Entre vítores y proclamas triunfalistas de propios y extraños, este 1 de julio entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que llegó para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El mismo día, desde un lúgubre escenario rodeado de sillas vacías, un presidente aislado de la realidad "celebraba" el segundo año de su victoria electoral en un evento anunciado como un "Informe del presidente de la República al pueblo de México" bajo la campaña "Despertar del Pueblo". Poco importa para la actual administración que, por mandato constitucional, el informe presidencial –para dar a conocer el estado general que guarda la administración pública del país– se deba presentar por escrito ante el Congreso de la Unión cada 1° de septiembre.

Sin embargo, este contraste involuntario bien puede interpretarse como un símbolo de lo que significa el nuevo acuerdo comercial para este Gobierno, particularmente en materia de transparencia y combate a la corrupción.

En el nuevo tratado con Canadá y Estados Unidos, México no sólo ha asumido compromisos comerciales y económicos, también nos hemos comprometido jurídicamente a combatir y sancionar –desde la legislación, no desde el discurso– los casos de corrupción de servidores públicos con empresas y en contrataciones públicas. Al ser parte del T-MEC, el incumplimiento de estos compromisos está sujeto a los mecanismos de solución de controversias previstos por el acuerdo comercial y podría implicar la suspensión parcial de la aplicación del Tratado, con consecuencias económicas para el país que no cumpla los acuerdos.

Por supuesto, esta es una gran noticia para quienes estamos comprometidos con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción, pero para un Gobierno caracterizado por la opacidad, acostumbrado a las adjudicaciones directas de contratos millonarios para familiares o personas cercanas a los funcionarios, quienes a su vez rehúyen a transparentar su patrimonio, el T-MEC representa un enorme reto.

El pasado 3 de julio, sólo dos días después de la gran celebración de la entrada en vigor del T-MEC, el titular del Ejecutivo federal lamentó que se destinaran recursos a la transparencia; porque, según él, "no hay resultados, no hay beneficios", señalando que las instituciones responsables de la materia sólo simulaban y que los esfuerzos para transparentar el ejercicio de Gobierno eran un asunto que había surgido "por moda", impulsado "por el conservadurismo con la llamada sociedad civil".

En parte, el presidente tiene razón: cuando las instituciones encargadas de vigilar la función gubernamental y el ejercicio de recursos –como la Secretaría de la Función Pública– se supeditan a la voluntad presidencial, no sólo pierden credibilidad y se debilitan, sino que pierden el propósito para el que fueron creadas originalmente y dejan de entregar resultados confiables.

Por ello, como se deriva de los capítulos de Contratación Pública, Anticorrupción y Buenas Prácticas Regulatorias del T-MEC, entre otras disposiciones relacionadas, es necesario consolidar y fortalecer nuestro Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Estos apartados contienen compromisos esenciales como promover la integridad entre los funcionarios públicos de los países firmantes, establecer medidas de identificación y manejo del conflicto de intereses, así como sanciones contra actos de corrupción como el cohecho y garantizar la transparencia sobre las decisiones de adjudicación en contrataciones públicas, entre otras.


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El Capítulo Anticorrupción establece, literalmente, que "cada Parte adoptará las medidas apropiadas, dentro de sus medios y de conformidad con los  principios  fundamentales  de  su  sistema  legal,  para  promover  la  participación  activa  de  individuos  y  grupos  fuera  del  sector  público,  como  empresas,  sociedad  civil,  organizaciones  no  gubernamentales y organizaciones comunitarias, en prevenir y combatir la corrupción en asuntos que afectan el comercio o la inversión internacionales, y para incrementar la conciencia pública sobre la existencia, las causas, y la gravedad de la corrupción, y la amenaza que representa" .

Hay que decirlo: los datos más recientes sobre percepción e incidencia de los actos de corrupción desalientan la implementación del T-MEC en esta materia. En meses pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que mientras la confianza en el Gobierno Federal aumentó, los actos de corrupción en la prestación de servicios básicos habían crecido 7.5% entre los años 2017 y 2019.

Cumplir con las obligaciones de transparencia y combate a la corrupción que nos exige el Tratado es un interés de Estado que debemos concretar en los tres órdenes de Gobierno, con la participación del sector privado y el social. Para ello, nuestra mejor herramienta es el SNA.

Tampoco podemos olvidar el rol de la sociedad civil organizada como principal impulsora y fiscalizadora de los esfuerzos institucionales para tener un Gobierno transparente, libre de corrupción. A la sociedad civil le debemos, entre otras iniciativas, la llamada declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses); por ello, debemos defender su rol de interlocución y exigir que deje de ser atacada por nuestro primer mandatario.

Las oportunidades y los retos que la implementación del T-MEC representa para el país colocan de nueva cuenta a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el centro de nuestra mesa política.

La celebración de la entrada en vigor del Tratado no puede ser opacada por las acciones gubernamentales que se esmeran en impedir la rendición de cuentas y en mantener el cobijo de impunidad sobre los funcionarios corruptos de la Administración Pública Federal.

Hoy tenemos una nueva herramienta para avanzar en nuestra lucha, no la desaprovechemos. Hagamos del T-MEC uno de los faros que orientan nuestros esfuerzos; que nos permita superar la tormenta, para llegar a buen puerto.