Nos encontramos en el punto más álgido de la pandemia por Covid-19, al menos en la Ciudad de México y su área metropolitana. Cerca de dos meses después de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia y en la víspera de que, a la mayor brevedad posible, comencemos de manera paulatina, ordenada y responsable a reactivar la vida social y económica, vale la pena que consideremos algunas de las enseñanzas que esta situación inédita nos ha dejado.

Lo primero que se debe destacar es que se trata de un aprendizaje a nivel mundial, pero pensado, en todo caso, desde lo local. Nos hemos visto ante la fragilidad de la especie humana en medio de la vorágine dominada por la explotación desmedida de los recursos naturales, el consumismo exacerbado y la acumulación de la riqueza en unos cuantos beneficiaros, frente a los millones de personas que viven o sobreviven en la pobreza.

Esto ha puesto en entredicho la solidez de los Gobiernos democráticos y las pretendidas cualidades del modelo económico de libre mercado que, desde hace ya varias décadas, domina la vida productiva de las sociedades modernas. En este contexto, la disyuntiva que se nos presenta es muy clara: si un virus puede someter a la humanidad, por qué no asumir que siendo parte de la colectividad social requerimos mayor solidaridad para entender que compartimos un futuro común, un destino que será la resultante de lo que nos propongamos construir en nuestro presente, con pleno respeto a las libertades y derechos fundamentales que hemos conquistado.

Se dice que la normalidad que viene será algo distinto a lo que, hasta ahora, hemos entendido como tal. La pandemia nos impone la imperiosa necesidad de transformación tanto en lo colectivo como en lo individual, en nuestra forma de determinar las prioridades como sociedad y conductas en lo personal. Por ello, la manera en que cada Gobierno ha asumido esta crisis definirá el derrotero de la vida económica, social, e incluso, de la forma en que organizaremos el esparcimiento y convivencia cotidiana.


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En consecuencia, es necesario actuar con seriedad y responsabilidad al momento de evaluar las acciones que tanto el Gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el de la Ciudad de México, con la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, han implementado para hacer frente a la contingencia sanitaria que nos asola hasta este momento, pero que rápidamente se está transformado en una crisis económica de proporciones inconmensurables.

Coincidimos con quienes piensan que el modelo adoptado en México para dimensionar y dar seguimiento a la evolución de la pandemia –el modelo Centinela- ha sido el adecuado; más allá de lo cuestionable o no que resulte para algunos, tenemos clara la oportunidad de respetar el disenso. También apoyamos el enfoque social y profundamente humano que, lo mismo en el ámbito federal que en el de nuestra ciudad, se ha asumido como principio básico del actuar gubernamental en favor de quienes menos tienen y más lo necesitan.

Es una concepción diferente en el ejercicio del poder, eso es lo que se debe entender. Son épocas extrañas, considerando que a nivel mundial se retoma la discusión acerca del desmantelamiento del Estado social o de bienestar y la necesidad de recuperar lo mejor que tenía, sin duda, concretado en la finalidad de igualar las condiciones sociales de la población en general para construir mejores espacios para la vida pública.


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De manera particular se destaca el desastre en que se han convertido los sistemas de salud que exhibieron su incapacidad ante la emergencia, debido a la implantación de modelos de privatización de los mismos en todo el mundo. No olvidemos que, en nuestro país, la salud constituye un derecho humano reconocido en nuestra constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) es la muestra del esfuerzo para universalizar el derecho a la salud, así como el derecho al bienestar -ahora también elevado a rango constitucional- mediante el apoyo a las familias de escasos recursos, es señal inequívoca de la transformación de la vida pública que nos hemos propuesto. No podemos regresar a la normalidad que conocíamos, hacerlo así equivaldría a desdeñar el aprendizaje de la pandemia, la nueva normalidad implica, nuevas políticas públicas y una nueva forma de convivencia social.

Presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales en el Congreso de la CDMX y especialista en temas constitucionales