisiones de los legisladores. Y que el liderazgo formal no necesariamente se traduce en un liderazgo político.

Si bien el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente para aprobar las modificaciones legales que quiera –sin la necesidad de concertar con las fuerzas políticas de oposición– hay ocasiones en que no se pueden construir acuerdos ni siquiera al interior de este bloque.

En este caso, había claras muestras de voto dividido desde la discusión del Dictamen en Comisiones: dos legisladoras de Morena votaron en contra y una más en abstención. No obstante, gracias al respaldo de los grupos parlamentarios aliados a la mayoría, el Dictamen fue aprobado y enviado al Pleno de la Cámara.

Ya en el Pleno, se presentaron más de 400 reservas al documento: todos los artículos que pretendía modificar, incluso el régimen transitorio (los artículos añadidos a la legislación que detallan el procedimiento a seguir una vez que entren en vigor las modificaciones), fueron reservados por la oposición, a fin de alargar la discusión parlamentaria y enviar un mensaje contundente: ninguno de ellos debía aprobarse.

La cantidad de reservas fue tal, que hizo necesario declarar un receso de 30 minutos para que el personal de Servicios Parlamentarios pudiera procesarlas.

Al reanudarse la sesión y someterse el Dictamen a votación, se registraron sólo 239 votos; es decir, que ni siquiera había quórum legal (el número mínimo de legisladores que deben estar presentes) para que la votación fuera válida. Tras la verificación del quórum, se evidenció que sólo había 222 diputados y diputadas presentes; por lo cual, la sesión tuvo que suspenderse, tal como lo establece el Reglamento de la Cámara.

Es importante considerar que el Grupo Parlamentario de Morena, por sí solo, tiene 252 legisladoras y legisladores; es decir, con la puntual asistencia de todos sus integrantes se alcanza el quórum para sesionar, votar y aprobar reformas legales sin ningún problema. Si además le añadimos los 46 integrantes del PT, los 24 del PES y los 11 del PVEM, se alcanza un total de 333 legisladores: este bloque representa esa mayoría que en muchas ocasiones ha logrado imponerse por encima de los argumentos esgrimidos por la oposición.

Pero esta vez los números no fueron suficientes. La razón es muy sencilla: extinguir 109 fideicomisos no es una propuesta fácil de apoyar por una diputada o un diputado que está consciente de que le debe su curul a los electores, a la ciudadanía. Es un costo político que muy pocos están dispuestos a pagar.

Quizás la apuesta debió ser la transparencia y no la desaparición. Quizás la apuesta deba ser la rendición de cuentas y no la centralización del poder.

En fin, esta semana se reanudará la discusión y veremos si al interior del oficialismo lograron construir un consenso favorable para aprobar un Dictamen que toda una pluralidad de grupos de científicos, intelectuales, artistas, personas defensoras de derechos humanos, académicos, periodistas, entre muchos otros, exige rechazar.

¿Qué ganará? ¿La tentación autoritaria o el clamor ciudadano? ¿El capricho o la sensatez parlamentaria? ¿La obediencia ciega o la representación legítima?

Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana