Enjuiciar a los ex presidentes es una deuda histórica al pueblo de México, que durante muchos años padeció la corrupción y falta de honestidad. Los personajes que llegaban al poder lo hacían pensando en generar grandes negocios y jugosas ganancias para familiares, amigos y compadres, beneficiarios de fortunas cuantiosas al término de cada uno de los sexenios.

Para muestra de cómo se conducía el país, basta con recordar que en 1998 se condenó al pueblo de México y a sus futuras generaciones a pagar durante más de 50 años una deuda privada que convirtieron en pública, por el rescate de los banqueros y empresarios con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con un un costo aproximado de 2 billones de pesos.

Más adelante, cuando la gente creyó en la alternancia en el poder, la familia del ex presidente Vicente Fox fue acusada de tráfico de influencias con empresas como Oceanografía y Construcciones Prácticas, con las cuales generaron una gran riqueza.

En la época de Felipe Calderón para festejar el bicentenario de la Independencia se construyó la Estela de Luz, “Monumento a la corrupción”, que tuvo un costo inicial de 393 millones y se terminó pagando 1,146 millones de pesos, 192% más de lo programado, debido al “sobreprecio de materiales”.

Enrique Peña Nieto, el ex presidente, tuvo uno de los Gobiernos más corruptos, con temas como el de la llamada Casa Blanca, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec y valuada en 7 millones de dólares (USD). Actualmente Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX) comenzó a destapar la corrupción que se vivió durante todo su sexenio. Y para cerrar con broche de oro, La Estafa Maestra: una investigación periodística mostró la red de corrupción y complicidades de varias dependencias gubernamentales, que desvió aproximadamente 7 mil 760 millones de pesos, lo que se volvió uno de los mayores saqueos del erario en los últimos tiempos.

Estamos cansados los mexicanos de tantos años de agravios y hoy tenemos la oportunidad histórica de castigar a los personajes que abusaron de la confianza de la población. Durante estos días salimos a las calles y nos encontramos que, a pesar de la pandemia por Covid-19, la gente se desborda para votar en las mesas instaladas por ciudadanos libres que buscan se enjuicie a los ex presidentes. El formato es muy sencillo y el documento que se entrega a los ciudadanos pregunta: “¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso?

Nueve de cada 10 mexicanos está a favor de que se juzgue a los ex funcionarios que hayan cometido algún tipo de delito; el 89.4% está a favor de llevar a juicio a Enrique Peña; 88.5% de hacerlo con Carlos Salinas, y 82.1% de enjuiciar a Felipe Calderón, de acuerdo a una encuesta que realizó el diario El Universal.

Enjuiciar a los expresidentes se vuelve un acto de justicia para todos aquellos que padecimos a los cinco últimos Gobiernos y que vimos la descomposición gubernamental como algo que se había arraigado en la forma de conducir el país.

En estos tiempos, donde la ciudadanía se organiza para castigar y exponer la deshonestidad, se vuelve trascendental que luchemos por cambiar y mejorar la vida de la población que más ha padecido debido a estos actos.

México no merece volver a tener políticos de esta clase al frente del país. Es importante que se deje un precedente para que, de aquí en adelante, quien cometa algún acto ilícito sepa que será castigado, sea quien sea. 

Hoy más que nunca se enarbola la frase popular que dice: “La gente se cansa de tanta tranza”.