Hace apenas unos días el Presidente declaraba, en tormo a los sucesos de caos desatados por la delincuencia organizada en Guanajuato, que la población no debía apoyar y proteger a los delincuentes, que dicha acción obviamente no se justificaba por ningún motivo, menos por una despensa. Y claro coincidimos, así debe de ser.

En efecto, no se debe proteger a los grupos de la delincuencia, sin embargo, la declaración del Presidente no guarda congruencia ni correlación con sus acciones, lo anterior lo menciono porque también hace apenas unos días a confesión directa del propio mandatario, aceptó que fue él quien ordenó la liberación de un importante capo del narcotráfico en nuestro país, al mismísimo hijo del chapo, quien tenía sobre de sí una orden de aprehensión, si, así como se oye, el presidente aceptó públicamente y confesó que liberó deliberadamente al presunto delincuente.

La queja generalizada durante décadas ha sido la impunidad y la aplicación discrecional de la Ley, es decir, en nuestro país la justicia aplica de forma diferente para determinadas personas, generalmente los más influyentes y con poder no sufren la aplicación de la ley por sus actos, pues bueno, lamentablemente muchas cosas no han cambiado en México, para muestra un botón, el Presidente es confeso de un delito y en México simplemente no pasa nada, la Fiscalía General de la Republica completamente ausente prefiere hacerse de la vista gorda que aplicar la ley ante las confesiones del Presidente, de hecho la FGR debería actuar de oficio ante dichas declaraciones.

Ahora bien, si en México la Ley se aplicara correctamente, otra situación viviría el mandatario, pero en México la impunidad y la no aplicación de la Ley es algo cotidiano, para decirlo claro el presidente expresamente materializó la conducta punitiva que contempla el articulo 150 del Código Penal Federal que establece que, "se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado", y sigue, "si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión, si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años".

Como se desprende de lo anterior, parece que las cosas están bastante claras, y como reza el axioma jurídico, a confesión de parte relevo de pruebas, ante dicha situación es el propio presidente quien de forma expresa, consciente y libre se coloca como culpable de la comisión de un delito, la acción de la FGR debería ser expedita y el veredicto de las autoridades judiciales debería ser encontrarlo culpable y ponerlo bajo las rejas por el delito de evasión de presos. Dicho lo anterior al menos de 15 a 20 años seria la pena privativa de libertad para el presidente confeso. En México no pasa nada, al menos para los poderosos de la 4T.

Hay quienes bajo el propio dicho del presidente, dirán que la liberación de dicho capo, se dio bajo circunstancias que ponderaron la protección de un bien jurídico mayor, que sería la vida de decenas de personas inocentes amagadas por los secuaces de cártel, y si, podría parecer un excluyente del delito que cometió el presidente, hasta éticamente podría ser aceptable, sin embargo, esa defensa para el caso que nos ocupa no podría aceptarse, ya que es el propio gobierno de López Obrador quien ordenó el desastroso operativo y fue la propia comitiva bajo sus órdenes quienes sin falta de talento y el más mínimo grado de inteligencia policial provocó que la ciudadanía estuviera en grave peligro, de esa colosal pifia al día de hoy, no hay ningún responsable, ni uno solo. El Estado quedó exhibido, doblegado.

A colación es importante resaltar lo previsto por el cuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución, "la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal". Con base en este precepto de nuestra carta magna, en principio, todos los que ejecutaron de manera fallida el operativo de detención del hijo del chapo, junto con sus mandos superiores inmediatos, deben ser aprehendidos y acusados por cometer un delito en contra de la administración de justicia. Dejar en libertad a quien tenía que ser detenido se sanciona con hasta 10 años de prisión, de acuerdo con el artículo 225 del Código Penal Federal.

Pero regresando a la responsabilidad que guarda el titular del poder ejecutivo federal, la Constitución tampoco deja dudas, el artículo 89 de la carta magna establece que son facultades y obligaciones del presidente "promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso", como el Código Penal Federal, "proveer, en la esfera administrativa, la exacta observancia de esas leyes"; "preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior" de nuestro país. Así como "disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley", y facilitar "al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones".

Nada de lo anterior se cumple al conceder que se dejara en libertad al importante narco por instrucciones directas del Presidente de la Nación, y el problema más grave es que se trata de omisiones a preceptos que marca la Constitución y que no son optativos, sino de obligado cumplimiento.

Las acciones y los dichos del Presidente pueden parecer imprudentes y en muchas de las ocasiones cargadas de soberbia, pero lo cierto es que no abonan en nada al clima de inseguridad que se vive en el país, tan solo el año 2019 fue registrado como el año más violento de los últimos 2 sexenios con más de 34 mil homicidios dolosos en el país, según los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De esta forma, el hecho de que el Presidente pida a la población de a pie, que no protejan a los delincuentes por intercambio de una despensa, en clara referencia a los hechos conflictivos en Guanajuato por la detención de familiares de "el marro", por decir lo menos, generan confusión, no se sabe si creerle al Presidente López que libera a narcos o al Presidente López que pide no proteger a otra banda de narcos.

A final de cuentas el Presidente tras su confesión expresa, carece de fuerza moral para combatir la delincuencia, en pocas palabras, claudicó.